Después del rechazo de los contratos de cuatro bloques petroleros que están en cinco departamentos bolivianos, procede una nueva licitación para la exploración y explotación petrolera, informó el presidente de la Comisión de Economía Plural de la Cámara Baja.

La Asamblea Legislativa boliviana decidió anular cuatro contratos petroleros de la empresa Gas To Liquid Internacional SA (GTLI) fundamentalmente por ser socia de la empresa india Jindal y por no contar con las condiciones económicas y financieras, según legisladores del oficialismo Movimiento Al Socialismo (MAS).

El presidente de la Comisión de Economía Plural de la Cámara de Diputados, José Yucra Paredes, reveló a Xinhua algunas causas fundamentales que provocaron rechazar en la Asamblea contratos de la empresa petrolera vinculada a la india Jindal que en Bolivia fracasó en un proyecto de industrialización de hierro del Mutún.

"Lo peor es que no se puede hacer un contrato con una empresa que le instaura juicio al Estado de Bolivia, eso es lo que ha hecho la Jindal", afirmó el asambleísta.

De acuerdo con Yucra, la Jindal es accionista del 80% de esta petrolera GTLI e inició un arbitraje al Estado Boliviano, elementos que se constituyen en fundamentales para rechazar la suscripción de cuatro contratos para su protocolización de exploración y explotación.

En primera instancia esa determinación se aprobó en la Comisión de Economía Plural y luego días atrás se refrendó en la plenaria de la Cámara de Diputados.

El informe de la Comisión, al que accedió Xinhua, señala que la empresa india Jindal, que tiene como subsidiaria a Worth Overseas Limited con 80% de la GTLI, al demandar un proceso de arbitraje contra el Estado se impide continuar con estos contratos.

"De acuerdo a lo establecido por el artículo 14 del Reglamento para la Ejecución de Actividades Exploración y Explotación de Áreas Reservadas, no le permite a una empresa (en proceso de arbitraje) estar en ningún contrato de operación. Caso contrario de aprobarse dichos contratos se contraviene a la Constitución, lesionando los intereses del Estado", señala la justificación de la Comisión de Economía Plural.

Además aclara que estos contratos, al no ser aprobados por la Asamblea Legislativa, conforme lo establece la Constitución Política del Estado y las leyes vigentes, "no ha nacido a la vida del derecho y por tanto resulta inexistente".

Inversión lista. Aunque la GTLI, a través de su gerente general Luis Carlos Kinn, explicó que estaban listos para una inversión más de US$72 millones en alianza con su socia Basin Holdings con la intención de descubrir nuevos megacampos petroleros y gasíferos.

De acuerdo con GTLI, la inversión prevista para la fase inicial exploratoria es de US$72 millones. En caso de encontrarse reservas, la fase de desarrollo pasaría los US$500 millones de inversión en los bloques con mayor potencial, Rio Beni e Itacaray, sumando un total de US$1.000 millones en los dos principales.

"El bloque Río Beni tiene el potencial de ser un megacampo de petróleo. Por las características del área y los estudios realizados, podría estar a nivel de importantes yacimientos de Perú, Ecuador y Colombia. En este bloque se estima el potencial de por lo menos 1.000 millones de barriles de petróleo", informó Kinn.

Pero esta disposición hecha pública a fines de junio no sirvió para que la Cámara Baja deje sin efectos esos contratos.

Después del rechazo y por tanto la nulidad de los contratos de cuatro bloques petroleros que están en cinco departamentos bolivianos, procede una nueva licitación para la exploración y explotación petrolera, tal cual han manifestado en el Ejecutivo, informó el presidente de la Comisión de Economía Plural de la Cámara Baja.

"Corresponde una nueva licitación para que otras empresas petroleras incursionen a explorar y explotar hidrocarburos en esas regiones. Estamos informados que procede una nueva licitación, una vez que rechacemos en el plenario esos contratos", agregó.

Grave violación. Asimismo, el diputado Yucra reveló que al difundir información importante como la existencia de un megacampo petrolero, a través de los medios de comunicación, la empresa GTLI, hizo una "grave violación" de la cláusula 28 de confidencialidad de los contratos petroleros.

"La empresa GTLI ha incurrido en violación de la cláusula 28 de Confidencialidad al brindar información importante a los medios de prensa. Mientras la Asamblea Legislativa no apruebe los contratos para su protocolización, la empresa GTLI no puede violar esta cláusula que habla de la obligación de no afectar este artículo", afirmó Yucra Paredes.

Según la Comisión de Economía Plural de la Cámara de Diputados, la empresa puede dar a conocer información relevante a sus socios principales, accionistas o entidades financieras; pero no a los medios de comunicación para que éstos los difundan al público.

"Esto nos llama la atención y parece algo premeditado para intentar generar conflicto en las poblaciones donde se están encarando estos proyectos. Porque de esta dinámica se genera conflictos sociales en las regiones involucradas", agregó.

Según el diputado oficialista del MAS, cree que fue una medida premeditada de la empresa al conocer que en la Comisión de Economía Plural iba a rechazar la firma de cuatro contratos para su protocolización de bloques petroleros que involucran a cinco departamentos para su exploración y explotación, por una serie de razones objetivas y probadas.

De acuerdo con el análisis de Yucra, al involucrar a cinco departamentos de Bolivia (Santa Cruz, La Paz, Beni, Pando y Chuquisaca) se abre la posibilidad de generar problemas sociales. "Por eso hay una cláusula de confidencialidad".

Consultado sobre si son sujetos de alguna sanción, el asambleísta dijo que si estos contratos se consolidaban con la aprobación legislativa, eran sujetos a invalidar estos convenios.