El procurador general del Estado, Héctor Arce, en contacto con los medios estatales, explicó que la decisión fue tomada luego de que el Tribunal de Arbitraje de París reconsiderara el daño integral que causó Abertis a los aeropuertos bolivianos.
La Paz. El Estado de Bolivia contrató a un bufete español para investigar mecanismos jurídicos para demandar a la firma ibérica Abertis, por los daños causados en los aeropuertos Jorge Wilstermann de Cochabamba y Viru Viru de Santa Cruz
El procurador general del Estado, Héctor Arce, en contacto con los medios estatales, explicó que la decisión fue tomada luego de que el Tribunal de Arbitraje de París reconsiderara el daño integral que causó Abertis a los aeropuertos bolivianos.
"El bufete español realizará un análisis sobre las formas, los mecanismos y los marcos jurisdiccionales bajo los cuales Bolivia puede demandar a la empresa Abertis. Aquí hay una deuda, no del Estado con la empresa, hay una deuda del inversionista con el Estado", detalló.
Según Arce, el Estado no debe nada a la firma Abertis por la nacionalización de SABSA, más bien esa empresa tiene una deuda con el país.
Recordó que en 17 años de administración, la empresa Abertis invirtió sólo US$1,9 millones en los tres principales aeropuertos del país (El Alto, Cochabamba y Santa Cruz), mientras que en los últimos dos años, el Estado ejecutó alrededor de US$35 millones.
En ese sentido, dijo que la poca inversión de Abertis, que es menos del 10% de lo comprometido, puso en riesgo las operaciones en los aeropuertos del país y dañó de manera muy importante sus pistas de aterrizaje.
En fecha 9 de mayo de 2013, Abertis presentó el memorial de Demanda Reformulada que contiene reclamos por la nacionalización, violación del TBI y reclamos históricos en el marco del arbitraje internacional de inversiones y en diciembre del mismo año, la empresa española demandó una indemnización de US$86 millones, que fue rechazada por la administración boliviana.
El gobierno de Evo Morales nacionalizó el 18 de febrero de 2013 el paquete accionario del SABSA con el argumento de que no hubo inversiones en las terminales aéreas de La Paz (oeste), Cochabamba (centro) y Santa Cruz (este). También denunció que la empresa pagó en 1997 unos US$3.500 para administrar las tres terminales principales valuadas en US$430 millones.
Arce enfatizó que si Bolivia no nacionalizaba SABSA existía el riesgo de que se paralicen las operaciones en los tres principales aeropuertos del país, tomando en cuenta que la empresa Abertis sólo invirtió US$1,9 millones en 17 años de administración, de los US$27 millones comprometidos, es decir, sólo un 8%.
El procurador lamentó la molestia que expresó el embajador de España en Bolivia, Angel Vásquez, por el proceso con Abertis, pero dijo que "los bolivianos ya no somos una colonia", y que si es necesario, el mundo se enterará de las "felonías" y "canalladas" que cometió esa firma española con el país.
"Nosotros tenemos que defendernos y nos vamos a defender, y si el mundo entero tiene que enterarse de las fechorías, las felonías, las canalladas que ha cometido la empresa Abertis, pues el mundo tendrá que enterarse. Nosotros somos una nación digna, tenemos un Gobierno digno y con esa dignidad, con datos, elementos jurídicos, elementos económicos y técnicos asumimos nuestra defensa", subrayó.
Agregó que en el arbitraje instaurado por Abertis se programó una nueva audiencia para mayo de 2016, en la que se analizarán todos los perjuicios económicos que la empresa ocasionó a los aeropuertos bolivianos.
