La Ley de Revolución contempla la creación de un seguro agropecuario para cereales, empresas agrícolas, un banco de acopio, apoyo a la comercialización comunitaria, inversión en maquinaria y una empresa pública de agua.

La Paz. El presidente Evo Morales promulgó este domingo la Ley de Revolución Productiva, Comunitaria y Agropecuaria con la que busca garantizar la seguridad alimentaria en el país.

La implementación de la norma requerirá la inversión de unos US$500 millones al año que aún no están presupuestados.

La promulgación de la ley se realizó en el coliseo cerrado Julio Borelli de La Paz ante la presencia de autoridades gubernamentales y delegaciones afiliadas a la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB).

Morales dijo que la norma permitirá trabajar por la seguridad alimentaria con soberanía.

Entre sus puntos principales, la ley crea un seguro agropecuario para seis alimentos (arroz, papa, trigo, soya, maíz y quinua), además de empresas dedicadas a la labor agrícola como la fábrica de fertilizantes, un banco de provisión y producción de semillas, una firma de apoyo a la comercialización comunitaria, otra de mecanización del agro y tecnificación, y una empresa pública de agua.

Ordena también que productos comestibles y alimentos importados exhiban una etiqueta que indique si su producción fue con transgénicos.

Recursos. El presidente de la Comisión de Economía Plural, Producción e Industria de la Cámara de Diputados, Luis Alfaro, explicó que la implementación de la ley demandará de una inversión de unos $us 500 millones de dólares al año.

Según Alfaro, hasta el momento no se cuenta con los recursos que deberán provenir de las alcaldías, gobernaciones, del Tesoro General de la Nación (TGN) “e incluso proponemos del ahorro fiscal”.

“Esto va a requerir de un trabajo, ahora del Ejecutivo, que se plantea un plazo hasta agosto para promover” lo establecido por la ley. Morales pidió a la ministra de De-sarrollo Rural y Tierras, Nemesia Achacollo, trabajar desde hoy en la elaboración del reglamento.

Detalles. El ministro de la Presidencia, Carlos Romero, destacó que la ley permitirá al agricultor incrementar la producción de alimentos y posibilitará al Estado intervenir “como regulador en los términos de intercambio”.

Según Romero, la norma reconoce a la comunidad campesina como sujeto de crédito y como un actor del proceso productivo agropecuario.

Por eso crea el Fondo Crediticio Comunitario (FCC) que permitirá a las comunidades participar en consejos económicos productivos con facultad de planificar las políticas públicas y desarrollar integralmente a todos los sectores agropecuarios.

Se establece también el desarrollo de la mecanización del agro según los pisos ecológicos y zonas geográficas, y crea el seguro agropecuario. Por “primera vez tenemos seguro (agrícola) que tanto soñamos, primera vez que en este Gobierno hay créditos sin interés”, dijo Morales.

La ley establece instalar institutos agropecuarios en cada departamento para formar técnicos y “se promoverá el desarrollo de la biotecnología”, lo que no significa el fomento en el uso de transgénicos, explicó el Ministro de la Presidencia.

Romero indicó que el Instituto Nacional de Innovación Agropecuaria (Iniaf) realizará la certificación de las semillas que se hagan uso para la producción de alimentos.

Transgénicos prohibidos. El ministro Romero aclaró que el artículo 15 de la Ley Productiva prohíbe la introducción de organismos genéticamente modificados en paquetes tecnológicos o transgénicos que pongan en riesgo la biodiversidad, el patrimonio genético, la salud de la población del país y la vida.

Dos analistas observan la nueva normativa

Armando Méndez, expresidente del Banco Central de Bolivia, opinó que la nueva ley no mejorará la producción de alimentos ni garantizará la seguridad alimentaria porque no diferencia entre los tipos de agricultura.

“No creo que se pueda incrementar la producción y dar seguridad alimentaria porque la ley está tratando a toda la agricultura tradicional como si fuera simples comunidades rurales a título de economía comunitaria, cuando no se dan cuenta que ya están funcionando las reglas del mercado de manera elemental”, agregó.

El problema, dice Méndez, es que a diferencia de la agricultura mecanizada, la tradicional del altiplano y de los valles “está escasamente desarrollada. La gente sobrevive y el intercambio es generalizado”.

Créditos. El analista del Centro de Estudios para el Desarrollo Laboral y Agrario (CEDLA), Enrique Ormachea, señaló que la normativa promulgada este domingo está orientada fundamentalmente a facilitar el acceso individual y familiar de los comunarios a mayores recursos económicos a través de créditos canalizados mediante el sistema financiero.

En este proceso, sin embargo, beneficiará a los cercanos del Movimiento Al Socialismo (MAS), dijo Ormachea. “La ley terminará favoreciendo a los empresarios agropecuarios y a los campesinos ricos, aliados fundamentales del MAS. Son ellos los que seguramente se beneficiarán con recursos adicionales, pues este pequeño grupo está en condiciones de obtener créditos”, concluyó.