De acuerdo con la autoridad boliviana, Iberdrola pretende restablecer el diálogo suspendido en pasados meses, luego de haberse conocido la notificación de arbitraje, presentada por la firma española el 29 de junio de 2014.
Las negociaciones iniciadas entre el Gobierno e Iberdrola para alcanzar un acuerdo de compensación por la nacionalización en 2012 de sus cuatro filiales en el país están suspendidas mientras la eléctrica española no haga una “pausa” en el arbitraje interpuesto contra el Estado boliviano.
“Bolivia no negocia bajo presión, no negocia si es que no se suspenden los arbitrajes que existen en contra de ella y en ese sentido se han suspendido (las negociaciones con Iberdrola) y Bolivia ha asumido su defensa en los máximos niveles de profesionalismo”, afirmó ayer el procurador General del Estado, Héctor Arce.
De acuerdo con la autoridad, Iberdrola pretende restablecer el diálogo suspendido en pasados meses, luego de haberse conocido la notificación de arbitraje, presentada por la firma española el 29 de junio de 2014.
En abril de 2013, el Estado boliviano fue notificado sobre la controversia por la nacionalización de las acciones de Iberdrola en sus cuatro filiales en el país. Desde entonces hubo varias reuniones que no tuvieron resultados, dando paso al arbitraje que se prevé sea dirimido en la Corte Permanente de Arbitraje de La Haya.
Controversia. “La empresa se ha acercado nuevamente, ha pretendido restablecer el diálogo, hemos recibido una comunicación esta semana y nosotros vamos a restablecer el diálogo siempre y cuando se haga una pausa en el arbitraje”, manifestó el Procurador General del Estado.
Según Arce, hubo avances importantes en el diálogo iniciado con la compañía que, hasta el 29 de diciembre de 2012, tenía acciones en Electricidad de La Paz (Electropaz), Empresa de Luz y Fuerza Eléctrica de Oruro (Elfeo), Compañía Administradora de Empresas Bolivia (CADEB) y la Empresa de Servicios (Edeser).
El Gobierno aprobó en diciembre de 2012 el Decreto 2156 que permitía el pago de US$65 millones a la española por la expropiación de la acciones, que eran mayoritarias y correspondían a IberBolivia de Inversiones, perteneciente al grupo Iberdrola.
En diciembre de 2014, Arce informó que existía “un principio de acuerdo” con lo que se cerraba el proceso de nacionalización de las empresas eléctricas. Sin embargo, el proceso de negociación se suspendió. “Siguiendo la lógica de responsabilidad del Estado los hemos invitado y hemos sostenido reuniones con la empresa, pero las negociaciones han quedado paralizadas por la negativa de paralizar ese arbitraje. El diálogo está abierto”, pero está condicionado, afirmó.
Recordó que en cumplimiento de la seguridad jurídica que manda la Constitución Política del Estado (CPE), se llegaron a importes acuerdos con otras compañías y se efectuaron los pagos correspondientes. Sin embargo, ratificó, “no negociamos bajo presión de ningún arbitraje”.
A la fecha no se conoce la “pretensión” económica de Iberdrola, aunque el Ejecutivo ya tiene la cifra para el pago puesto que la Empresa Nacional de Electricidad (ENDE) ya hizo la evaluación y el monto se lo hará conocer próximamente, dijo el Procurador General del Estado.
Iberdrola es una firma española cuya oficina central se encuentra en la ciudad de Bilbao, en el País Vasco.
Principio de acuerdo en diciembre
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El 21 de diciembre de 2014, el Gobierno anunció que ha alcanzado “un principio de acuerdo” con la empresa eléctrica española Iberdrola para pagarle una indemnización por la nacionalización de sus cuatro filiales decretada en 2012.
Enero
“Prácticamente hemos llegado a un acuerdo con esta empresa. Hay un principio de acuerdo muy importante que será dado a conocer seguramente los primeros días de enero”, dijo entonces el procurador Héctor Arce Zaconeta.
