El gobierno prevé controlar a las estaciones de servicio para evitar el desvío de gasolina y diésel hacia el contrabando. Lo hará mediante un cruce de información entre la importación, la distribución y la comercialización de carburantes.

El gobierno prevé controlar a las estaciones de servicio para evitar el desvío de gasolina y diesel hacia el contrabando. Lo hará mediante un cruce de información entre la importación, la distribución y la comercialización de carburantes.

Así lo adelantó este jueves 5 de enero la presidenta de la Aduana, Marlene Ardaya, en entrevista con La Razón. Explicó que la iniciativa forma parte del nuevo plan estratégico que el Gobierno diseña para frenar el comercio ilegal.

La idea consiste, explicó, en que la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) proporcione a la entidad aduanera reportes sobre los volúmenes de combustible destinados a cada estación de servicio, en especial a las ubicadas en zonas fronterizas.

Asimismo, la Aduana pedirá que el Servicio de Impuestos Nacionales (SIN) le entregue documentación referida a los libros de compras de los surtidores. “En ellos estarían reflejados, de alguna manera, qué personas compran, cuándo compran y cómo compran”, agregó Ardaya.

“La Aduana Nacional haría una verificación de control cruzado entre la información de la ANH y la información del SIN (...). De las diferencias que encontremos podríamos establecer delitos de contrabando”, afirmó.

Normativa. La presidenta de la Aduana recordó que el Decreto Supremo 29814, del 26 de noviembre del 2008, establece la facturación aplicable a la venta de gasolina especial y diesel oil internacional.

Según esa norma, las estaciones de servicio deben emitir dos facturas: la primera con dosificación del surtidor, aplicando el precio final y la otra con dosificación por terceros de YPFB, aplicando el diferencial de precio internacional.

De esa forma, señaló Ardaya, la facturación refleja el nivel de la subvención estatal a la venta de esos carburantes, ambos importados. La autoridad señaló que el control se realizará en períodos recientes, es decir, a las ventas de los surtidores de hace un mes o dos meses atrás.

El miércoles 5 de enero, el presidente de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), Carlos Villegas, anunció que el Gobierno decidió limitar los envíos de diésel y gasolina a ciudades y pueblos fronterizos, con el objetivo de reducir el contrabando.

El consumo de gasolina, antes y después del incremento en el precio de los carburantes —medida que fue anulada—, bajó de 3,35 millones a 2,85 millones de litros, dijo Villegas.

Liderazgo. A decir de Ardaya, la iniciativa de control será analizada por el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, “quien va a liderar el grupo” de instituciones que participarán del plan. Se trata de la Aduana, la ANH, Yacimientos y el Ministerio de Hidrocarburos.

“La visión, entiendo, es poder articular las distintas instituciones que estaríamos inmiscuidas no tan sólo en el tema de control, sino también aquellas que realizan las importaciones y la comercialización de los productos”, complementó Ardaya.

“Los volúmenes autorizados (de combustible), versus las ventas que se registren en el Servicio de Impuestos, más el análisis que haga la Aduana Nacional respecto a las importaciones nos van a dar datos para poder establecer (el contrabando) en algunos casos y aplicar la norma como corresponde”, dijo.

Las Fuerzas Armadas y el Control Operativo Aduanero alistan el cierre de zonas fronterizas y carreteras de conexión a países vecinos.

Sugieren algunas medidas.

Fortalecer a la aduana

Para combatir el contrabando, el Instituto Boliviano de Comercio Exterior (IBCE) sugiere dotar de mayor presupuesto a la Aduana para personal, tecnología e infraestructura. Recomienda además mejorar los sueldos del personal aduanero y del COA como se hizo con el sector petrolero.

Incentivar la denuncia

Según el IBCE, también sería conveniente ceder el 50% de lo incautado a favor de la persona que denuncie el contrabando. Recomienda asignar parte de lo decomisado al municipio donde se dio el delito, con un fin determinado.