El accionista mayoritario de Soboce, Samuel Doria Medina, indicó a La Razón que ya se iniciaron los trámites para instaurar un arbitraje internacional en contra de la Gobernación de Chuquisaca por no haber cumplido con la devolución de su inversión realizada en Fancesa.

Doria Medina convocó a los medios de comunicación a una conferencia de prensa donde hizo conocer su posición sobre la elección de autoridades para el Órgano Judicial, prevista para el próximo 16 de octubre.

Ante la consulta de si la Sociedad Boliviana de Cemento (Soboce) ya inició los trámites para iniciar el proceso de arbitraje internacional, Doria Medina respondió con un “sí” y añadió que la parte demandada “va a ser notificada en los próximos días”.

El empresario no quiso adelantar ante qué instancia legal se iniciará el juicio de arbitraje y bajo qué argumentos. Sólo respondió que en su debido momento se informará sobre el caso. “Ya va a conocer en su debido momento”, afirmó Doria Medina.

El 1 de septiembre del 2010, el Gobierno nacionalizó el 33,34% de las acciones que Soboce tenía en la Fábrica Nacional de Cemento (Fancesa) y las transfirió a la Gobernación de Chuquisaca, mediante Decreto Supremo 616.

Además, se determinó compensar a Soboce por las acciones nacionalizadas en un lapso de 180 días previa valoración de éstas, plazo que concluyó el 1 de marzo.

La empresa Cefin realizó un estudio de valoración de la empresa a solicitud de Soboce. Los resultados dieron cuenta que las acciones de Fancesa valen $us 280 millones. A partir de este valor, Soboce y su socia, la mexicana Grupo Cementos de Chihuahua (GCC), reclaman el pago de $us 93,3 millones.

Advertencia. Tras el retraso en el pago, Doria Medina advirtió el 10 de junio a la Gobernación con iniciar un arbitraje si no se cumplía con lo establecido en el Decreto 616.

El 28 de junio, el procurador general del Estado, Hugo Montero, dijo que el empresario cementero deberá demostrar cuánto se le debe por sus acciones que le fueron expropiadas y manifestó que no le teme a los arbitrajes internacionales.

Ante la declaración de Montero, Doria Medina respondió que el argumento esgrimido “es típico cuando alguien tiene que pagar una deuda: se inventan juicios y procesos judiciales”. Añadió que hasta el momento no tuvo ninguna reunión con Montero para tratar este tema.

Doria Medina detenta el 49% de las acciones de Soboce, Chihuahua tiene el 47% y el restante 3% está repartido entre diversos accionistas.

El Ministerio Público abrió un proceso investigativo contra Doria Medina y los exrectores Jaime Robles y Jaime Barrón, además del actual rector de la Universidad San Francisco Xavier (USFX), Wálter Arízaga, por un supuesto daño ocasionado al municipio de Sucre por el acuerdo firmado entre Soboce y la Universidad, en diciembre de 1999.

A pesar de este proceso judicial, el empresario aseguró ayer que seguirá invirtiendo en el país. También señaló que el incumplimiento en el pago por las acciones de Fancesa provocó que la empresa mexicana decidiera suspender sus inversiones en el país.

Diputado pide que no se le pague. El diputado por Chuquisaca Juan Carlos Apaza (MAS) afirmó ayer que la Gobernación no debería pagar ninguna compensación a Soboce por sus acciones en Fancesa hasta que concluya el proceso judicial que se inició a Doria Medina por un supuesto daño económico causado al municipio de Sucre, cuando éste estuvo al frente de la cementera chuquisaqueña.

Procuraduría emitirá una posición sobre el caso. La Dirección de Comunicación de la Procuraduría General del Estado (PGE) informó que esa instancia se pronunciará este jueves sobre el caso después de que este diario enviara, a través de un correo electrónico, un cuestionario.

Las preguntas que fueron formuladas a la PGE están referidas a la posición que tiene esa instancia frente al anuncio realizado por Soboce de iniciar un arbitraje internacional y cuáles son las condicionantes para que hasta el momento no se haya efectuado el pago a los socios de esta firma.

La Ley 064 de la Procuraduría establece que una de sus funciones es la de defender judicial y extrajudicialmente los intereses del Estado ante personas naturales, jurídicas o extranjeras.