Son tres jugadores que intentan ponerse de acuerdo para definir nuevas reglas: la Secretaría de Gobernación (Segob), el Poder Legislativo y la industria.
ElEconomista.com.mx. En el argot de Las Vegas, el libro negro es aquél en el que se encuentran los jugadores a los que no se les permite entrar a las salas de juego por malas prácticas o mal comportamiento. Para el caso de la industria de los casinos en México, ese libro se comenzó a escribir en abril del 2013.
La serie de acontecimientos ocurridos a partir de esa fecha alrededor de la industria, específicamente en el sector de casinos, ha puesto en la lista negra a ex funcionarios, funcionarios y empresarios.
La integración de una comisión especial en la Cámara de Diputados, la actualización de expedientes de permisionarios por parte de la Secretaría de Gobernación, así como el cierre de casinos ilegales, revocación de permisos y la destitución de magistrados, son los aspectos más relevantes que buscan clarificar el escenario, previo a la presentación de una nueva legislación en la materia.
Son tres jugadores que intentan ponerse de acuerdo para definir nuevas reglas: la Secretaría de Gobernación (Segob), el Poder Legislativo y la industria.
La Ley Federal de Juegos y Sorteos vigente fue publicada por el presidente Miguel Alemán Valdés, el 31 de diciembre de 1947, y desde entonces no ha sido reformada. Aunado a ello, el Reglamento de la Ley Federal de Juegos y Sorteos fue publicado en el 2004, durante el periodo de Vicente Fox: un desfase de 57 años.
Desde diciembre del 2010 a la fecha, cuatro iniciativas para regular al sector fueron presentadas en comisiones del Congreso por legisladores de distintos partidos y ambas cámaras; dos de estas propuestas fueron desechadas y dos se mantienen “congeladas”.
El desorden
No obstante, con el cambio en la administración federal se tuvo que empezar prácticamente de cero: desde la integración de expedientes de cada permisionario, así como el rastreo de la operación de negocios ilegales en 114 municipios y cuatro delegaciones del Distrito Federal.
Al iniciar la nueva administración federal, la Dirección de Juegos y Sorteos, dependiente de la Segob, se encontró con “que los expedientes de las empresas permisionarias y operadoras, así como el archivo general de dicha dependencia, estaban incompletos y desordenados, por así haberlos entregado la administración pasada”, refiere un informe de la “Comisión Especial para indagar el funcionamiento de las instancias del gobierno federal relacionadas con el otorgamiento de permisos para juegos y sorteos”.
También, la investigación de la citada comisión que buscaba elaborar una radiografía del sector, se topó con información reservada, por encontrarse ésta sujeta a diversos procedimientos judiciales.
Reacomodo de fichas
Para la Segob y la Cámara de Diputados, fue un año de completar expedientes, de citar a permisionario por permisionario y de encontrar irregularidades. La lista incluye permisos otorgados bajo la ley de 1947 (16) y otros (17) otorgados a partir del nuevo reglamento de 2004. También licencias ilimitadas en cuanto a años de vigencia y disparidad en el número de establecimientos a que tiene derecho a abrir cada licenciatario.
De igual forma se detectaron establecimientos que funcionan amparados por jueces y negocios legales que fueron cerrados por ayuntamientos, pese a contar con un permiso federal para operar.
El saldo hasta ahora, es de 36 casinos o centros de apuestas ilegales cerrados, de 56 que operaban el año pasado (según estimaciones de la industria legal), así como el reordenamiento, por parte de la Secretaría de Gobernación, de una base de datos acerca de la operación de estos negocios.
Pero la jugada más arriesgada de la autoridad fue, en abril pasado, con la revocación de licencia al permisionario Juan José Rojas Cardona, llamado “el zar de los casinos” y propietario de la firma Emex, que le permitía operar hasta 50 casas de apuestas en el país. El caso derivó en la suspensión de dos magistrados y un juez.
Hacia una nueva legislación
El valor de mercado de la industria de juegos y sorteos en México, es de 70.000 millones de pesos (US$54 millones), de acuerdo con estimaciones de la industria.
De este sector, el negocio de casinos, cuenta con aproximadamente 400 establecimientos que dan empleo a 45.000 personas y generan anualmente alrededor de 3.700 millones de pesos (US$285 millones) en impuestos y aprovechamientos que son pagados a municipios, estados y la federación.
De ahí la urgencia en regular una industria lucrativa pero que no ha podido despegarse de la mala imagen que la acompaña.
“La industria nacional de juegos y sorteos carece de regulación, coordinación, vigilancia y en general de un control jurídico, lo que ha generado clandestinidad, anarquía, ilegalidad, defraudación, corrupción y el crecimiento de adicciones”, refiere un análisis presentado en julio del 2013 por el diputado José Arturo Salinas, coordinador del grupo de trabajo para la revisión de la legislación y reglamentos para operación de juegos y casinos en México.
En la mesa
El pasado 27 de febrero, se realizó una segunda reunión entre el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong; la directora de Juegos y Sorteos, Marcela González y diputados integrantes de la Comisión Especial en la que se oficializó la “urgencia” de una nueva ley.
“Una nueva legislación que sea moderna, con reglas claras y transparentes, acordes a las necesidades actuales del país, para que generen certeza a quienes intervienen en esta actividad”, refiere la minuta.
Miguel Ángel Ochoa, presidente de la Asociación de Permisionarios, Operadores y Proveedores de la Industria del Entretenimiento y Juego de Apuesta en México (AIEJA), refiere que los trabajos de un proyecto de ley van avanzados y podría presentarse en el Congreso en el próximo periodo ordinario.
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