Dirigentes del transporte y comercio argumentan que el 80% de la actividad económica de Zaruma depende de la minería. Su alcalde piensa que es necesario para subsanar vicios arrastrados por años.

Ecuador. Un adhesivo rojo señala la prohibición estatal de tareas mineras. Está pegado, desde el 14 de septiembre, en la entrada de la mina T, concesión de la empresa Bira. A un costado de la bocamina, dos operarios reparan vagoncitos usados para extraer material del que luego de un proceso de molienda y mezcla con químicos se obtiene el tan preciado oro. También reparan un compresor.

Lo demás está paralizado.

Esta mina está en un cerro frente a la colina donde se asienta Zaruma, en la parte alta de El Oro. La mina se mantiene así por 45 días, luego de que el presidente Lenín Moreno firmara el decreto de excepción para Zaruma y dispusiera la suspensión de actividades mineras ilegales y legales, estas últimas 44 concesiones de este cantón y de Portovelo.

Lo hizo una vez que la escuela La Inmaculada terminara de caer. El 26 de octubre de 2016 se detectó un hundimiento y las tareas de remediación no dieron resultados.

La medida ha marcado un antes y un después para esta zona. Ha influido en la economía y dueños de negocios, transportistas, empleados y jornaleros de las mineras enfrentan problemas. Dicen estar desesperados y desde mañana harán plantones diarios.

Dirigentes del transporte y comercio argumentan que el 80% de la actividad económica de Zaruma depende de la minería.

El alcalde zarumeño, Jhansy López, señala que la medida busca precautelar la vida de las personas y quienes se han visto afectados “deben entender que es un proceso necesario para subsanar los inconvenientes que ha causado la minería durante años”.

Recalca que se levantan informes y se buscan alternativas junto al Comité Multidisciplinario, creado con el estado de excepción e integrado por los municipios, secretarías de Riesgos y del Agua, ministerios del Ambiente y de Minas y Arcom (Agencia de Regulación y Control Minero).

La secretaria de Riesgos, Alexandra Ocles, dice que Zaruma está asentada sobre una especie de queso gruyere. Y de eso está consciente un sablero, un empresario minero ilegal, otros legales y hasta autoridades de Arcom.

Centro de Zaruma. En 1993, las autoridades decretaron un área de exclusión de 70 hectáreas (ha); en el 2015 se extendió a 105 ha y en octubre de 2016, por el hundimiento en La Inmaculada, esta área subió a 170 ha. Comprende el casco central de Zaruma, ciudad Patrimonio Nacional. Allí no debía existir actividad minera. Pero se desarrollaba camuflada o avanzaba desde los costados.

El alcalde dice que desde el 2014 presentó informes a Arcom, que denunció en la Fiscalía; que comunicó al expresidente Rafael Correa.

Arcom tiene entre sus funciones el control de la minería ilegal y en el 2016, según su rendición de cuentas, manejó un presupuesto de US$ 6,6 millones.

David Vicuña, coordinador general de la entidad, señala que han ido levantando informes, pero acepta que no hay un detalle actualizado de topografía sobre las galerías que existirían bajo Zaruma.

Al indagarle sobre una supuesta falla en los controles, afirma: “En determinado momento no se ha podido hacer (controlar), es por un problema de seguridad de los técnicos. Es que los trabajos mineros ilegales se dan en formas antitécnicas. Lo primero que se prohibió es que no haya actividad en el casco urbano, para luego entrar a hacer una medición completa…”.

En años han hecho operativos, detenido a sableros y más acciones. “Pero se tornó supercomplicado el control porque los mineros ilegales son gente que estaba armada…”.

“No es solo cuestión de ampliar la zona de exclusión o prohibir, es cuestión de controlar”, dice Óscar Loor, gerente de Bira, una de las 44 concesionarias legales suspendidas. Bira tiene una concesión de 68 hectáreas y, según Loor, no están en el área de exclusión y ninguno de sus túneles se dirigen allá.