El debate fue propiciado por Periodistas Económicos de ABC Cardinal y tuvo como participantes al senador Miguel Ángel López Perito y a los ingenieros Juan José Encina y Germán Escauriza.
Asunción. Dentro siete años se cumple el plazo de 50 años que establece el Tratado de Itaipú para que sus Altas Partes Contratantes revisen su Anexo C. En el debate que se realizó ayer ABC Cardinal se enfatizó en que el tema debe instalarse ya en la sociedad, en la agenda cotidiana del pueblo paraguayo.
El debate fue propiciado por Periodistas Económicos de ABC Cardinal y tuvo como participantes al senador Miguel Ángel López Perito y a los ingenieros Juan José Encina y Germán Escauriza.
En el numeral VI del Anexo C del Tratado, Bases Financieras y de Prestación de los Servicios de Electricidad de Itaipú se lee que sus disposiciones “...serán revisadas después de transcurrido un plazo de cincuenta años a partir de la entrada en vigor del Tratado...”.
Los instrumentos de ratificación del documento de referencia fueron canjeados en Asunción el día 13 de agosto de 1973.
Para el Ing. Escauriza, integrante de la excomisión de Entes Binacionales Hidroeléctricos, asesora de la Cancillería hasta el 2012, el numeral VI del Anexo C del Tratado de Itaipú “es una disposición contable y administrativa”.
Añadió que en el 2023, al cumplirse los 50 años establecidos como plazo, los países o Altas Partes Contratantes, deben verificar el nivel de endeudamiento en relación con la potencia o energía que consumió cada parte.
Escauriza insistió en que esta cláusula no debe “negociarse”, sino cumplirse.
Por su parte, el Ing. Juan José Encina, secretario de la Asociación de Ingenieros del Sector Eléctrico Paraguayo (Aisep), dijo que en Itaipú ya no debe improvisarse como actualmente lo hacen Yacyretá.
Reiteró que, para que nuestra contraparte brasileña nos tome en serio, debemos construir la segunda línea de transmisión de 500 KV, porque con la actual podemos aprovechar solo el 63% de nuestra energía.
Cuestionó que la línea emplazada con recursos del FOCEM (Mercosur) tenga una sola terna y que ese hecho exigirá otra franja de servidumbre, otras torres, etc., y que la atención de todos estos requerimientos exigiría hasta tres años de trabajo.
Sostuvo que el Gobierno debe integrar ya un equipo que tenga la tarea específica la revisión del Anexo C en 2023, aún cuando sea desde su primer anillo, porque “no hacer nada es también una estrategia”.
Destacó con particular énfasis la necesidad de que se hable de esta cuestión “en todos los ámbitos. En diversos sectores, sean académicos, sociales, políticos, etc., que del país debata”.
El senador López Perito, de Avanza país, por su parte, manifestó que él no pondría el énfasis en el Gobierno en iniciativas de este tipo.
“Este tipo de iniciativas no viene de los gobiernos, hay que instalarlas en la sociedad, desde la sociedad, en las que intervengan expertos, políticos, los medios de comunicación, etc”, explicó.
Insistió en que el gobierno “no tiene interés de definir estas cosas” y añadió que la tarea de divulgación de los derechos paraguayos en Itaipú es imprescindible, porque con mayor comprensión el ciudadano acompañará las campañas reivindicatorias de los derechos en las hidroeléctrica binacionales.
“Hay una organización criminal que se encarga de ocultar datos, esa organización está integrada por juristas, funcionarios superiores de la ANDE, de la cancillería y contratistas que se beneficiaron y se benefician con adjudicaciones directas hasta hoy, señalaba también el Ing. Germán Escauriza al referirse la falta de transparencia que aún caracteriza a las entidades binacionales.
“Quiero mencionar un hecho muy importante. Cuando fui invitado por el Ing. Canese (Ricardo) a integrar la Comisión de Entes Hidroeléctricos, nos percatamos de que los que obstaculizaban nuestra labor en los entes eran funcionarios compatriotas y no precisamente brasileños”, finalizó.
