Actualmente, el sistema bancario de Venezuela otorga por lo menos 24% de su cartera de crédito a préstamos de consumo, pero luego de la aprobación de la nueva normativa en la Asamblea Nacional, ese porcentaje deberá ser reducido a sólo 20%.

El gremio bancario advierte que reducir el financiamiento para tarjetas de crédito, compra de vehículos y préstamos personales afectará el aparato productivo del país.

En 180 días los bancos deberán disminuir estos créditos en unos Bs.F. 7.310 millones para cumplir así con la Ley de las Instituciones del Sector Bancario aprobada ya en segunda discusión en la Asamblea Nacional.

Actualmente, el sistema bancario otorga por lo menos 24% de su cartera de crédito a préstamos de consumo, pero luego de la aprobación de la nueva normativa ese porcentaje deberá ser reducido a sólo 20%.

Entre las prohibiciones generales "de orden operativo, financiero, preventivo y de dirección", se estipula en el artículo número 99 que queda prohibido para las instituciones bancarias "otorgar préstamos para el financiamiento de servicios o bienes de consumo, por cantidades que excedan el veinte por ciento (20%) del total de su cartera de crédito".

Según los informes de la Superintendencia de Bancos (Sudeban) a junio de este año, los créditos de consumo eran de Bs.F. 37.469 millones, esto incluyendo a las tarjetas de crédito, los préstamos para vehículos y los ajustados a cuentas corrientes, que son sólo parte de los llamados personales, aquellos que nacieron con el boom crediticio que surgió entre 2006 y 2008.

Tomando en cuenta sólo ese monto, las instituciones estarían sobrepasadas en alrededor de 4% sobre lo que ahora establecerá la ley, pues para ese momento (cierre del primer semestre) la cartera de crédito del sistema era de Bs.F. 155.291 millones.

Advertidos. Desde el sector ya se iniciaron las alertas sobre esta medida; advierten que en el escenario venezolano este tipo de créditos no son utilizados para "consumo innecesario" o productos suntuarios.

"El venezolano utiliza las tarjetas de crédito para comprar comida, para pagar medicinas, no la utiliza para ningún gasto extra o de lujo", dice José Grasso Vecchio, director ejecutivo técnico de la Asociación Bancaria de Venezuela (ABV).

"Igual ocurre con los préstamos para vehículos, la banca no está financiando automóviles de lujo. Quiénes piden créditos para comprar carros son profesionales, personas de la clase media o media baja", agregó Grasso.

Incluso, el presidente de la Asociación Bancaria, Juan Carlos Escotet, advirtió desde su cuenta personal de Twitter que con la nueva disposición de la ley se afectan muchos otros sectores económicos además del bancario.

"Limitando el crédito al consumo afectamos la demanda de enseres del hogar, capital de trabajo, pymes, salud, educación y alimentación", señaló el banquero.

De hecho, Grasso indicó que los préstamos al consumo en el caso venezolano estimulan el aparato productivo, "llevan más dinero al comercio, lo que influye positivamente en la economía ".

Para Escotet, ese tope a este tipo de créditos "será un freno al crecimiento económico y la intermediación". Incluso, el también presidente de Banesco, advirtió que la medida no sólo perjudica a la clase media sino también a las más bajas: "Establecer topes al crédito al consumo es desconocer que los sectores C y D de la población, requieren del mismo para su crecimiento."

Hasta ahora, la definición de préstamos para el consumo en la banca está estipulada por la resolución 009-1197 de la Superintendencia de Bancos, que en su artículo 17 dice: "Los créditos para el consumo se definen como aquellos otorgados a personas naturales que tengan como objeto la adquisición de bienes de consumo o el pago de servicios", dice.

Pero luego aclara que "debiendo incluirse dentro de esta clase todas las operaciones realizadas a través del sistema de tarjetas de crédito, ya sea que sus titulares sean personas naturales o jurídicas".

Para Grasso la esperanza del sector está en una modificación en estas normas prudenciales. "Si no se modificó en la ley, podría corregirse en la providencia", dijo

El analista hace esta recomendación después de sostener y recalcar que en el caso venezolano los créditos al consumo deben tener otra descripción. "En Venezuela hay muchos gastos que se hacen a través de estos productos bancarios, como las tarjetas, que no deberían entrar en la clasificación de consumo, como la comida, o la medicina", recalcó.

De esta manera, el gremio advierte que estas nuevas disposiciones afectan al sector, pero también a la economía nacional. "Lamentamos que la nueva ley no fuese el resultado de un consenso nacional orientado al fortalecimiento del aparato productivo", dijo Escotet también desde su cuenta de Twitter.

Rentabilidad comprometida. Los préstamos al consumo significan para la banca los créditos con una tasa de interés más alta. La más baja es de 24% para adquisición de vehículos, mientras que la más alta es de 29% para las tarjetas de créditos.

Mientras que por las cinco gavetas obligatorias, excluyendo la de microcréditos, los bancos otorgan préstamos a tasas preferenciales. Y para estos sectores económicos el sistema financiero está dirigiendo el 51% de su cartera total de créditos.

Con esa combinación de préstamos la banca equilibra su gestión. El analista César Aristimuño, director de la firma Aristimuño, Herrera & Asociados, explica que con los créditos al consumo "la banca de alguna manera compensa los costos de los créditos preferenciales".

Para el experto es paradójico que un sistema bancario en el que hay cinco gavetas con límite de cumplimiento ahora tenga una quinta, pero con un tope que no puede sobrepasarse.

Gremio en alarma. Varias de las recomendaciones que la Asociación Bancaria introdujo a la Asamblea Nacional para el nuevo proyecto de ley de bancos no se tomaron en cuenta.

"Confiamos que en el 2011 reactivaremos el dialogo con las autoridades para impulsar los planes que nos conduzcan a la reactivación económica", escribió el presidente de la Asociación Bancaria.

Desde el año pasado las entidades vienen intentando mejorar la rentabilidad del negocio, pero con la nueva normativa, el sector asegura que el indicador se verá aún más comprometido.

Sobre todo por el aporte de 5% de la utilidad antes de impuesto para proyectos comunales que implica un desembolso de Bs.F. 215,2 millones por parte de la banca nacional privada, tomando en cuenta las ganancias de lo que va de 2010.

Y más allá de esto, para el gremio es aún más preocupante el límite que establece ahora la ley de que ningún banco puede sobre pasar su participación de mercado en activos por más de 15% del total del sector, establecido en el artículo 99, en su numeral 14.

Aunque hoy ninguna institución bancaria en el país supera ese porcentaje (el más alto es Banesco con 12%) la disposición coarta la disposición de crecer de las instituciones, lo que a su vez limita la inversión que alguna entidad pretenda ejecutar.

Pero aunado está el hecho de que para cumplir con esa disposición las entidades en algún momento podrían llegar a limitar la incorporación de más ahorristas. "¿Cómo tendrá que hacer el banco? Se le dirá al cliente que no se le puede aceptar su depósito porque ya se cumplió con la cuota de mercado que permite la ley; esa medida debería someterse a un mayor análisis", dijo una fuente del sector.