Según AI, la iniciativa de ley presentada por el Ejecutivo al Congreso para reformar la Ley de Minería no aborda la preocupación generalizada entre las comunidades indígenas en torno a las minas sino que incluye medidas que pueden agravar las tensiones.

Amnistía Internacional (AI) advirtió que el gobierno de Guatemala está alimentando la llama del conflicto al no consultar a las comunidades el otorgamiento de licencias para la explotación minera en el país.

En su informe "La minería en Guatemala: derechos en peligro", presentado hoy en un hotel capitalino, la AI sostiene que la falta de consulta a las comunidades locales incrementa el riesgo de que haya derramamiento de sangre.

Según Amnistía Internacional, la iniciativa de ley presentada por el Ejecutivo al Congreso para reformar la Ley de Minería no aborda la preocupación generalizada entre las comunidades indígenas y rurales en torno a las minas sino que incluye medidas que pueden agravar las tensiones existentes.

"La legislación propuesta no aborda de forma significativa la cuestión de la consulta. Si se promulga, significaría esencialmente que las opiniones y preocupaciones de las comunidades sigan sin tenerse en cuenta", dijo la directora del Programa para América de AI, Erika Guevara Rosas.

El hecho de que sólo se de un plazo de 10 días para impugnar las solicitudes de licencia, de acuerdo con las reformas propuestas, agravaría el problema por la falta de consulta, advirtió Guevara.

AI recuerda que la falta de un proceso justo y una consulta adecuada, ya ha provocado confrontaciones violentas en el pasado.

Asegura que las normas internacionales de derechos humanos establecen que es preciso consultar e informar adecuadamente a las personas que puedan verse afectadas por proyectos mineros, y que los proyectos que vayan a realizarse en las tierras de los pueblos indígenas no deben llevarse a cabo sin su consentimiento.

"Nos preocupa que la violencia que se ha vivido en el pasado continúe si no se introduce un proceso de consulta justo y equilibrado. También somos conscientes de que no se están respetando los derechos de los pueblos indígenas", señala el informe.

Agrega que la violencia y la represión que se han arraigado en torno a la minería en Guatemala no pueden continuar, y exhortan al Gobierno a garantizar y facilitar el diálogo e informar a la población sobre los beneficios y riesgos de la minería.

"También pedimos a los gobiernos de los países en los que tienen su sede las empresas de propiedad extranjera que actúan en Guatemala que vigilen y rindan cuentas por el impacto de sus actividades en los derechos humanos, actúen donde actúen", dijo.

De acuerdo con AI, muchas de las empresas que operan actualmente en Guatemala son filiales de firmas canadienses.

Amnistía Internacional manifestó que los pueblos indígenas siguen sufriendo marginación económica y social en Guatemala debido a una mala distribución de la tierra.