La mayoría de los argentinos apoya la expropiación de petrolera, privatizada en la década de 1990, y varios partidos de centro y centroizquierda también respaldan la iniciativa.
Buenos Aires. La Cámara de Senadores de Argentina se preparaba este miércoles para aprobar la expropiación de la petrolera YPF al grupo español Repsol, una decisión que desató fuertes críticas de la Unión Europea y de inversores internacionales.
La presidenta peronista Cristina Fernández envió la semana pasada al Congreso el proyecto de ley para que el Estado pase a controlar el 51% de las acciones del mayor grupo energético del país en manos de Repsol, argumentando que no invirtió lo suficiente para frenar una brusca caída en la producción de hidrocarburos.
La mayoría de los argentinos apoya la expropiación de YPF, privatizada en la década de 1990, y varios partidos de centro y centroizquierda también respaldan la iniciativa, por lo que se espera sea aprobado.
"El proyecto del Ejecutivo no conforma un acto caprichoso ni acto aislado. Es fundamentalmente un corolario lógico, derivado consecuente y necesidad imperiosa de concretar en materia energética la reversión fundamental de paradigmas que caracterizaron los tiempos con preeminencia neoliberal", dijo el senador oficialista Marcelo Fuentes durante un discurso.
El debate comenzó a alrededor de las 11:00 hora local (14:00 GMT) y se espera que termine hacia la medioanoche.
Cerca de 67 de los 72 senadores votarían a favor de la expropiación de YPF -que representa el 50% de la producción de Repsol- allanando el camino para que haga lo propio la Cámara de Diputados la semana próxima.
La caída en la producción de hidrocarburos está obligando desde hace años a Argentina a realizar millonarias importaciones energéticas que reducen su superávit comercial y elevan los costos de las compañías, que ya deben lidiar con unas de las tasas de inflación más altas del mundo.
El gobierno argentino ya intervino la petrolera la semana pasada y expulsó a los directivos designados por Repsol y el Grupo Petersen, una empresa argentina que controla el 25% del capital de la compañía.
Inmediatamente comenzó una serie de reuniones con petroleras internacionales, incluidas Exxon, Chevron, ConocoPhilips y Total, en busca de socios para desarrollar el gigantesco campo Vaca Muerta, que se considera uno de los mayores reservorios del mundo de hidrocarburos no convencionales.
Repsol ha afirmado que el gobierno impulsó la nacionalización de YPF para tomar el control de Vaca Muerta, que, según cálculos de la petrolera española, demandará inversiones por US$25.000 millones al año durante una década para su desarrollo.
Coro de críticas. A pesar del apoyo de los argentinos, la toma de control de YPF desató una ola de críticas internacionales y profundizó el malhumor de los inversores y de muchos gobiernos extranjeros con las medidas poco ortodoxas que está tomando Argentina, como una serie de fuerte restricciones a las importaciones.
Como represalia, España restringió las compras de biodiésel argentino y estudia limitar sus importaciones de soja.
En tanto, la Unión Europea dijo que respaldaría a Madrid en su puja con Argentina y el Banco Mundial afirmó que el gobierno argentino cometió un error.
Al coro de condenas se sumaron las agencias de calificación Moody's y S&P, que dijeron que la expropiación eleva los riesgos de invertir en Argentina y que el país -que cayó en cesación de pagos una década atrás- se asoma a un mayor aislamiento económico.
Una vez aprobada la ley, un tribunal dependiente del Estado deberá tasar la participación del 51% expropiada en YPF para resarcir a Repsol.
La compañía española valoró las acciones en US$9.300 millones. Pero el gobierno adelantó que no pagaría esa suma y sigue aportando datos para ilustrar lo que consideran fue un "vaciamiento" de YPF.
"Entre 1999 y 2011, las reservas de petróleo de YPF se redujeron en un 40,5% y las de gas en un 47,1%, mientras la producción de petróleo caía un 38,3% y la de gas un 25,4%. Se trata de una conducta depredatoria", afirmaron.
El grupo español, que había afirmado el martes en una solicitada publicada en los principales diarios argentinos que invirtió US$20.000 millones en YPF desde 1999, podría demandar a Argentina ante el tribunal arbitral del Banco Mundial, el Centro Internacional para la Resolución de Disputas sobre Inversiones (Ciadi).
"Seguramente iremos al Ciadi a dar el debate siempre respecto de la tasación, no respecto de la profundidad de la medida", dijo el senador oficialista Daniel Filmus.
El país sudamericano tiene antecedentes de no acatar los fallos del organismo, por lo que algunos analistas creen que son limitados los medios de España para presionar a Argentina.
