La decisión fue tomada en cumplimiento a un fallo del CIADI, donde la compañía chilena presentó una demanda reclamando una compensación luego de que en el 2004 Bolivia le quitó la concesión minera a su filial local.

La Paz.- El Gobierno boliviano anunció el jueves que pagará US$42,6 millones a la empresa chilena Quiborax por la anulación hace más de una década de una concesión para la explotación de ulexita en el Salar de Uyuni, uno de los mayores depósitos de litio del mundo.

La decisión fue tomada en cumplimiento a un fallo del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), donde la compañía chilena presentó una demanda reclamando una compensación luego de que en el 2004 Bolivia le quitó la concesión minera a su filial local.

"El monto de compensación que el Estado boliviano estaría pagando es US$42,6 millones", informó el procurador general del Estado, Pablo Menacho, en una conferencia de prensa.

El pago de los US$42,6 millones por la reversión de una concesión en el salar de Uyuni, resultó ser US$14,5 millones menor al que fijó el laudo y US$108 millones menos de lo que se pretendía inicialmente la firma chilena. Para la Procuraduría del Estado, esto es resultado de una defensa “diligente e idónea”.

El ministro de Minería, César Navarro, y el Procurador del Estado, Pablo Menacho, informaron del acuerdo transaccional que termina por cerrar el proceso de arbitraje abierto en el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), que falló en primera y en segunda instancia de apelación en contra del Estado boliviano.

El laudo del 16 de septiembre de 2015 disponía el pago de US$48,6 millones a la firma chilena, pero el Estado apeló esa decisión y en mayo el CIADI volvió a fallar en contra de los intereses nacionales, con lo que la deuda o resarcimiento ascendía a US$57,2 millones, incluidos intereses y costas. Con el acuerdo, la deuda bajó a US$42,6 millones.

Menacho recordó que el monto final que pagará el Estado es sustancialmente inferior a los US$150,8 millones que inicialmente pretendía la firma de intereses chilenos cuando presentó el arbitraje luego que en la administración del presidente Carlos Mesa, mediante el decreto 27589, se revirtiera la concesión que se le asignó en el salar de Uyuni.

La Procuraduría del Estado asumió defensa y ahora “cumple, dijo el Procurador, con sus compromisos internacionales ante el CIADI” en el marco de la controversia iniciada bajo el amparo los tratados entre Bolivia y Chile y el convenio que crea el CIADI.

* Con información de Reuters y La Razón de Bolivia.