El oficio del pedido fue hecho por el ministerio de Justicia a las autoridades de Suiza, Singapur, Panamá, Reino Unido y Hong Kong (China) y remitido también al juez federal Sergio Moro, quien está al frente del proceso judicial.
Sao Paulo. El gobierno brasileño pidió la colaboración internacional de cinco países para ayudar a localizar testigos en el caso de investigación por una red de corrupción en la petrolera estatal Petrobras, informó hoy la prensa.
El oficio del pedido fue hecho por el Ministerio de Justicia a las autoridades de Suiza, Singapur, Panamá, Reino Unido y Hong Kong (China) y remitido también al juez federal Sergio Moro, quien está al frente del proceso judicial en la ciudad sureña de Curitiba, según el diario Folha de Sao Paulo.
De acuerdo con la información, Brasil intenta localizar a seis de los 57 testigos citados por el juez durante el proceso contra varios ex funcionarios de Petrobras y empresarios acusados de montar una red para el desvío de recursos en la estatal.
Uno de los citados es el abogado Michael Reason, que según Folha de Sao Paulo vive en Londres y es apuntado como responsable de la creación de la empresa de fachada Santa Tereza, usada aparentemente para recibir en el exterior sobornos que pueden llegar a los US$18,8 millones.
El periódico añadió que la Justicia pretende escuchar también a dos empleados del banco suizo PKB Privatbank, a un director de empresas involucradas en la causa que está en Panamá, a otro responsable por abrir dos compañías en Singapur y a una persona en Hong Kong vinculado con dos empresas exportadoras.
El responsable de la articulación con las autoridades extranjeras es el Departamento de Recuperación de Activos y Cooperación Jurídica Internacional del Ministerio de Justicia.
Las denuncias de corrupción en Petrobras, que provocaron una pérdida del precio de las acciones de más del 40% en 2014 y llevaron a la compañía a caer del primero al séptimo lugar como empresa más valiosa de Latinoamérica, salpican a varios dirigentes y políticos aliados del gobierno de la presidenta Dilma Rousseff.
El escándalo también tiene en la mira de las investigaciones a importantes empresas constructoras del país acusadas no sólo de formar un cartel para distribuirse los contratos sino también de pagar millonarios sobornos a cambio de obtener los negocios.
Los recursos desviados, según acusaron algunos de los implicados, fueron transferidos a diferentes fuerzas, incluido el oficialista Partido de los Trabajadores (PT), otros de la alianza que apoya a Rousseff e incluso de la oposición.
Según calcula la Policía, el dinero desviado de la petrolera en los últimos diez años podría llegar a la suma de 10.000 millones de reales (cerca de US$3.850 millones).
