Al menos cuatro de los grandes fabricantes de pesticidas, FMC Corp de Estados Unidos, la danesa Cheminova A/S, la alemana Helm AG y la gigante suiza Syngenta AG, venden en Brasil productos que ya no están permitidos en sus mercados domésticos.

Limoeiro Do Norte. Los agricultores brasileños se han convertido en los principales exportadores mundiales de azúcar, jugo de naranja, café, carne, aves de corral y soja, pero también han conseguido una distinción más dudosa: Brasil desplazó en 2012 a Estados Unidos como el mayor comprador mundial de pesticidas.

Este rápido crecimiento ha hecho de Brasil un mercado atractivo para pesticidas prohibidos o descontinuados en países más ricos por los riesgos a la salud y el ambiente.

Al menos cuatro de los grandes fabricantes de pesticidas, FMC Corp de Estados Unidos, la danesa Cheminova A/S, la alemana Helm AG y la gigante suiza Syngenta AG, venden en Brasil productos que ya no están permitidos en sus mercados domésticos, según una revisión de Reuters a los pesticidas registrados.

Entre estos está el paraquat, considerado "extremadamente venenoso" por los reguladores de Estados Unidos. Syngenta y Helm tienen licencia para venderlo en Brasil.

Los propios reguladores brasileños advierten que el gobierno no tiene la capacidad para garantizar el uso seguro de agrotóxicos, como son conocidos los herbicidas, insecticidas y fungicidas. En el 2013, un avión roció con insecticida una escuela en el centro de Brasil.

El incidente, que envió al hospital a más de 30 escolares y profesores, aún está bajo investigación.

"No podemos mantenernos al día", dijo Ana María Vekic, jefa de toxicología de la Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria (Anvisa), a cargo de evaluar los riesgos de los pesticidas a la salud.

FMC, Cheminova y Syngenta dijeron que los productos que venden son seguros si se usan adecuadamente.

Las firmas argumentan que una prohibición en un país no necesariamente significa que un pesticida tenga que estar prohibido en todos lados porque cada mercado tiene diferentes necesidades para sus cultivos, pestes, enfermedades y climas. Helm, con sede en Hamburgo, no respondió a los pedidos de comentarios.

"Uno no puede comparar a Brasil con un clima templado", sostuvo Eduardo Daher, director ejecutivo de Andef, una asociación comercial de pesticidas brasileña. "Tenemos más plagas, más insectos, más cosechas".

Especialistas en salud pública de Brasil rechazan ese argumento.

"¿Y qué si las necesidades de los cultivos o suelos en Brasil son diferentes?", dijo Víctor Pelaez, ingeniero en alimentos y economista de la Universidad Federal de Paraná, en el sur del país.

"Lo que es tóxico en un lugar es tóxico en todas partes, incluido Brasil".

Extendidas violaciones. Los controles de reguladores federales muestran que gran parte de los alimentos cultivados y vendidos en Brasil violan las normas nacionales.

El año pasado, Anvisa completó su análisis más reciente sobre residuos de pesticidas en alimentos en todo el país. De las 1.665 muestras tomadas, desde arroz y zanahorias a manzanas y pimientos, un 29 por ciento mostró residuos que superaban los niveles permitidos o contenían pesticidas no aprobados.

Desde 2007, cuando el Ministerio de Salud de Brasil comenzó a mantener registros, el número de casos reportados de intoxicación de personas por pesticidas más que se duplicó, de 2.178 ese año a 4.537 en 2013.

El número anual de muertes relacionadas con envenenamiento por pesticidas trepó a 206 desde 132. Especialistas en salud pública dicen que las cifras actuales son mayores pero que el proceso de seguimiento es incompleto.

Las presiones son claras en Limoeiro do Norte, un pueblo en el estado de Ceará, en el árido noreste del país. Desde la década de 1990 Brasil construyó un sistema de canales de riego en el área y la agricultura floreció. Por ende, también el uso de pesticidas.

En noviembre, una corte federal confirmó una sentencia que obliga a Fresh Del Monte Produce Inc., el gigante global de fruta, a indemnizar a la viuda de un trabajador que sufrió insuficiencia hepática tras manipular pesticidas durante tres años.

En Limoeiro do Norte, una corte estatal está revisando cargos contra un hacendado acusado por la policía de ordenar la muerte de un activista en contra de los pesticidas.

"Este es un laboratorio gigante para lo peor de la agricultura a escala industrial", dijo Raquel Rigotto, médica y socióloga de la Universidad Federal de Ceará en Fortaleza, la capital estatal.

