Similar preocupación fue manifestada por Jacqueline Maubré y Nicolás Parrondo, directivos de Cohen Sociedad de Bolsa, aunque subrayaron que se trata de "la alternativa más rentable que ofrece el blanqueo para la inversión directa en la economía real".
Buenos Aires. Los fondos cerrados de inversión inmobiliaria -una de las ventanillas más atractivas para el sinceramiento fiscal dado su "costo cero"- ya suman una decena y media de proyectos en vías de aprobación, pero los desarrolladores y gerenciadores aún aguardan exenciones impositivas y otros cambios normativos.
"La doble imposición -sobre el instrumento y la persona jurídica- todavía persiste, pese a las promesas oficiales de exención", advirtió el ex director de la Comisión Nacional de Valores (CNV), Héctor Helman, al exponer durante un seminario en la Cámara Española de Comercio en la Argentina.
Similar preocupación fue manifestada por Jacqueline Maubré y Nicolás Parrondo, directivos de Cohen Sociedad de Bolsa, aunque subrayaron que se trata de "la alternativa más rentable que ofrece el blanqueo para la inversión directa en la economía real".
Helman estimó que "la baja de la inflación favorecerá, en forma paulatina, un repunte de la actividad inmobiliaria", y señaló tres limitantes del régimen de sinceramiento en este terreno: el aspecto tributario; los plazos fijados (cinco años en los que no se podrán retirar los fondos); y el establecimiento de un mínimo de u$s 250.000 dólares como suma a blanquear".
El ex funcionario sostuvo, por otra parte, que el proyecto de reforma a la ley de Mercado de Capitales, que el gobierno presentará en breve, incluirá nuevas medidas de protección a inversores minoritarios y admitirá fondos inmobiliarios con monoproyectos y ajustes por Uvis (unidades de viviendas).
Maubré, por su parte, consideró necesario que los fondos estén aprobados lo antes posible, y juzgó "vital saber si estos instrumentos pagan o no impuestos: nos corren los tiempos y la modificación de la ley todavía no ha llegado al Congreso", agregó.
El instrumento, explicó, deberá tener un patrimonio neto no menor a u$s 10 millones; una cantidad mínima de 10 cuotapartistas y presentar tres proyectos que, en ningún caso, deberán superar el 50% del patrimonio.
Al margen de otros fondos cerrados previstos por la ley (productivos, de energías renovables y de infraestructura), en el sector inmobiliario existe marcada expectativa de los desarrolladores ante la nueva iniciativa de captación de recursos hasta ahora fugados.
El plazo establecido para ejecutar la inversión vence el 11 de marzo del año próximo, pero los interesados deberán ingresar el dinero antes de fin de año y colocarlos en un fondo abierto (denominado "parking") que invierta exclusivamente en Letes o títulos públicos en dólares.
Luego se deberá traspasar el dinero al fondo, pues de lo contrario tendrán que pagar el 10% de impuesto fijado por la ley.
Parrondo sostuvo que "no hay experiencia en el país de este tipo de mecanismos, que son habituales en mercados desarrollados e inclusive emergentes".
Confió, sin embargo, en las posibilidades que se abren a la actividad, a medida que se vayan despejando las dudas y se completen la normativa y la ingeniería financiera, que incluye la contratación de seguros y la futura emisión de obligaciones negociables.
El ejecutivo resaltó la existencia de proyectos rentables en cartera de los desarrolladores y estimó que el sector se respaldará cada vez más en el mercado de capitales.
"Hay en el país apenas 150.000 cuentas comitentes de inversores en las entidades bancarias, frente a 2 millones en Chile y otro tanto en Colombia; es decir, la cantidad de gente que se acerque al mercado para una inversión puede crecer 10 veces como mínimo", aseguró Parrondo.
