La medida reforzará el control estatal sobre la industria minera y sustituirá un antiguo régimen de concesiones y arriendo a privados por contratos de servicios o de riesgo compartido, dijo este martes el gobierno.
La Paz. Bolivia prevé aprobar antes de fin de año un nueva ley de minería que reforzará el control estatal sobre esa industria y sustituirá un antiguo régimen de concesiones y arriendo a privados por contratos de servicios o de riesgo compartido, dijo este martes el gobierno.
La "migración" de contratos podría comenzar inclusive antes de la aprobación de la nueva ley, dijo el ministro de Minería, José Pimentel, al confirmar que están en curso negociaciones entre el Gobierno y la filial local del grupo suizo Glencore, por el control de dos minas de estaño, plata, zinc y plomo.
"Nuestro propósito es tener esta nueva ley en 2011, todo está llevándose a cabo sin demora y estamos en un momento de concertación", dijo el ministro a reporteros.
En una declaración separada, el presidente Evo Morales dijo que la nueva política minera dará incentivos especiales a los más de 50.000 mineros agrupados en "cooperativas" que explotan oro en ríos amazónicos o diversos metales en minas rentadas al Estado.
"Es la primera vez que las cooperativas son reconocidas por la Constitución, así que hay que adecuar términos y normas porque éste es el sector mas grande de la minería", dijo el mandatario indígena ante una concentración de cooperativistas en una mina al norte de La Paz, según la televisión estatal.
La minería es la segunda industria extractiva del país, después de los hidrocarburos que Morales nacionalizó en el 2006, mediante un aumento de impuestos y la sustitución de contratos de riesgo compartido por otros de prestación de servicios a la petrolera estatal YPFB.
Negociación con Glencore. Una nueva Constitución "plurinacional" y socialista vigente desde el 2009 ordenó que el Estado tome control de las explotaciones de todos los recursos naturales, incluidos los minerales y forestales, mediante el cambio de contratos.
Al cumplirse en diciembre pasado el plazo para dicha "migración", y ante la falta de nuevas leyes sectoriales, el Gobierno decretó que todas las operaciones mineras y forestales en manos privadas quedaban bajo la modalidad de "autorizaciones transitorias especiales" hasta que se modificaran los contratos.
Pimentel dijo que la nueva ley de minería, actualmente en consulta con cooperativistas y empresarios privados locales y extranjeros, dará a la estatal Corporación Minera de Bolivia el control del sector y mantendrá "en líneas generales" el actual modelo tributario de impuestos y regalías.
El proyecto de ley que decida el Gobierno sería aprobado fácilmente por la Asamblea Legislativa, en la que el oficialismo suma más de dos tercios de votos.
Sobre las negociaciones con Glencore, dijo que son un primer capítulo del cambio de contratos.
"Aún estamos en conversación con Glencore, así que esperamos su respuesta" al requerimiento oficial de sustitución de dos contratos de arriendo por contratos de riesgo compartido con mayoría estatal, señaló.
Según un informe oficial previo, las minas de Glencore que pasarían a control estatal son Porco y Colquiri, las principales operaciones del grupo suizo en Bolivia.
Glencore, mediante su subsidiaria Sinchi Wayra, produce anualmente en Porco, Colquiri, Bolívar y otras dos explotaciones menores hasta 205.000 toneladas de concentrados de zinc, 15.000 toneladas de concentrados de plomo y 6.000 toneladas de concentrados de estaño, según un reporte de la empresa, que no precisó la producción de plata.