Rigotto dice que su equipo de investigadores halló rastros de muchos pesticidas en grifos de agua en el área y una tasa mayor de muertes por cáncer en el lugar que en otras localidades cercanas con poca agricultura.

Hay un gran interés mundial en el auge de alimentos de Brasil. Se proyecta un incremento de casi un 30 por ciento de la población del planeta en las próximas tres décadas: otros 2.000 millones de bocas para alimentar.

El creciente sector agricultor brasileño será una fuente clave para la alimentación. Pero con su sol ecuatorial, sus temperaturas estables y cosechas durante todo el año, el gigante sudamericano es también un lugar fértil para insectos, hongos y hierbas. Para mantenerlos bajo control, los agricultores están aplicando más y más pesticidas.

Una influencia poderosa. En el 2013, el último año para el que hay cifras disponibles, los compradores brasileños adquirieron pesticidas por un valor de US$10.000 millones, o 20% del mercado global. Desde el 2008, la demanda brasileña aumentó un 11 por ciento por año, más del doble que el ritmo global.

Un factor que obstaculiza la implementación más enérgica de garantías contra los pesticidas en Brasil es un "lobby" agrícola que es cada vez más poderoso.

En los comicios presidenciales del año pasado, las donaciones que entregaron las empresas agrícolas para la campaña de reelección de Dilma Rousseff fueron superadas sólo por los aportes de la industria de la construcción.

Las compañías agrícolas y de alimentos de Brasil representaron aproximadamente un cuarto del dinero que la presidenta recibió de grandes donantes u 89,5 millones de reales, según documentos electorales.

La cifra se apoya en un análisis de las 118 donaciones más grandes a la campaña de Rousseff, de un millón de reales (US$300.000) o más.

En el Congreso, casi la mitad de los 594 legisladores se identifica con la "bancada rural", un grupo de parlamentarios que ha flexibilizado leyes que prohibían cultivos genéticamente modificados, así como normas sobre tala de árboles en la Amazonía y otras tierras boscosas.

Los congresistas propusieron además leyes para agilizar el proceso de aprobación de normas sobre pesticidas bajo una sola agencia, en reemplazo de las regulaciones actuales que involucran a Anvisa y a los ministerios de Agricultura y Medio Ambiente.

La oficina de prensa de Rousseff declinó hacer comentarios y remitió las consultas al Ministerio de Agricultura.

Décio Coutinho, un alto funcionario del Ministerio, dijo en un correo electrónico que el uso de pesticidas sigue "leyes rigurosas" en Brasil y que es supervisado por técnicos, científicos y funcionarios públicos que "tienen el respeto y la confianza total de la comunidad científica local e internacional y de los consumidores brasileños".

La relación entre los negocios agrícolas y el Gobierno, incluyendo los aportes a campañas, es "ética y transparente", dijo. No hay nada inapropiado sobre la opinión del sector en el Congreso, añadió, argumentando que la representación "es definida por el voto libre y soberano del electorado".

La influencia de la industria y los reducidos presupuestos para los reguladores limitan la capacidad de Brasil de hacer cumplir las leyes sobre pesticidas.

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"Los agricultores lo aman". Consideremos el tiempo que le lleva a Anvisa evaluar un pesticida que un fabricante propone vender en Brasil. Por ley, tiene que analizar el nuevo químico en no más de 120 días.

Pero la agencia puede demorarse años. Con un equipo de menos de 50 científicos, comparado con los cientos de entidades similares en Estados Unidos o Europa, actualmente tiene una lista de espera para la revisión de más de 1.000 químicos.

Y también puede tomar años retirar químicos peligrosos del mercado.Un esfuerzo por reevaluar 14 pesticidas polémicos usados en Brasil, la mayoría prohibidos en otros países, entró ahora en su séptimo año, retrasado por querellas de fabricantes y por la oposición de muchos legisladores.

"Si no es una querella judicial, es una audiencia en el Congreso", se quejó Vekic, la jefa de toxicología de Anvisa.

Hasta ahora, la revisión ha logrado la prohibición de apenas cuatro pesticidas.

En diciembre, Anvisa anunció que prohibirá el metil paratión, un insecticida vedado en Estados Unidos y Europa. Pero la agencia aún no ha dicho cuándo o cómo lo hará.

Como resultado, Cheminova, la compañía danesa que lo vende, "no ha cambiado sus planes respecto al negocio con este producto", dijo Lars-Erik Pedersen, portavoz de la firma. Añadió que la demanda es actualmente alta debido al gorgojo que ataca al algodón. "Los agricultores lo aman".

Según agricultores y compañías de pesticidas, el retraso de Anvisa obliga a continuar usando químicos antiguos, potencialmente más dañinos, porque productos más eficientes y seguros aún esperan por la aprobación.

