Complejo hidroeléctrico formado junto a Paraguay es administrado bajo un esquema binacional. De los socios, Argentina es el que más energía usa del sistema.

Asunción. En una investigación realizada sobre la deuda de la Entidad Binacional Yacyretá (EBY), instancia a cargo del complejo energético binacional, se indica que Argentina, además de ser el mayor consumidor, ha pagado en efectivo sólo una ínfima parte de lo solicitado.

De acuerdo con el presupuesto correspondiente al 2012 –en la EBY los presupuestos eran aprobados a finales de cada período– la entidad le facturó a Argentina por la energía un total de US$796 millones equivalente al 88% de toda la energía producida en ese año, con una tarifa fijada en 44,62 US$/MWh.

Del total facturado, la empresa estatal Emprendimientos Energéticos Binacionales Sociedad Anónima (Ebisa), que es la contraparte de la Administración Nacional de Electricidad (Ande), pagó en efectivo sólo US$32 millones y la diferencia, unos US$ 763 millones, quedaron registrados como “Reintegros por ventas”. 

Según la interpretación de algunos funcionarios administrativos de la EBY, se trata de aportes retenidos por el Tesoro argentino a cuenta de la deuda.

Sin embargo, esto no se ve reflejado en el balance de la entidad, ya que los montos consignados en concepto de aportes, lejos de disminuir, se incrementan como, según Orlando Valdés, ex-asesor del Consejo de Administración (CA), quien fue el autor de la investigación referida.

Esta situación se inició tras la aplicación unilateral que hacen los argentinos de la Nota Reversal de 1992. Valdés recordó que las autoridades de ese país propusieron una forma de interpretación de la NR92 que no correspondía con lo que estaba escrito: el documento decía que las facturaciones que se les hacía a las empresas que estaban comprando la energía debían pagar en efectivo y con ese dinero pagar a los proveedores y proseguir las obras que estaban pendientes.

Los argentinos propusieron que una parte la paguen en efectivo y otra parte con notas de crédito. En el lado paraguayo, se rechazó esa propuesta a nivel del Comité Ejecutivo; pero luego, el CA emitió una resolución de carácter contable y de duración provisoria que sigue vigente a la fecha.