“Además de la explotación ilícita de oro en propiedad fiscal, hemos advertido la existencia de concesiones autorizadas para efectuar exploración", dijo el director de la Agencia para el Desarrollo de las Macrorregiones y Zonas Fronterizas, Juan Ramón Quintana.

En un operativo conjunto de varios ministerios de Bolivia y las Fuerzas Armadas (FF.AA.), el gobierno de Bolivia realizó la segunda intervención a zonas de explotación aurífera ilegal.

Más de 2.000 efectivos militares tomaron posesión de por lo menos 24 áreas de explotación ubicadas en el municipio cruceño de San Ramón, y en las serranías de San Simón en el departamento del Beni. 

“Además de la explotación ilícita de oro en propiedad fiscal, hemos advertido la existencia de concesiones autorizadas para efectuar exploración o para explotar áridos que transgredieron el alcance de su concesión y pasaron a la fase de explotación (aurífera)”. Asimismo, “existieron funcionarios de nuestro propio gobierno que entregaron concesiones mineras (en la región) de manera irregular”, afirmó en declaraciones a medios estatales el director de la Agencia para el Desarrollo de las Macrorregiones y Zonas Fronterizas (Ademaf), Juan Ramón Quintana.

El trámite para la otorgación de concesiones, manifestó, dura de uno a tres años, pero en el caso de las concesiones observadas la autorización se tramitó en un período de dos a cuatro meses. Consultado al respecto, el ministro de Minería y Metalurgia (MMM), José Pimentel, informó a La Razón que es necesario hacer un análisis previo “caso por caso” de las concesiones mineras otorgadas en la zona del precámbrico antes de emitir criterio, pero de comprobarse algún tipo de irregularidad, se tomarán “todas las medidas que la ley disponga”.

Según el director general de Minas del MMM, Freddy Beltrán, el Servicio Nacional de Geología de Minas elaborará a partir de hoy un “informe completo” sobre el tema.

Por otro lado, el comandante general de las Fuerzas Armadas, Ramiro La Fuente, precisó que en el operativo se identificó a 37 empresas que trabajaban en el lugar desde hace 30 años. 

El viceministro de Desarrollo Productivo del MMM, Héctor Córdoba, lamentó que el país haya perdido “mucho” por este tipo de actividad. “Aunque las pérdidas económicas (totales) no fueron cuantificadas, sabemos que cada empresa que operaba en la región producía al menos 30 kilos (de oro) al año y cada kilo cuesta US$40.000”, indicó.

No obstante, de acuerdo con esos datos, si se producía en promedio 30 kilos al año, por cada una de las 37 empresas que operaban desde hace 30 años, se obtiene una cifra superior a US$1.300 millones.

Las empresas extranjeras que operan ilícitamente en el país “se llevan de 50 a 500 kilos de oro; ésta era la realidad en los ríos de la Amazonia, en el norte de La Paz (en el río Suches) y en la Chiquitania”, dijo Quintana.

Además del oro, Bolivia posee ingentes reservas mineras tradicionales y no tradicionales, tanto en sus zonas andinas como en las de la Amazonia y la Chiquitania, agregó.

El operativo para detener la explotación ilegal de oro en San Ramón (Santa Cruz) y en San Simón (Beni) dejó más de 40 súbditos extranjeros detenidos, informó el director de la Agencia para el Desarrollo de Macrorregiones y Zonas Fronterizas (Ademaf), Juan Ramón Quintana.

 “Se detuvo a más de 40 brasileños que están siendo sometidos a los procedimientos normativos que tiene la Dirección Nacional de Migración. Algunos de ellos se encuentran legalmente en el país, en otros casos no”. Sin embargo, agregó, los propietarios de las empresas ilegales lograron fugar.