"Tenemos productos nuevos, pero hay una demora en llevarlos al mercado", dijo Antonio Zem, presidente de la unidad para América Latina de FMC, el fabricante estadounidense del insecticida Furadan.

El producto se fabrica a base de carbofurano, un compuesto del que la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos, tras una revisión que comenzó en el 2006, "concluyó que los riesgos alimenticios, laborales y ecológicos son inaceptables para todos los usos".

FMC dice que ha intentado limitar las ventas del potente químico a grandes haciendas y a sectores, como el de la caña de azúcar, en los que pueden usarse máquinas para su aplicación.

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La muerte de un campesino. Furadan es sólo uno de los muchos pesticidas usados en las granjas a lo largo de Chapada do Apodi, una fértil meseta en el este de Ceará.

En esa región, gracias a los 40 kilómetros de canales que fluyen con agua bombeada del cercano río Jaguaribe, trabajan más de 4.500 personas en 324 propiedades.

Las granjas han llevado empleo y algo de prosperidad a una región antes desamparada.

Antes, el pueblo de Limoeiro do Norte era conocido como "la tierra de las bicicletas" porque los residentes no podían comprarse autos, pero hoy la zona bulle con el pesado paso de camionetas pick up y vehículos utilitarios deportivos.

Pero escasamente pequeñas otras obras de infraestructura pública han seguido a los canales. Como resultado, muchos de los residentes obtienen su agua de los mismos canales a cielo abierto que riegan las tierras.

Los problemas en la meseta surgieron ya en 2008. Trabajadores agrícolas y vecinos de las haciendas empezaron a quejarse ante autoridades de iglesias y organizaciones laborales locales de que sufrían sarpullidos tras ducharse y que sus animales se estaban enfermando.

En julio de ese año, Vanderlei Matos da Silva, de 31 años y empleado de Fresh Del Monte, se quejó de dolores de cabeza, fiebre, hinchazón estomacal y ojos amarillos. Había trabajado durante los tres años anteriores en un depósito de pesticidas de la empresa en su plantación de piñas en la meseta.

Entre sus labores, según documentos y testimonios de otros trabajadores presentados ante un tribunal laboral federal, Silva debía mezclar químicos y preparar dispensadores portátiles para las personas que los rociaban.

El trabajador también limpiaba el almacén y muchas veces guardaba los químicos que no se habían usado en contenedores abiertos, según testimonio de sus compañeros.

Los vapores le provocaban mareos a él y a sus colegas.

"El polvo de los agrotóxicos se quedaba en el aire", relató José Anaildo Silva da Costa, otro de los trabajadores.

Otro empleado, Francisco Ricardo Nobre, testificó que los encargados de la plantación ordenaban a los trabajadores que ocultaran determinados pesticidas cuando se enteraban de una próxima inspección.

Fresh Del Monte, que tiene su sede en Coral Gables, Florida, no quiso hacer comentarios.

Una receta para paraquat. Según el testimonio los trabajadores, uno de los pesticidas era paraquat, un herbicida que se usó durante décadas pero que ahora está prohibido en la Unión Europea y restringido para la mayoría de los usos en Estados Unidos.

En Brasil, Syngenta, Helm y otras tres empresas tienen licencia para venderlo.

El paraquat es "extremadamente venenoso", según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos (CDC, por su sigla original en inglés), que sostienen que entre otras enfermedades, el paraquat provoca insuficiencia renal, cardiaca y hepática.

Una parte del paraquat que se vendió a la operación de Fresh Del Monte mientras Silva trabajó ahí provino de Syngenta, según un recibo de 2007 por 25.840 reales (8.160 dólares). Reuters revisó una factura que obtuvieron los fiscales. Syngenta no quiso hacer comentarios.

Para agosto de 2008, Silva ya no podía trabajar. En octubre fue ingresado en un centro de salud en Limoeiro y llevado tres semanas después a un hospital en Fortaleza.

Silva murió un mes después, dejando a un hijo de un año y a su esposa, quien comenzó un litigio de años para que Fresh del Monte la compensara por daños y pagos de salarios atrasados.

La causa oficial de la muerte del trabajador se registró como falla hepática y hemorragia digestiva.

En la corte, los abogados de Fresh del Monte dijeron que a Silva se le había diagnosticado una forma viral de hepatitis que no estaba vinculada con su empleo, pero el juez rechazó el argumento de la empresa.

Cerca de esa zona, José María Filho, un pequeño productor en la meseta, había empezado a quejarse ante las autoridades locales por la irritación cutánea y las enfermedades de sus animales.

