El decreto de urgencia publicado este lunes, también prorrogó por un año la posibilidad de que el trabajador manifieste por escrito a su empleador el Programa de Beneficios de su elección y remita una copia al Foncopes.

Lima. El Poder Ejecutivo dictó este lunes medidas para salvaguardar los derechos de los trabajadores pesqueros sujetos al régimen de la Ley sobre Límites Máximos de Captura por Embarcación (LMCE), con lo que amplió por un año, hasta el 30 de abril de 2013, la facultad de los trabajadores de acceder a programas de beneficios.

El decreto de urgencia publicado este lunes, que modifica el decreto legislativo 1084, (Ley LMCE), también prorrogó por un año la posibilidad de que el trabajador manifieste por escrito a su empleador el Programa de Beneficios de su elección y remita una copia al Fondo de Compensación para el Ordenamiento Pesquero (Foncopes).

Remarcó que el trabajador no perderá la posibilidad de acceder a dichos beneficios en tanto dure la vigencia del decreto de urgencia, es decir hasta el 30 de abril de 2013.

Asimismo, se mantendrá la suspensión prevista en el decreto legislativo 1084, con lo cual el armador pesquero no podrá iniciar procedimientos de terminación de la relación laboral que afecte a los tripulantes, de acuerdo a la Ley de Productividad y Competitividad Laboral.

Ello como causa de la disminución de la flota que podría resultar a partir del establecimiento de los Límites Máximos de Captura por Embarcación.

El decreto de urgencia señaló que de no ampliarse los plazos establecidos previamente, los trabajadores pesqueros se verán afectados en sus ingresos, alterando de esta manera su estabilidad económica, toda vez que no lograrían cumplir con abastecer sus canastas familiares básicas.

Asimismo, indicó que es necesario tomar medidas que impidan generar contingencias económicas que impliquen un gasto al Tesoro Público al tener que enfrentar dificultades sociales que se generarían como consecuencia de un posible despido masivo, conllevando a una presión a la caja fiscal.

Todo ello se justifica por la necesidad de garantizar el entorno de estabilidad macroeconómica que actualmente goza la economía peruana y evitar futuros conflictos sociales, dijo.