El procurador general del Estado, Héctor Arce, explicó en entrevista con medios estatales, que días atrás se dio la respuesta a la notificación de arbitraje de Glencore, en la que se hizo notar las "circunstancias dudosas".

La Paz. El gobierno boliviano respondió a la notificación de arbitraje iniciado por la compañía suiza Glencore, al explicar "irregularidades" en la enajenación y traspaso de activos estatales de dos plantas de fundición de minerales y una mina.

El procurador general del Estado, Héctor Arce, explicó este domingo en entrevista con medios estatales, que días atrás se dio la respuesta a la notificación de arbitraje de Glencore, en la que se hizo notar las "circunstancias dudosas".

"Tenemos argumentos claros, los hemos explicado en detalles en la respuesta a la notificación de arbitraje. Estamos seguros que más adelante seguiremos con más exposiciones, con pruebas sobre las irregularidades", aseveró Arce.

El pasado 18 de agosto, la Procuraduría General del Estado presentó su respuesta a la notificación de arbitraje de Glencore del 19 de julio pasado.

Una subsidiaria de Glencore presentó en esa fecha (19 de julio) una notificación de arbitraje, tras la nacionalización de las plantas de fundición de estaño-antinomio en el país sudamericano en 2001, así como de la de estaño en 2010.

La notificación de arbitraje fue por la supuesta existencia de una controversia relativa a la reversión de las plantas de fundición de estaño y antimonio, Complejo Metalúrgico Vinto y Planta Vinto Antimonio, además de la recuperación por parte del Estado del control del Centro Minero de Colquiri.

La Procuraduría General del Estado hizo notar la víspera en un comunicado las circunstancias "dudosas", bajo las que activos estratégicos del patrimonio nacional, como las fundiciones de estaño y antimonio de Vinto y el Centro Minero de Colquiri, fueron enajenados y traspasados.

Manifestó que asumió la defensa y representación jurídica del Estado boliviano en arbitraje contra una subsidiaria de la compañía suiza, con pruebas evidentes de una serie de "irregularidades" en la subasta, venta y posterior transferencia de los activos del Estado.

Arce expresó que el siguiente paso procesal es la constitución del Tribunal Arbitral compuesto por tres personas, que deberá resolver el arbitraje.

Una vez designados los dos árbitros de cada parte, se abrirá un período de 30 días para acordar la designación de un tercer juez, que actuará como presidente del Tribunal.

La reversión de las plantas de fundición de estaño y antimonio fueron efectuadas por parte del gobierno mediante la emisión de los decretos supremos del 7 de febrero de 2007, que revirtieron al dominio boliviano la fundición en el Complejo Metalúrgico Vinto.

El 1 de mayo de 2010, se revirtió también al Estado la Planta de Antimonio Vinto, además de que mediante el decreto supremo 1264 del 20 de junio de 2012, se dispuso que la Corporación Minera de Bolivia (Comibol) asumiera el control del Centro Minero Colquiri.

Estos tres activos del Estado, dos empresas estratégicas dedicadas a la fundición de estaño-antimonio y una mina estannífera, fueron enajenados durante el periodo de gobierno del ex presidente boliviano Hugo Banzer Suárez (1971-1978 y 1997-2001).

En esa gestión gubernamental se favoreció a empresas propiedad de la Compañía Minera del Sur, cuyo accionista mayoritario era el ex presidente Gonzalo Sánchez de Lozada (1993-1997 y 2002-2003).

Lozada es requerido por la justicia de Bolivia por la muerte de más de 60 personas en la denominada "guerra del gas" de septiembre y octubre de 2003.