Filho acusó a los grandes propietarios de abuso de pesticidas, en particular por las fumigaciones aéreas que rociaron químicos sobre los canales y otras áreas adyacentes a las tierras de cultivo.

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"Te estás metiendo con peces gordos". "El hablaba demasiado", recuerda Luiz Girão, ganadero local y ex congresista, con influencia entre los agricultores de la zona.

Filho consiguió que científicos dirigidos por Rigotto analizaran el agua de la meseta. Un estudio que realizaron a fines de 2008 investigó muestras tomadas en 25 puntos a lo largo de los canales y en los grifos de agua de los hogares.

El estudio buscaba la presencia de 22 pesticidas distintos. En cada muestra, los investigadores encontraron residuos de al menos tres de los compuestos y de hasta 12 compuestos.

Los agricultores de la zona le restaron importancia al estudio y dijeron que la investigación no determinaba la concentración específica de cada químico en el agua, por lo que no probaba nada sobre la toxicidad.

Durante 2009, Filho siguió haciendo denuncias. Se presentó en concejos municipales en Limoeiro y, pese a la oposición de los grandes propietarios, para noviembre había convencido a suficientes miembros de los concejos para aprobar una prohibición contra la fumigación aérea.

"Estaban furiosos", recuerda Reginaldo Araújo, maestro local y activista por los derechos laborales de la zona.

Pero algunos agricultores siguieron con las fumigaciones.

A comienzos de 2010, Filho empezó a tomar fotografías y videos de un avión fumigador que despegaba desde un aeródromo local. Le dijo a la gente en Limoeiro que estaba juntando evidencia sobre violaciones a la restricción contra los pesticidas. Y también empezó a recibir amenazas.

Según una investigación policial detallada en una denuncia que Reuters revisó, una persona no identificada llamó a Filho y le dijo que lo estaban siguiendo.

La persona le dijo a Filho que lo seguían cuando viajaba por las carreteras locales en moto, a menudo con su hijo pequeño.

"Eres un cobarde porque nunca viajas solo", le dijo.

En el aeródromo, según una denuncia policial que presentó Filho, un guardia de seguridad le había advertido: "Te estás metiendo con peces gordos. Es peligroso".

Acribillado. El 21 de abril, mientras iba en moto por las plantaciones bananeras, a Filho le dispararon 25 veces con una pistola calibre 40. Su cuerpo quedó en el camino.

Un mes después, el concejo revocó la prohibición de uso de fumigadores aéreos.

Tras una investigación de dos años, la policía acusó a João Teixeira, un propietario local, agricultor y empresario que coordinaba la aplicación de fumigadores aéreos en la meseta, de ordenar el asesinato.

Los registros balísticos y de celulares revisados por la policía los llevó a relacionar las llamadas telefónicas entre el capataz de Teixeira y otras dos personas de la localidad y un pistolero, que posteriormente murió en una balacera.

Teixeira, el capataz y los otros dos individuos de la localidad fueron acusados por la muerte de Filho.

En una conversación telefónica de Reuters con Teixeira, éste dijo: "No tuvimos nada que ver con el asunto". Pero no quiso hablar más sobre el tema.

Un juez en Limoeiro está previsto que en los próximos meses decida si el caso irá a juicio.

En tanto, dos cortes fallaron a favor de Gerlene Santos, la viuda de Silva, el trabajador de Fresh Del Monte. En 2013, un tribunal en Limoeiro ordenó a la compañía pagar unos 350.000 reales, unos US$110.000, por daños. Una corte superior confirmó la sentencia.

En la meseta, las tensiones continúan.

Una plantación local que exporta bananas a Europa, Tropical Nordeste SA, recientemente ganó un premio a la excelencia de una asociación de compradores extranjeros.

En octubre, un trabajador publicó fotografías en Facebook de un tanque perdiendo pesticida en un depósito.

Diego Oliveira da Silva, "químico" de 25 años, como se llama a los trabajadores que rocían pesticidas en el área, dijo en una entrevista que los capataces en la hacienda también le dijeron a él y a sus colegas que agotaran todo el Furadan, el químico de FMC, en los días previos a una inspección.

Otros dos trabajadores, que hablaron bajo condición de anonimato, hicieron la misma afirmación.

Da Silva fue despedido por subir las fotografías.

Hugo Carrillo, gerente de la plantación, dijo que la filtración del tanque era un problema temporal causado por un grifo roto y que fue arreglado el mismo día.

Sobre las acusaciones de que encubrió el uso de pesticidas peligrosos, Carrillo dijo: "¿Por qué escondería el Furadan? Si el Furadan no está prohibido en Brasil".