Las necesidades energéticas de Argentina han sido una bomba de tiempo desde hace años, pero para el gobierno se volvieron prioritarias recién ahora debido a que el creciente costo de importación de combustible.

Buenos Aires. La patagónica provincia de Chubut es un buen ejemplo de la escasa paciencia de la presidenta argentina, Cristina Fernández, con la mayor petrolera del país, YPF.

La empresa, controlada por la española Repsol, opera cuatro de los campos más grandes de Chubut, el mayor distrito petrolero del país, pero funcionarios provinciales dicen que la producción está creciendo en sólo uno de ellos, Manantiales Behr.

Los otros están languideciendo lentamente por la falta de inversión, dijo el gobernador de Chubut Martín Buzzi, un aliado del Gobierno y abanderado de una cruzada nacional para impulsar la producción de crudo y gas natural.

"Yo veo que no están haciendo lo que tienen que hacer. Están haciendo una estrategia de maximización de la renta para remitir a la casa matriz", dijo Buzzi, criticando a YPF por enviar remesas a la matriz en España en vez de reinvertirlas en Argentina.

"O invierten o revertimos (las concesiones de áreas petroleras)", dijo Buzzi recientemente. También ha firmado un decreto que da a YPF una fecha límite para explicar su plan de inversiones o arriesgarse a perder dos concesiones.

YPF, cuyas acciones se vieron golpeadas por semanas de especulación sobre una posible estatización, ha rechazado las acusaciones de inversiones y compromisos incumplidos, y cuestionó la decisión de Chubut de apuntar sólo a la petrolera, sin tomar medidas respecto de otras empresas.

"Esto demuestra que existe en apariencia un trato injusto y desigual y una persecución sistemática hacia la compañía que más trabajo y desarrollo ha generado en la provincia" de Chubut, dijo la empresa esta semana.

Según analistas, las necesidades energéticas de Argentina han sido una bomba de tiempo desde hace años, pero para el gobierno se volvieron prioritarias recién ahora debido a que el creciente costo de importación de combustible está erosionando el preciado superávit comercial de Argentina.

La producción de hidrocarburos viene retrocediendo en los últimos años, mientras que la demanda se ha acelerado ante la fuerte expansión económica.

La producción de crudo cayó un 5,9% y la de gas natural un 3,4% el 2011, cuando la demanda energética creció un 5,1%, según datos del Instituto Argentino de Petróleo y Gas (IAPG).

La importación de alternativas más caras, como gas natural licuado (GNL) y diésel, creció más del doble en el 2011, a unos US$9.300 millones.

El superávit comercial es vital para la economía del país, que no tiene acceso pleno a los mercados voluntarios de deuda desde que cayó en cesación de pagos en 2001/2002.

"Si las empresas petroleras en nuestro país hubieran mantenido o aumentado la producción, esto hubiera sido mucho mejor porque la verdad que hemos tenido que importar 9.396 millones de dólares en combustible", dijo Fernández recientemente.

La empresa estatal de energía Enarsa ha ofrecido canjear biodiésel a base de soja por GNL y ha pedido descuentos, lo que evidencia el nivel de preocupación del Gobierno respecto del desembolso de dólares.

Los críticos de Fernández dicen que años de poca previsibilidad y políticas intervencionistas son las responsables de desalentar la exploración y producción, y que el ataque contra YPF podría ahora ahuyentar inversiones de gran escala necesarias para desarrollar los hidrocarburos no convencionales de YPF en la sureña provincia de Neuquén.

YPF dice que sus inversiones en Argentina aumentaron un 50% en el 2011, y que la mayoría del dinero fue enviado a proyectos como los que generaron los descubrimientos de gas y petróleo no convencional, que podrían duplicar la producción energética de Argentina.

Desarrollar los recursos no convencionales del depósito Vaca Muerta solo será posible con un masivo aporte de los mercados globales de crédito, dijo YPF, que estimó que la explotación plena de esa riqueza demandaría inversiones de unos US$25.000 millones por año.

Pero hasta que el combustible comience a fluir, es poco probable que Fernández esté satisfecha, mientras la compañía mantenga generosos pagos de dividendos a sus accionistas y Repsol enfoque su atención en destinos de inversión más estables y prometedores.

Los gobernadores provinciales, la mayoría aliados de la presidenta, le han demandado a las petroleras que presenten planes de inversión para aumentar la producción de petróleo y gas por lo menos un 15% en los próximos dos años.

