El Comité de Anulación del CIADI confirmó el laudo dictado por el Tribunal de Arbitraje del CIADI culminando así el caso de Quiborax S.A. y Non Metallic Minerals S.A. en contra del Estado Plurinacional de Bolivia.
La Paz. La Procuraduría General del Estado (PGE) informó este viernes que el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) dispuso el pago de US$57 millones en favor de la empresas chilena Quiborax S.A., monto que incluye los intereses y las costas.
El Comité de Anulación del CIADI confirmó el laudo dictado por el Tribunal de Arbitraje del CIADI culminando así el caso de Quiborax S.A. y Non Metallic Minerals S.A. en contra del Estado Plurinacional de Bolivia.
Según la Procuraduría, las pretensiones de las empresas demandantes alcanzaba la suma de US$150,8 millones; US$146,8 millones por concepto de compensación y US$4 millones por daño moral.
El laudo de 16 de septiembre de 2015 dispuso el pago de una compensación que a la fecha alcanza un monto de US$57 millones, incluyendo intereses y costas, que representan una disminución, en favor del Estado, del 62% del monto demandado.
“Como es muy bien conocido a nivel internacional, el Estado boliviano es respetuoso de sus obligaciones y compromisos internacionales, y se velará porque el cumplimiento del Laudo del CIADI se haga de la forma más ordenada y beneficiosa posible”, señaló el procurador general del Estado, Pablo Menacho.
Un boletín institucional recuerda que la controversia internacional surgió a raíz del “incumplimiento” a la Ley Nº 2564, de 9 de diciembre de 2003, y la emisión del Decreto Supremo N° 27589, de 23 de junio de 2004, durante la presidencia de Carlos Mesa, quien dispuso la “revocatoria de la resolución constitutiva y pérdida de las concesiones mineras” de la empresa Non-Metallic Minerals S.A. (“NMM”), con mayoría de capitales chilenos a través de la empresa Quiborax S.A. y su Presidente Allan Fosk Kaplún.
La Procuraduría sostiene que la medida de “revocatoria” no estaba contemplada en la Ley N° 2564, de 9 de diciembre de 2003, que ordenaba la “declaratoria de nulidad” de aquellas concesiones mineras que estuvieran en incumplimiento de disposiciones legales, ni en la Ley N° 1777 (Código de Minería), de 17 de marzo de 1997.
Dados los antecedentes del caso durante la gestión del ex Presidente Carlos D. Mesa Gisbert, que originaron la controversia internacional ante el CIADI, la Procuraduría General del Estado (PGE) solicitó a la Fiscalía General el inicio de una investigación por presuntos delitos de Resoluciones Contrarias a la Constitución y a las Leyes, Incumplimiento de Deberes y Conducta Antieconómica.
