La insistencia del secretario presidencial, Miguel López Perito, de coordinar a ambas alimenta sospechas de un posible negociado con la deuda de Yacyretá, que ronda US$15.000 millones.

El jefe del Gabinete Civil de la Presidencia de la República, Miguel Ángel López Perito, continúa en su férrea postura de centralizar el control de  Itaipú y Yacyretá, pese a la ilegalidad del hecho.

Se habría maquillado el decreto para intentar darle un marco de legalidad, puesto que las relaciones internacionales, en este caso, las negociaciones de la deuda de Yacyretá corresponden exclusivamente al Ministerio de Relaciones Exteriores, según la Ley 1635/2000 y la propia Carta Magna.

El pasado martes se hablaba de que el canciller Jorge Lara Castro ya había firmado el documento. Sin embargo, aún no fue publicado en la página web de la Presidencia de la República.

La insistencia de López Perito es por algo que ya viene haciendo y que es negociar la deuda de Yacyretá, que ronda los US$15.000 millones, que  dejaría grandes dividendos en concepto de comisión a la gente de su entorno.

Las sospechas crecen porque dos de los responsables de la operación Finelly –cancelación de deuda de la Administración Nacional de Electricidad (ANDE) con Itaipú– forman parte del primer anillo de López Perito.

Uno de ellos es el consejero de Yacyretá, Miguel Fulgencio  Rodríguez, entonces titular de ANDE, y César Addario, un broker que tras esa operación fue objeto de una denuncia criminal porque no distribuyó comisiones del 0,58%. 

“Si solo fijaran una comisión del 1% sobre la totalidad de la deuda, estaríamos hablando de una comisión de US$150 millones”, señalaron fuentes del Palacio de gobierno.   

Al decir de nuestras fuentes tampoco hay que dejar de lado las contrataciones de funcionarios en las entidades, así como los millones de dólares de los gastos sociales de la Itaipú.

“Es una estrategia bien planeada por López Perito, que vulnera atribuciones legales de la Cancillería nacional, además avasalla la autonomía y autarquía de las entidades binacionales hidroeléctricas”, añadieron.    

Finalmente, destacaron que cambiarán algunos puntos del decreto para maquillar el tema de la violación de las normas vigentes, que atribuyen a Relaciones Exteriores todo lo relacionado con  las relaciones internacionales.

López Perito varias veces ya se arrogó el rol de canciller al reunirse con altos funcionarios de gobierno argentino por la deuda de la EBY. Se trató de conocer su versión, pero no fue posible.

Operación Finelly. Finelly se concretó bajo la gestión de Juan Carlos Wasmosy e involucró a sus parientes María Carrasco y Ricardo Carrasco, quienes entablaron denuncia criminal contra César Addario por incumplimiento del contrato –debía pagar una comisión del 0,58% sobre US$80 millones.

La operación consistió en la compra de certificados de la deuda externa brasileña –por una fracción de su valor nominal– para que ANDE cancelara deuda con la Itaipú. La investigación estuvo a cargo de entonces fiscal Amílcar Ayala.