Los gobiernos de Brasil y de los dos estados afectados por el accidente demandaron al emprendimiento conjunto Samarco y sus copropietarios, la australiana BHP Billiton Ltd, la mayor minera del mundo, y la brasileña Vale SA, el mayor productor de mineral de hierro.
Brasilia. Brasil presentó una demanda el lunes contra dos de las mineras más grandes del mundo por 20.000 millones de reales brasileños (US$5.200 millones) para limpiar lo que dice ha sido su peor desastre ambiental, causado por el colapso de una presa de relaves.
Los gobiernos de Brasil y de los dos estados afectados por el accidente demandaron al emprendimiento conjunto Samarco y sus copropietarios, la australiana BHP Billiton Ltd, la mayor minera del mundo, y la brasileña Vale SA, el mayor productor de mineral de hierro.
Más temprano el lunes, la presidenta Dilma Rousseff culpó por el desastre a la "acción irresponsable de una compañía" en un discurso ante la cumbre sobre cambio climático COP21 en París. "Estamos castigando severamente a los responsables de esta tragedia", dijo.
Mientras van a los tribunales, las autoridades brasileñas buscan un arreglo extrajudicial similar al acuerdo de US$20.800 millones que alcanzó el Gobierno de Estados Unidos con la petrolera BP Plc por el derrame del 2010 de Deepwater Horizon en el Golfo de México.
Sin embargo, en una demanda civil presentada por propietarios de negocios y otros, un juez dictaminó en el 2014 que BP era el principal responsable por el derrame y tuvo que cancelar hasta US$18.000 millones en penalizaciones además de los pagos anteriores realizados.
La rotura de la represa, que se produjo el 5 de noviembre, liberó 60 millones de metros cúbicos de lodo y desechos mineros que devastaron una localidad, dejaron menos 13 muertos y contaminaron un caudaloso río.
La demanda presentada en una corte federal en Brasilia exige que Samarco tome medidas inmediatas para contener y reducir el impacto ambiental del accidente, dijo el fiscal jefe del estado costero de Espírito Santo, Rodrigo Vieira.
La demanda busca por lo menos 20.000 millones de reales que serían administrados por un fondo privado durante 10 años para pagar por la recuperación del desastre ambiental y su impacto social en las comunidades cercanas a la mina y a lo largo de la cuenca del río Doce.
