La represa Belo Monte, que se construirá en el Río Xingu, tendrá un costo máximo de US$17.000 millones y contará con una capacidad de generación de 11.200 megavatios.

Sao Paulo. En medio de una disputa judicial y la resistencia de grupos indígenas, el gobierno brasileño vendió este martes los derechos para construir y operar la que debería ser la tercera mayor represa hidroeléctrica del mundo a un consorcio dominado por su propia compañía eléctrica estatal.

La represa Belo Monte, que se construirá en el Río Xingu, tendrá un costo máximo de US$17.000 millones y contará con una capacidad de generación de 11.200 megavatios.

La economía brasileña necesita aumentar el suministro eléctrico para satisfacer el constante incremento de la demanda.

El consorcio ganador está encabezado por la Compañía Hidroeléctrica del Sao Francisco (Chesf), una filial de la estatal Centrais Eletricas Brasileiras (Eletrobras), con una participación de 49,98%.

Además, incluye a la constructora local Queiroz Galvao, con 10%; la empresa de alimentos brasileña Bertin, con 13,8%, y el holding local diversificado J. Malucelli, con 10%.  Las acciones restantes son controladas por otros tres socios menores.

El otro grupo que participó en la subasta estaba encabezado por la constructora Andrade Gutiérrez y por la minera Vale.

El consorcio encabezado por Chesf ofreció vender energía de la represa Belo Monte a 77,97 reales (US$44,30) por megavatio/hora (MWh).

La cifra representa un descuento de 6,02% respecto al límite máximo establecido por el gobierno, de 83 reales por MWh.

La represa Belo Monte, emplazada en el estado de Pará, comenzará a operar en 2016.

Con su puesta en marcha, se transformará en la tercera mayor represa del mundo, por detrás de la de Tres Gargantas, en China, y la de Itaipú, que Brasil comparte con Paraguay.

Resistencia. La licitación, suspendida preliminarmente por una serie de órdenes judiciales, es resistida por grupos indígenas que temen impactos ambientales negativos en el río Xingu, es la base de la supervivencia de las poblaciones indígenas y ribereñas locales.

Poco antes de la subasta, los movimientos sociales que se oponen al proyecto llevado a cabo protestas en varias ciudades, consigna BBC Brasil.

En Brasilia, los manifestantes, encabezados por el grupo Greenpace, incluso bloquearon la entrada principal de la sede de la Aneel con tres toneladas de estiércol, según Agencia Brasil.

La protesta contó con el apoyo de organizaciones como el Movimiento de los Afectados por Presas y el Movimiento de los Trabajadores Rurales Sin Tierra (MST).

Según reporta Infobae, los indígenas de Pará y de estados vecinos también amenazan con iniciar una "guerra", en caso de que el gobierno lleve adelante el proyecto.