"El proyecto será debatido en el recinto en sesiones especiales entre los días miércoles y viernes de esta semana", señaló este martes el presidente de la Cámara de Diputados y ex ministro de Agricultura.
Buenos Aires. Diputados argentinos endurecieron y aprobaron este martes en comisión un proyecto de ley para restringir la compra de tierras rurales por extranjeros, en el que modificaron a un 15% desde un previsto 20% el límite a la tenencia foránea de tierra agraria.
Se espera que la norma sea aprobada esta semana por el pleno de la Cámara de Diputados de Argentina, dominada por oficialistas, y que posteriormente sea refrendada en el Senado. La mandataria Cristina Fernández incluyó el proyecto en el temario de sesiones extraordinarias a la que convocó.
"El proyecto será debatido en el recinto en sesiones especiales entre los días miércoles y viernes de esta semana, en las que confiamos en obtener la media sanción de Ley", señaló este martes el presidente de la Cámara de Diputados y ex ministro de Agricultura, Julián Domínguez, a través de un comunicado.
Argentina es el principal exportador mundial de harina y aceite de soja, el segundo de maíz y un proveedor clave de trigo, lo que convierte a la tierra rural de la segunda economía de Sudamérica en una atractiva opción de inversión.
Algunos analistas creen que el proyecto busca un impacto político y que, como no prevé cambiar la actual titularidad de las tierras, no afectaría demasiado las inversiones extranjeras.
Actualmente no está claro el porcentaje de campos argentinos que hay en manos de extranjeros, por lo que el proyecto de ley contempla realizar un censo de tierras.
"(Se redactó el) proyecto de consenso (...) (que) carece de reparos anticonstitucionales, lo que presentaba el proyecto original", dijo el diputado oficialista Luis Cigogna, presidente de la comisión de Legislación General de la Cámara baja argentina.
Cigogna señaló que, entre las modificaciones realizadas al proyecto, se destacaba la modificación a un 15%, desde el 20% previo, del límite "de la tierra del país, provincia o municipio en manos de personas físicas o jurídicas extranjeras".
La iniciativa restringe la propiedad de campos por parte de extranjeros a un tope de 1.000 hectáreas en la principal región agrícola del país e impide que personas físicas o jurídicas de una misma nacionalidad foránea sean dueños más del 30% del área total permitida para la posesión extranjera.
Opositores y entidades rurales -que en los últimos años mantuvieron fuertes disputas con el Gobierno por las políticas para el sector- apoyan el proyecto, aunque reclaman que sea tratado con mayor detenimiento.
Sin embargo, se espera que el oficialismo lo tramite rápidamente luego de un reciente pedido de la presidenta Fernández para que sea aprobado pronto.
