La nueva política, adoptada en respuesta a una huelga nacional de camioneros que se realizó en el país a fines de mayo en protesta contra los altos precios del diésel, fija precios mínimos para el traslado por carreteras brasileñas.

Sao Paulo. El operador de materias primas y procesador de alimentos Cargill Inc dijo este martes que una nueva política brasileña de transporte terrestre tendrá un enorme impacto en el comercio de granos, elevando los costos en el país, el mayor productor mundial de soja.

Paulo Sousa, jefe de Cargill para granos y procesamiento de alimentos en América Latina, advirtió que las nuevas normas afectarían las ventas futuras de granos y reducirían la eficiencia del transporte en Brasil.

La política, adoptada en respuesta a una huelga nacional de camioneros que se realizó en el país a fines de mayo en protesta contra los altos precios del diésel, fija precios mínimos para el traslado por carreteras brasileñas.

Operadores de granos y procesadoras de alimentos se han quejado de que las tasas son demasiado altas, lo que elevará los precios finales.

"Los exportadores tendrán que repensar la forma en la que operan en Brasil, dado que esto desbarata la forma en la que funciona la cadena de suministros y desequilibra los contratos, afectando la confianza en la expansión sostenible de los negocios agrícolas", declaró Sousa en un comunicado.

El ejecutivo afirmó que operadores y procesadores optarían por comprar granos con entrega en puertos o plantas, dejando el transporte en manos de productores o cooperativas agrícolas, en vez de los actuales contratos en los cuales adquieren granos en las granjas o en elevadores.

Sousa cree que los elevados precios mínimos por el transporte alentarán la informalidad en el sector de carga y llevarán a una integración vertical, porque las firmas podrán optar por comprar o ampliar sus flotas de camiones para controlar costos.

El Congreso aprobó la norma este mes y la envió al presidente Michel Temer para su promulgación. El Supremo Tribunal Federal está evaluando la legalidad de las tasas fijas, que ya han sido criticadas por el Consejo Administrativo de Defensa Económica (CADE) de Brasil, el organismo antimonopolios.