Cortes de energía en pleno verano pusieron de manifiesto uno de los problemas estructurales que afectan hoy a Argentina: servicios públicos subsidiados y sin incentivos para invertir.
Antes de las fiestas de fin de año una ola de calor azotó por más de dos semanas el norte y el centrosur de Argentina, con sensaciones térmicas que oscilaron en la ciudad de Buenos Aires entre los 37 y los 42 grados. Ante esta situación la población encendió los seis millones de aparatos de aire acondicionado, lo que elevó la demanda eléctrica a 24.500 MW y causó que el sistema de distribución colapsara. La Unión de Consumidores de Argentina señaló que, según sus cifras, en los últimos siete años se ha vendido un promedio de un millón de equipos por año, “favorecido por los planes que ofrecen los bancos, por los nuevos edificios que ya vienen equipados y por la política económica del gobierno de estimular el consumo de electrodomésticos”.
Los cortes de luz abarcaron a casi 20 barrios de la Ciudad de Buenos Aires y en su máximo momento, de acuerdo a la Unión de Consumidores de Argentina, afectaron a 600.000 personas en la capital y el conurbano. La población reaccionó y después de Navidad aparecieron otros cortes, esta vez en las calles y avenidas, como Corrientes, donde la noche del 27 de diciembre tres piquetes hicieron casi imposible su recorrido: la gente prendía bolsas de basura e insultaba a automovilistas y peatones.
La Unión de Consumidores de Argentina a través de su página web creó el hashtag #AcaNoHayLuz en Twitter y, según su presidente, los reclamos se multiplicaron: “Lo primero que hicimos fue llevarles calma, para que una vez que esto pase podamos hacer algo por la vía de la reparación o de la indemnización de los electrodomésticos dañados, la mercadería que fue tirada en el caso de los comerciantes, en fin…”.
La reacción del gobierno no se hizo esperar. El ministro de Planificación, Julio de Vido, salió a condenar a las empresas distribuidoras, Edenor y Edesur, por no haber invertido casi nada entre el 2003 y el 2013: “El Estado Nacional deberá capitalizar efectivamente el 78% de los $92.500 millones (unos US$10.270 millones)” que invirtió en el sector en los últimos 10 años. Edesur, mediante un comunicado, confirmó la información entregada por el ministro, diciendo que en los últimos 10 años sólo habían invertido US$365 millones, y junto con eso les pidió disculpas a sus clientes por la interrupción del servicio. Lo paradojal es que Edenor cerró el año siendo la segunda empresa con mayor rentabilidad en la Bolsa de Buenos Aires, con 245,5%, por sobre YPF, Grupo Clarín y Banco Galicia. Fuentes de mercado consultados por la prensa argentina atribuyeron este asombroso resultado a rumores de ajuste de las tarifas, congeladas hace más de 10 años.
Sin embargo, de nada sirvieron las disculpas ni los auspiciosos cierres de año, ya que el gobierno decretó multas para las distribuidoras e indemnizaciones para los usuarios. El punto que quedó en cuestión, para los economistas opositores, fue el de los subsidios, que, según ellos, no estimulan la inversión.
Culpa del subsidio. El ex secretario de Energía durante el gobierno de Fernando de la Rúa, Daniel Montamat, estima que “el costo de generar electricidad en Argentina es de casi US$100 el MW hora, pero a las generadoras sólo se les reconocen US$14”. La política de subsidios del gobierno, no sólo a la luz, sino también al gas y al transporte (que a principios de este año disminuyeron, con un alza en los pasajes de bus de casi 60%), “distorsionan las señales de precios, alientan el consumo y desalientan la inversión, pero son una parte del problema energético”. Estas distorsiones se evidencian en la capital y en el Gran Buenos Aires, donde la energía es muy barata ($0,4 por KW por hora, unos US$0,044) y el subsidio al consumo residencial llega casi al 80%. Para Montamat, existen un cortoplacismo y una intervención discrecional en un sector estratégico como el energético. Los cortes y el deterioro del servicio “son sólo una manifestación del problema y ya están formando parte de una normalidad enfermiza derivada de las políticas populistas”.
