La propuesta permitiría a las empresas privadas tener una participación mayoritaria en las asociaciones de exploración y producción con la petrolera estatal PDVSA, abordando problemas que han limitado la rentabilidad de las compañías desde que Chávez creó el modelo de asociaciones en 2007.

Caracas. La Asamblea Nacional de Venezuela, controlada por la oposición, está considerando reformas a la ley petrolera del país que abran el sector a la inversión privada pero descartan algunos cambios descritos en una propuesta anterior, según contendría un documento reciente.

La propuesta permitiría a las empresas privadas tener una participación mayoritaria en las asociaciones de exploración y producción con la petrolera estatal PDVSA, que tendrán la capacidad de exportar directamente el crudo, abordando problemas que han limitado la rentabilidad de las compañías desde que el fallecido Hugo Chávez creó el modelo de asociaciones en 2007.

Pero el nuevo proyecto, fechado el 7 de julio, carece de varios elementos de una reforma previa que los representantes del líder opositor, Juan Guaidó, presentaron a los ejecutivos de la industria en Houston a principios de este año. A diferencia de esa primera versión, la propuesta no crea un ente regulador independiente para supervisar las subastas de concesiones.

También mantiene los niveles actuales de regalías para el crudo y crea un requisito mínimo de 25% de contenido local en los proyectos petroleros para 2028, una gran victoria para las empresas venezolanas de ingeniería y contratación.

El borrador también dice que se permitirá a PDVSA vender sus refinerías a empresas privadas. La ley actual impide que las compañías extranjeras posean una participación mayoritaria en sus empresas conjuntas y exige a la estatal operar los proyectos.

Si bien existe un amplio consenso en la coalición opositora sobre la necesidad de abrir el sector a la inversión privada, una ley completamente nueva habría generado debate y tomado más tiempo para ser aprobada.

Una ley completamente nueva, parte de la propuesta original de la oposición, se presentó a la comisión de energía a principios de junio, pero no ha llegado al plenario de la Asamblea. El último plan, por el contrario, utiliza la actual ley de hidrocarburos de 68 artículos como base y realiza cambios a ocho artículos.

Proceso más corto. Dos fuentes de la industria petrolera, que hablaron bajo condición de anonimato, dijeron a Reuters que las empresas privadas preferían un proceso más corto sin cambios radicales frente a una reforma completa que tarde meses en aprobarse.

Luis Stefanelli, legislador del partido Voluntad Popular de Guaidó y que también es miembro de la comisión de energía, dijo que considerar la propuesta más simple no descarta aprobar una reforma de mayor alcance más adelante, pero que un largo debate en el Congreso sería más apropiado una vez que el presidente Nicolás Maduro esté fuera del poder.

"Es un caucho de repuesto, es un Plan B", dijo Stefanelli en una entrevista telefónica. "Una cosa no niega la otra, es como caminar y masticar chicle al mismo tiempo".

Maduro, que califica a Guaidó como un títere de Estados Unidos que busca darle un golpe de Estado, ha acusado a la oposición de vender las reservas de petróleo, las más grande del mundo, a intereses extranjeros.

Ni PDVSA ni el Ministerio de Petróleo de Venezuela respondieron a las solicitudes de comentarios.

Pero, incluso si el plan fuera aprobado por el Congreso, tendría poco impacto inmediato dado que Maduro considera que las acciones de la Asamblea carecen de efecto tras crear en 2017 un cuerpo legislativo paralelo. Sin embargo, la propuesta da una idea del tipo de políticas que pueden esperar las petroleras si Guaidó tiene éxito en su búsqueda de tomar el poder.

Los cambios de las propuestas anteriores para reformar la ley sugieren que la oposición no abriría el sector tan ampliamente como lo hicieron otros países de la región como México y Brasil.

La producción de crudo del país, que estuvo cerca de 3 millones de barriles por día (bpd) hace 20 años, se hundió durante las últimas décadas, principalmente por falta de inversión, un éxodo de trabajadores que huyen de la crisis económica de Venezuela y el nombramiento de militares sin experiencia en petróleo para altos cargos en el sector.

Más recientemente, las sanciones estadounidenses a PDVSA como parte de los esfuerzos de Washington para derrocar a Maduro han llevado la producción por debajo de 1 millón de bpd.