El acuerdo dará un actualizado marco a la actividad para potenciar su desarrollo y atraer nuevas inversiones a las ya anunciadas por más de US$3.000 millones en 2017-2018

El gobierno nacional, las provincias, las empresas y los sindicatos firmarán la semana próxima el nuevo Acuerdo Federal Minero, que dará un actualizado marco a la actividad para potenciar su desarrollo y atraer nuevas inversiones a las ya anunciadas por más de US$3.000 millones en 2017-2018.

El documento se presentará en la Casa Rosada en un encuentro del presidente Mauricio Macri con todos los gobernadores del país, pero comenzó a ser debatido en el último trimestre del año pasado entre el Gobierno nacional y las provincias mineras, y deberá ser refrendado por el Congreso y por la adhesión de las legislaturas locales.

La negociación que llevaron adelante el secretario de Minería, Daniel Meilán, y el presidente del Consejo Federal de Minería, Rodolfo Micone, permitirá abordar nuevas pautas de trabajo en temas de desarrollo comunitario, resguardo ambiental, ordenamiento legal, económico, financiero y tributario.

El anuncio tendrá como contexto la celebración del Día de la Minería cuyo acto central se realizará el próximo martes, durante la exposición sectorial Arminera que reunirá en Buenos Aires a más de 300 empresas de la industria, y la Conferencia de Ministros de Minería de las Américas prevista para el miércoles 10 de mayo.

De acuerdo al borrador del acuerdo al que accedió Télam: "la actividad minera, ejercida de forma responsable y en atención a los principios del desarrollo sustentable, tiene el potencial de contribuir a un país más justo, igualitario y federal, permitiendo a sus habitantes el pleno desarrollo en el lugar en el que han nacido o elegido vivir".

Así, con el objetivo de avanzar en "una nueva visión y nuevas pautas para el desarrollo del sector" se hace necesaria "una Política de Estado Minera para el Siglo XXI".

Esa orientación deberá contemplar "mayores beneficios para las comunidades" en las zonas mineras, la consolidación de un "sector industrial vigoroso" y "una fuerte cadena de valor" con "altos estándares de gestión y control ambiental".

Se propugna en ese sentido una "mayor participación en los ingresos que genera la actividad minera a las provincias dueñas de los recursos minerales"; promover el fortalecimiento del desarrollo de la infraestructura y la integración con otros sectores productivos; y fortalecer la formación que permita oportunidades de empleo".

A partir de estas bases el documento avanza en 5 grandes capítulos, de los cuales el primero está referido a Aspectos Comunitarios y Sociales, y contempla la creación de un Programa Minero para el Desarrollo Local a fin de viabilizar el objetivo del desarrollo de las comunidades próximas y su maximización de beneficios, así como otros aspectos vinculados al fortalecimiento educativo y de la pequeña minería.

El segundo apartado alude al Desarrollo Productivo, adopta definiciones para el impulso del empleo local para todas las etapas del desarrollo de proyectos, la promoción de compras a proveedores locales o el desarrollo de otros nuevos, asi como la articulación de medidas entre los actores público y privado para el desarrollo de la infraestructura necesaria para este sector como otros esquemas productivos.

Otro capítulo sobre Gestión Ambiental refiere a la coordinación para asegurar protocolos de buenas prácticas, análisis y gestión de riesgos, sistemas de control ambiental, y pautas de acción ante la ocurrencia de incidentes, así como la investigación y monitoreo de la calidad del agua, aire y suelo, para lo cual se avanzará en la creación de un "Equipo Consultivo de Gestión Ambiental Minera".

Finalmente, uno de los puntos aún más debatidos fue el referido a los Aspectos Económicos y Tributarios, en el que las provincias que deseen aplicar regalías "se comprometen a cobrar, por tal concepto, hasta el 3% sobre el importe total de los ingresos brutos devengados por todo concepto derivados de la comercialización de las sustancias minerales".

El acuerdo permitirá además establecer a los estados provinciales un porcentaje "no superior al 1,5% sobre el importe total de los ingresos brutos devengados en el año derivados de la comercialización de las sustancias minerales obtenidas en sus respectivos territorios, con el que constituirán uno o más Fondos Fiduciarios Públicos de Infraestructura".