Las provincias tienen mucho que ganar en concepto de regalías si las empresas responden positivamente a sus amenazas de quitarles concesiones donde la producción esté estancada.

Los analistas dicen que YPF, que tiene un valor de mercado de US$12.100 millones y representa aproximadamente el 40% de la producción argentina de gas natural y petróleo, es la que más tiene para perder porque posee 60 de las 280 concesiones del país.

Perder áreas podría presionar aún más el precio de las acciones de YPF, que se recuperaron la semana pasada cuando se calmaron los temores de los inversores respecto de una estatización.

Pugna legal. Hace menos de una década, la firma estaba produciendo el 30% del gas del país, mientras que actualmente produce sólo un cuarto y fue desplazada como mayor productor del país por Total Austral, la filial local de la francesa Total.

Según analistas, la producción de hidrocarburos está cayendo en la mayoría de los pozos de YPF, lo que podría darle a las autoridades provinciales el derecho de declarar la caducidad de las concesiones otorgadas a empresas bajo los términos de la ley de hidrocarburos.

"En los yacimientos de YPF, en casi todos, está cayendo la producción. La ley le da mucho poder al Estado, bastante discrecional, tiene puntos grises. Se puede interpretar que el operador no hizo las inversiones necesarias para mantener la producción", dijo Víctor Bronstein, analista del mercado y director del Centro de Estudios de Energía Política y Sociedad.

El ministro de Planificación Julio De Vido, encargado de las políticas energéticas del país, ha buscado el apoyo de la petrolera estatal brasileña Petrobras para apuntalar la producción argentina y dijo que la firma había manifestado interés en desarrollar áreas no convencionales.

La quita de concesiones podría implicar un proceso largo y costoso y, como el Gobierno busca medidas rápidas para recuperar reservas de crudo y gas, pondría sobre la mesa la posibilidad de que la petrolera conserve la concesión de las áreas, pero asociándose con firmas pequeñas y medianas para explotarlas.

Esa opción tiene más apoyo por parte del Gobierno de Neuquén, preocupado de no ahuyentar a potenciales inversores para desarrollar hidrocarburos no convencionales en una provincia que produce la mitad del gas natural de Argentina.

"Las inversiones de YPF en gas han bajado muchísimo porque derivan ese dinero al petróleo. ¿Entonces qué hacemos con el gas? Busquemos empresas de pequeño y mediano porte que sus proyectos sean rentables en función de la dimensión de la compañía", dijo a Reuters una fuente del Gobierno de Neuquén.

Las autoridades buscarían replicar las experiencias exitosas de petroleras pequeñas locales, como Roch y Medanito en la Patagonia, o buscar socios para YPF, como firmas internacionales pequeñas o la empresa estatal Enarsa.

De todos modos, la estrategia sería insuficiente en un país en el que la producción de gas viene cayendo desde el 2004 y la de petróleo desde 1998.

En general, la producción está cayendo en la mayoría de las áreas del país. Se escapan de la tendencia casos puntuales como el área operada por Total Austral, Cuenca Marina Austral, en la provincia de Tierra del Fuego, y Cerro Dragón, en Chubut, operada por Pan American Energy, controlada por BP Plc.

Las reservas argentinas de crudo y gas natural cayeron 15 y 31% entre el 2007 y el 2010, respectivamente.

"Esto es algo que busca generar un impacto de corto plazo pero no resuelve el problema. El problema de Argentina es que se está invirtiendo muy poco en exploración hace muchos años, y con estos precios las empresas van a seguir teniendo poco incentivo para reponer producción", dijo una fuente del sector bajo condición de anonimato.

"Con los precios a los actuales niveles las empresas tienen poco incentivo a aumentar la producción", agregó la fuente en referencia al control del Gobierno sobre los combustibles producidos localmente.

Los límites de precios son vistos como el principal obstáculo a proyectos de inversión de largo plazo como los que deben llegar a Neuquén. Muchas de las decisiones dependerán de cuánto Fernández y sus aliados provinciales quieran esperar en su esfuerzo para mejorar los ingresos de sus distritos.

Fabiana Ríos, gobernadora de la provincia austral de Tierra del Fuego, dijo que la disminución de los ingresos por regalías petroleras que provoca la caída de la producción amenaza la provisión de servicios básicos.

Por eso, criticó la estrategia de YPF. Es una "actitud complicada que afecta directamente a todos los argentinos", dijo Ríos a la agencia estatal de noticias Telam. "Está en riesgo la matriz energética del país", concluyó.