También se analizoó la insolvencia de la empresa en cuestión y que Jindal sea su socia.

El presidente de la Comisión de Economía Plural, Producción e Industria de la Cámara de Diputados de Bolivia, José Yucra, dijo ayer que la empresa GTLI violó la cláusula 28 de confidencialidad del contrato con YPFB al informar sobre reservas sin tener aún el contrato aprobado.

El martes, en conferencia de prensa, la compañía petrolera Gas To Liquid International (GTLI) dio a conocer que los primeros estudios técnicos que realizaron en el Bloque Río Beni detectaron la existencia de un megacampo con una reserva de al menos 1.000 millones de barriles de crudo y que se espera la aprobación legislativa de éste y otros tres contratos petroleros para encaminar las exploraciones en Itacaray, Cupecito y Almendro.

El asambleísta informó a La Razón que las declaraciones realizadas por el gerente general de GTLI, Luis Carlos Kinn, pueden traer conflicto no solo en el ámbito departamental, sino municipal porque pensarán que Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) no quiere firmar los contratos, lo cual no es cierto, sino que por el contrario “hay observaciones” a esta compañía en la citada comisión.

“En la primera aprobación que se ha hecho del contrato, hay una cláusula, (la) 28, que es la de confidencialidad. La empresa no puede divulgar mientras no tenga el contrato firmado. Nos llama mucho la atención que esté haciendo estas declaraciones”, manifestó Yucra, quien además desconocía la cantidad de reservas de petróleo del Bloque Río Beni.

Los cuatro contratos suscritos entre GTLI y YPFB el 15 de junio de 2011 le permitió a esa empresa privada efectuar estudios de prospección en los bloques Río Beni (que está entre La Paz, Beni, Pando), Itacaray (Chuquisaca), Cupesito y Almendro (ambos en Santa Cruz).

Procedimiento. Yucra explicó que hay dos instancias para aprobar un contrato petrolero en la Asamblea Legislativa, la primera es autorizar la suscripción de los mismos a través de una ley con la que YPFB puede firmar el contrato con una empresa, y la segunda es la aprobación oficial de éstos en el pleno camaral para su promulgación. Sin embargo, como se hicieron observaciones a la compañía después de la suscripción de los contratos, éstos fueron devueltos a YPFB y no pasaron a la plenaria de la Asamblea Legislativa porque no fueron aprobados en primera instancia en la Comisión de Economía Plural, que rechazó los mismos por ciertas observaciones a la empresa, complementó el asambleísta.

“En esta fase hemos recibido un informe del Ministerio de Hidrocarburos de que (la compañía) no es solvente económicamente, no cuenta con las condiciones financieras necesarias que le permitan operar en las áreas y no cuenta con suficiente capacidad para asumir sus obligaciones contractuales”, señaló Yucra.

El diputado recordó que GTLI es accionista de Jindal, firma que no pudo cumplir su contrato con el Estado para explotar el yacimiento de hierro del Mutún de Santa Cruz, lo que refleja que no es solvente. Argumentó también que la Carta Magna les impide aprobar contratos con empresas que hayan iniciado procesos de arbitraje contra el Estado.