Desde enero de este año los productores siguen a la espera de dos resoluciones que establecen los términos y condiciones que aplicará la banca pública y privada para la condonación o reestructuración de las deudas a los afectados por las inundaciones de noviembre y diciembre de 2010.
A casi cuatro semanas de promulgado el decreto con rango, valor y fuerza de Ley de Atención al Sector Agrícola, los productores nacionales siguen a la espera de dos resoluciones que establecen los términos y condiciones que aplicará la banca pública y privada para la condonación o reestructuración de las deudas a los afectados por las inundaciones de noviembre y diciembre de 2010.
Las resoluciones, que deberán ser elaboradas conjuntamente por los despachos de Planificación y Finanzas y Agricultura y Tierras, son la piedra de tranca para que los afectados puedan iniciar la tramitación del beneficio ante los bancos acreedores.
De acuerdo con lo establecido en los artículos 6 y 8 de la ley publicada en la Gaceta Oficial N° 383.065 del 27 de enero de este año, los despachos en cuestión están en deuda con la publicación de dictámenes que delimiten los términos que normarán el proceso de condonación o reestructuración, así como los requisitos que deben cumplir los solicitantes para dar curso a la petición.
"Todo se limita a unas resoluciones que no se han publicado, por lo que debemos esperar hasta que estas sean promulgadas para conocer los alcances de esta ley", afirmó Gustavo Moreno, directivo de la Asociación de Productores Rurales del estado Portuguesa (Asoportuguesa).
Pasan las semanas. Cabe recordar que hace la semana del 7 de febrero, durante las reuniones que sostuvieron representantes de los agricultores y ganaderos privados con los viceministros del despacho de Agricultura y Tierras, Yván Gil y Ricardo Fong, estos aseguraron que las resoluciones en cuestión estarían próximas a emitirse, sin que hasta el momento se haya concretado la promesa.
Deudas olvidadas. Aun cuando el lineamiento marco para la absolución o reestructuración de las deudas no existe, el Ejecutivo nacional ha comenzado a entregar certificados de perdón a productores de varios estados.
"Tengo entendido que se han otorgado certificados de condonación e incluso nuevos financiamientos, pero corresponden a pequeños productores que tenían acreencias con organismos del Estado", afirmó un productor del estado Miranda que prefirió no ser identificado.
La apreciación es compartida por Néstor Colmenares, propietario de Ganadería Tucacas, en el estado Falcón, quien señaló que según ha podido conocer, los perdones otorgados en esa entidad corresponden a parceleros cuya relación crediticia es con entidades gubernamentales.
Colmenares, quien acusa pérdida total de cultivos de pepino, pimentón, melón, pastizales y animales, asegura que las entidades bancarias de Tucacas no tienen conocimiento alguno del proceso para presentar las solicitudes de análisis de deuda, así como tampoco de los pasos a seguir para hacer la petición.
Aseguró además que pese a haberse inscrito en el censo agrícola enmarcado dentro de la misión Agrovenezuela, aún no se ha realizado la inspección por parte de los técnicos del Inti (Instituto Nacional de Tierras), punto que considera esencial para comenzar los trámites para la reestructuración de acreencias.
No obstante, es oportuno aclarar que según el decreto-ley, los bancos tienen 30 días hábiles, a partir de la recepción de la solicitud, para hacer las evaluaciones técnicas pertinentes, y certificar las condiciones de la unidad productiva del solicitante.
Créditos sobre créditos. Por su parte, el agro productor guariqueño Rodolfo Machín, cuya cosecha de hortalizas se vio afectada por las primeras lluvias de noviembre pasado, asegura no haber recibido notificación alguna de los bancos acreedores para iniciar la tramitación de un posible perdón o redistribución de sus deudas.
"En los bancos dicen que no sabe nada todavía. El Gobierno ha prometido condonar o reestructurar deudas, pero no sabemos si serán los propios bancos privados o el Estado quien va a financiarnos", acotó el también directivo de Fedeagro.
A su juicio, es preocupante no tener claro el panorama en virtud de que ya deben comenzar los preparativos de la cosecha de invierno.
Machín trae a colación otro detalle poco claro en la Ley de Atención al Sector Agrícola: la reestructuración de créditos ya reestructurados.
Explicó que, en su caso, cabalga sobre créditos ya refinanciados, luego de las pérdidas de las cosechas de cereales de 2009, como consecuencia de la fuerte sequía que azotó a las zonas productoras del centro-occidente del país.
"Desconocemos cómo se hará en estos casos", dijo.
