La autoridad realizó la declaración tras las recientes nacionalizaciones que afectaron empresas eléctricas que contaban con capitales extranjeros.

David Choquehuanca, canciller boliviano, sostuvo que  los acuerdos de protección recíproca para inversiones foráneas en Bolivia se encuentran vigentes, mientras dichos acuerdos no se modifiquen.

Las declaraciones se dan tras las nacionalizaciones realizadas sobre el sector energético del país y que afectó a empresas que contaban con participación de capitales de Gran Bretaña y Francia, países que se han mostrado disconformes con las medidas de expropiación y las alternativas de compensación hasta ahora manejadas.  

La autoridad, sin embargo, precisó que de acuerdo a la constitución boliviana,  el gobierno tiene la obligación de revisar sus acuerdos de inversiones y adecuarlos a los principios de la nueva carta magna, proceso que puede demorar hasta cuatro años según la cláusula novena de las disposiciones transitorias de la ley de leyes, de acuerdo a laprensa.com

Choquehuanca aseguró que, por el momento, “ningún acuerdo ha perdido vigencia mientras no se adecue”; sin embargo, en el caso de la nacionalización de las empresas generadoras de electricidad, dictada el 1 de mayo, al menos uno de esos acuerdos no fue cumplido. 

Es el caso de la expropiada generadora energética Corani, que contaba con capitales franceses y en que se establecía como mecanismo de protección de inversiones en su artículo cinco, párrafo segundo del documento, que “las medidas de expropiación o de nacionalización o cualquier acción de despojo que podrían ser adoptadas deberán dar lugar a un pago de indemnización rápida… Esta indemnización, su monto y modalidades de pago deberán ser fijados a más tardar en la fecha de la expropiación”.

No obstante, hasta el momento ello no ha sucedido y el gobierno continúa en proceso de evaluación de evaluación que realizó la empresa francesa, lo que ya ha implicado que el gobierno de Francia haya anunciado que acudirá a un tribunal arbitral internacional con sede en Estocolmo, Suecia, según el acuerdo con Bolivia.