La búsqueda de hidrocarburos en dicho país creció en los últimos años alentada por la presencia de gas natural en el noroeste del país, pero un litigio por la cancelación de licencias amenaza con desalentar el incipiente proceso.

Asunción. La búsqueda de hidrocarburos en Paraguay creció en los últimos años alentada por la presencia de gas natural en el noroeste del país, pero un litigio por la cancelación de licencias amenaza con desalentar el incipiente proceso.

Actualmente, siete empresas trabajan sobre una decena de bloques y las autoridades esperan que a comienzos del 2011 al menos dos inicien las excavaciones que podrían abrir paso a la explotación de gas natural o petróleo.

Pero los esfuerzos por fortalecer al sector pueden verse desalentados por litigios judiciales con dos empresas de capital estadounidense que denunciaron dificultades para realizar sus trabajos y falta de garantías para invertir.

Crescent Global Oil y Pirity Hidrocarburos, filiales de Crescent LLC y Petro Victory LLC, del grupo estadounidense Dynamic Production acudieron a la justicia paraguaya para intentar revertir la decisión del gobierno de poner fin a sus contratos por falta de inversión y de avance en los proyectos.

"El que no cumple se tiene que ir", dijo la viceministra de Minas y Energía, Mercedes Canese, máxima autoridad del área en el país.

El gobierno del presidente socialista Fernando Lugo revisó la política respecto a las licencias buscando evitar demoras en los trabajos y asegurar la excavación de pozos exploratorios que permitirán dimensionar los yacimientos.

La cancelación de licencias de las firmas estadounidenses, un conflicto que comenzó en el 2009 cuando Pirity perdió su contrato y escaló este último mes con la finalización del de Crecent Global Oil, no fue la única concretada en Paraguay, según las autoridades.

Pero el representante legal de ambas empresas, que contaban con concesiones de exploración sobre unas 2,4 millones de hectáreas en el Chaco, afirmó que si no encontraba justicia localmente podría llevar el caso a instancias internacionales.

"Hay discriminación y persecución porque estábamos trabajando. Hicimos inversiones y tenemos derechos adquiridos; y vamos a defender nuestros derechos", dijo Theodore Stimson.

El litigio congeló un plan de invertir poco más 50 millones de dólares, según Stimson. Pirity ya había desembolsado unos 8 millones más en trabajos previos a la excavación de pozos exploratorios programados para este año.

El gobierno argumenta que algunas de las firmas sancionadas son pequeñas, no tienen la capacidad operativa para cumplir con los trabajos y terminan culpando al Estado por sus problemas.

Yacimientos. Las prospecciones en el país sudamericano se iniciaron en la década de 1940 y desde entonces han sido perforados cerca de 50 pozos de exploración, la mayoría en la inhóspita región del Chaco, vecina a ricos yacimientos de Bolivia y Argentina.

"Las empresas fijan su atención en las posibilidades del país. Recibimos visitas constantes de prestadores de servicios y operadores", dijo a Reuters Emilio Boungermini, director de Hidrocarburos del viceministerio de Minas y Energía.

Paraguay importa la totalidad de los combustibles que consume y depende enteramente de la inversión privada para desarrollar la búsqueda de hidrocarburos. La mayoría de las empresas que trabajan en el área son subsidiarias locales o socias de firmas extranjeras que aportan el capital.

Los empresarios sostienen que las autoridades envían una señal negativa a eventuales inversionistas, mientras el gobierno asegura que su postura mejorará la imagen del país, conocido por sus escándalos de corrupción estatal, porque muestra firmeza en la transparencia y el respeto a las leyes.

"Necesitamos que empresas extranjeras inviertan en el país y la seguridad jurídica es determinante", dijo Gustavo Volpe, presidente de la Unión Industrial Paraguaya (UIP).

Paraguay es uno de los países de la región con menor inversión foránea, pero las autoridades esperan que la estabilidad económica y las expectativas de crecimiento, junto con los esfuerzos -hasta ahora insuficientes- en el combate a la corrupción alienten la llegada de más capital.

"La inversión no va a venir si hay inseguridad física y jurídica. Necesitamos una política clara y dar seguridad a las personas, para que la economía pueda crecer de manera sostenida", aseguró Volpe.