Las petroleras que operan en el país deberán presentar cada año sus planes de inversión para su aprobación y podrán ser multadas o recibir otras sanciones como el retiro de concesiones si no los cumplen.
El viceministro de Economía argentino, Axel Kicillof, el cerebro detrás de la nacionalización de la petrolera YPF, tendrá nuevos poderes que le permitirán aprobar o vetar las inversiones de las compañías energéticas, dijo este viernes el gobierno.
Las petroleras que operan en el país deberán presentar cada año sus planes de inversión para su aprobación y podrán ser multadas o recibir otras sanciones como el retiro de concesiones si no los cumplen, según un decreto publicado en el Boletín Oficial.
Una comisión liderada por Kicillof, un economista de izquierda que suele dar encendidos discursos a favor del control del Estado sobre la economía, fijará los lineamientos de un plan nacional de inversiones en hidrocarburos y las empresas deberán adecuarse a esas guías.
La producción de crudo y gas natural en Argentina se desplomó en los últimos años por la madurez de sus yacimientos y la falta de estímulos para la inversión, según analistas, a pesar del fuerte crecimiento de la economía.
"(La comisión) evaluará en un plazo no mayor a sesenta días corridos, el Plan Anual de Inversiones de cada sujeto, verificando su consistencia y adecuación con el Plan Nacional de Inversiones Hidrocarburíferas", dijo el decreto.
"En caso de estimarlo conveniente, podrá solicitar la presentación de un nuevo Plan Anual de Inversiones, que se ajuste a los requerimientos del Plan Nacional de Inversiones Hidrocarburíferas", agregó.
La comisión también fiscalizará los planes de inversión en refinación y publicará listas con valores de referencia para costos y precios en la industria.
YPF, la mayor empresa del país, fue nacionalizada en mayo por el gobierno bajo el argumento de que su ex controlador, la española Repsol, no realizó las inversiones necesarias para detener esa caída en la producción.
Justo antes de la nacionalización, varias provincias le retiraron a la petrolera licencias de operación por esa misma razón.
El decreto publicado este viernes le da al gobierno federal los mismos poderes y le permite multar a las compañía cuyas inversiones no cumplan con los parámetros del plan nacional.
Entre las principales petroleras con operaciones en Argentina se encuentran la brasileña Petrobras, la local Pan American Energy -controlada por la británica BP Plc-, ExxonMobil y Shell.
El gobierno de centroizquierda en Argentina, que alberga algunas de las mayores reservas de crudo y gas natural no convencionales, ha incrementado sostenidamente el control sobre la economía.
Intervención. Además de la nacionalización de YPF, la presidenta Cristina Fernández ordenó poco después de asumir en el 2008 estatizar la compañía aérea de bandera Aerolíneas Argentinas y la millonaria industria de los fondos de pensiones privados.
La ley que devolvió a YPF al control estatal también declaró a todo el sector energético como de "interés público", alimentando expectativas entre analistas de que Fernández aumentaría el control sobre el sector.
El superávit comercial argentino, pilar de la política económica del gobierno, se redujo el año pasado por un fuerte aumento de las importaciones de productos refinados y gas natural, poniendo la escasez energética en el tope de la agenda de Fernández.
En el 2011, la producción de crudo cayó un 5,9% y la de gas natural un 3,4%, mientras que la demanda de energía aumentó un 5,1%, según cifras del Instituto Argentino de Petróleo y Gas.
Las reservas probadas de crudo y gas de YPF -que no incluyen los nuevos descubrimientos de hidrocarburos no convencionales- cayeron un 15% y un 31% entre el 2007 y el 2010, respectivamente.
Además de buscar incrementar las reservas y la producción, la estrategia de Estado también apunta a garantizar el suministro de combustibles que el gobierno considere "razonales" y a incrementar la actividad de refinación para satisfacer la creciente demanda.
"Las refinadoras primarias o secundarias no podrán, a consecuencia de paradas técnicas previstas o imprevistas, o por la aplicación de programas de mantenimiento programado, o por modificaciones o mejoras en los procesos de sus refinerías, dejar de abastecer adecuadamente a su cadena comercial", según el decreto.
Las petroleras se han mostrado reticentes a gastar miles de millones de dólares para aumentar la capacidad de refinación de la tercera economía latinoamericana, preocupadas por el complicado panorama económico para el país y el temor de que el gobierno profundice sus políticas intervencionistas.