Según él, la situación se repite de otro modo en invierno, con las importaciones de gas y combustible que están drenando las cuentas externas y las cuentas públicas; en importaciones el gobierno gastó el 2013 US$13.000 millones, y mucho de ese dinero provino de las menguadas reservas del Banco Central. Por eso Montamat señala que el problema “es estructural y requiere otra política energética”.
Víctor Bronstein, académico de la Universidad de Buenos Aires y director del Centro de Estudios de Energía, Política y Sociedad (Ceepys), reconoce el problema, pero hace una precisión importante: “Crisis energética es cuando hay problemas de generación, y eso por suerte no sucede en Argentina”. Y recuerda que éste sí fue un problema a finales de los 80 y principios de los 90, cuando Daniel Montamat era funcionario de gobierno.
Según cifras recopiladas por la Cepal, la capacidad instalada en Argentina aumentó 20% entre 2004 y 2011, contra 27% de la demanda de electricidad. Durante el mismo lapso, en Brasil la generación aumentó ligeramente sobre el consumo: 29% contra 26%.
Para Bronstein, el hecho de que el sistema de distribución no haya podido acompañar el crecimiento de la demanda, se debe a varios factores: primero a que “cuando se privatizaron las eléctricas en los 90 se estableció como criterio la calidad del servicio, suponiendo que las empresas iban a invertir”; segundo “el sistema de subsidios con tarifas muy bajas tampoco estimula la inversión”; tercero “la ola de calor por tantos días no se puede obviar”, porque esto refleja que ha habido ciertos cambios en las pautas de consumo, especialmente en la demanda por aires acondicionados. En este sentido “cuando las tarifas están retrasadas o muy baratas, la gente tiene cierta tendencia al derroche”, y por último el sector eléctrico no funciona de la manera ideal, porque no es sustituible y porque existe posición dominante.
La solución, para este experto, no está tanto en las multas a las empresas distribuidoras como en la intervención que el gobierno está haciendo a través de la creación de fideicomisos para la inversión en el sector eléctrico, con el Fondo para Obras de Consolidación y Expansión de Distribución Eléctrica. Si bien admite que esta intervención llegó algo tarde, asegura que durante el verano ya no habrá cortes como los de diciembre, y que durante el 2015 éstos se acabarán por completo.
Los clientes. Por otra parte, la mayor responsabilidad que ha demostrado Edesur sobre Edenor, según Víctor Bronstein, se explica por la planificación de la demanda que hizo cuando se privatizaron las eléctricas: “En Edesur quedaron los chilenos, que hicieron una mayor inversión, sobre todo al principio”. Sin embargo, cuando en 1999 hubo un gran corte, también debido a problema de distribución, “los chilenos se fueron y llegaron los españoles de Endesa”.
Fernando Blanco, presidente de la Unión de Consumidores de Argentina, dice que en esta pelea entre el gobierno y las empresas los consumidores quedaron en el medio, “siendo que nunca tuvieron la opción de decidir cuánto iban a pagar por el servicio; en otras palabras, la política pública de los subsidios la decidió el gobierno y las empresas la aceptaron”. Para Blanco no es sólo una cuestión de decisiones ni de fríos números: “Estos apagones han tenido un saldo de cinco muertes”. De ahí la urgencia que alguien se haga cargo: “Las empresas no pueden decir que no invierten porque no hay seguridad jurídica, cuando tienen concesiones por 99 años, y el gobierno no puede decir que no sabía lo que estaba pasando, cuando Edesur está intervenida hace siete meses y en el directorio de Edenor hay cuatro representantes del gobierno”.
Y mientras las temperaturas no bajan, para muchos argentinos la única solución ha sido arrancarse al litoral, en busca de un “verano naranja”, como dice el clásico pop de los 60. Allí, al menos, corre viento.
