El ministro de Minería y Metalurgia, César Navarro, en la que indicó que el 15 de agosto de la presente gestión la CCI emitió la sentencia que establece que la Empresa Siderúrgica del Mutún (ESM) debe pagar US$18 millones más intereses.
La ESM ya asumió defensa respecto al laudo arbitral de la Cámara de Comercio Internacional (CCI) que determinó que esta empresa estatal debe pagar US$22,5 millones a la Jindal Steel & Power por haber ejecutado dos boletas de garantía, y además pedirá la anulación del fallo.
El anuncio fue realizado en conferencia de prensa por el ministro de Minería y Metalurgia, César Navarro, en la que indicó que el 15 de agosto de la presente gestión la CCI emitió la sentencia que establece que la Empresa Siderúrgica del Mutún (ESM) debe pagar US$18 millones más intereses, por lo que el 18 de agosto la siderúrgica estatal interpuso un recurso de complementariedad y aclaración al laudo.
“Hasta el 28 de agosto (mañana) será la Corte que tendrá que pronunciarse sobre este recurso (de complementariedad) que se ha presentado y luego la ESM, ya haciendo una evaluación junto a su equipo de abogados, va a presentar en el lapso de diez días, como establece la norma, el recurso de anulación del laudo, porque consideramos que se está violando la normativa boliviana”, explicó Navarro.
Argumentó que la petición de anulación del fallo es porque el proceso que se llevó en la CCI, en París, se basó en el Código Procesal Civil y esa norma no está vigente. Aparte, aclaró que la JSB interpuso en diciembre de 2011 una demanda de arbitraje contra la ESM por US$53 millones, de los cuales US$18 millones están vinculados a la ejecución de dos boletas de garantía, cada una por US$9 millones; y el monto restante por supuestos daños económicos que la compañía estatal le habría causado.
Complementó que en base a esa información se concluye que la JSB “no está demandando al Estado y el Estado tampoco está respondiendo” a ello, porque la que está asumiendo la defensa en este tema es la ESM, con lo que aclaró que “el Estado no tiene ninguna obligación con Jindal”.
El lunes, el abogado de la JSB, Jorge Valda, indicó que el pago asciende a US$22,5 millones: US$18 millones por las boletas de garantía y US$4,5 millones por los intereses a este monto, y que además se exigirá otros US$100 millones por daños y perjuicios a la empresa.
La ESM ejecutó las boletas de garantía de la JSB el 15 de abril de 2010. El 18 de julio de 2007, JBS y la ESM firmaron un Contrato de Riesgo Compartido (CRC) por el que Jindal se comprometía a invertir US$600 millones en los dos primeros años para la explotación de hierro en el Mutún. La inversión total para todo el proyecto siderúrgico era de US$2.100 millones en el 50% del yacimiento del Mutún. Este diario intentó contactarse ayer con el abogado de la JSB en Bolivia, Jorge Valda, pero éste apagó su celular.
Recusación de defensa. El vicepresidente Álvaro García dijo que recusarán la decisión de la CCI y apelarán a tribunales que correspondan para defender al Estado.
Siderúrgica debe detallar el destino de los recursos. El ministro de Minería y Metalurgia, César Navarro, indicó que la Empresa Siderúrgica del Mutún (ESM) deberá informar sobre el destino que dio a los recursos obtenidos por la ejecución de las boletas de garantía a la empresa Jindal Steel Bolivia (JSB), por $us 18 millones.
“Ésta es una atribución de la ESM, ellos nos informarán cuál ha sido la utilidad que han dado a los $us 18 millones, pero reitero que es una obligación de la ESM la ejecución y la utilización de esos recursos”, explicó la autoridad.
Añadió que en los próximos días presentarán un plan para explotar el otro 50% del yacimiento del Mutún, ubicado en el municipio de Puerto Suárez, en Santa Cruz.
“La Jindal era responsable de desarrollar el otro 50%, no el 100%. Estamos terminando de hacer una propuesta con la ESM para desarrollar el otro 50%, porque es un proyecto importante que no solamente va a involucrar al Ministerio de Minería, sino a otros como el de Hidrocarburos”, sostuvo, tras indicar que esto no solo debe beneficiar al departamento de Santa Cruz, sino al país.
Laudo no es vinculante a proceso penal. El fallo de la Cámara de Comercio Internacional (CCI) que determina que el Estado boliviano pague US$22,5 millones a la Jindal Steel & Power no es vinculante para la investigación penal que realiza el Ministerio Público de Bolivia a los ejecutivos de esa firma india.
La explicación corresponde al fiscal general del Estado, Ramiro Guerrero, quien indicó que la averiguación que realiza una comisión de fiscales irá arrojando responsabilidades de “algunos servidores” que en su momento estaban relacionados en este tema.
“En esta investigación que está haciendo el Ministerio Público en materia penal no es vinculante ese fallo, puede ser un elemento más que se toma en cuenta en materia penal para la investigación que estamos haciendo, porque ahí se investigan hechos, la posible o probable comisión de un delito”, señaló la autoridad.
Jorge Valda, abogado de la empresa Jindal Steel Bolivia (JSB), subsidiaria de la Jindal Steel & Power en el país, anticipó el lunes a La Razón que la determinación asumida por la CCI “acredita que nunca existió mala fe de los ejecutivos” de la compañía, sino que hubo “condiciones inapropiadas” para desarrollar el proyecto siderúrgico Mutún”, por lo que una vez que sean notificados con el fallo internacional pedirán la “extinción de la acción penal contra cinco ejecutivos”.
Los investigados son Vikrant Gurjral, presidente de JSB; Arvind Sharma, gerente general; Sushil Kumar, representante administrativo financiero; el gerente de Asuntos Legales, Jorge Gallardo, y Prassard Ayaer, por incumplimiento de contrato de explotación del yacimiento de hierro del Mutún, de Puerto Suárez, en Santa Cruz.
