Son cuatro los ex presidentes involucrados en los sobornos del consorcio brasileño, que admitió ante la Justicia de EE.UU haber dado US$29 millones durante tres gobiernos del Perú.
Lima.- La influencia que tuvo Odebrecht en la alta esfera política de Perú muestra los graves niveles de corrupción que desde hace años sufre el país, donde además han existido otras irregularidades que incluyen a jueces, legisladores y funcionarios públicos.
Son cuatro los ex presidentes peruanos presuntamente involucrados en los sobornos del consorcio brasileño, que admitió ante la Justicia de Estados Unidos haber dado US$29 millones durante tres gobiernos de la nación andina.
Uno de los casos que trascendió mundialmente es el del ex mandatario Alan García (1985-1990 y 2006-2011), quien este miércoles se quitó la vida de un disparo en la cabeza cuando iba a ser detenido por la policía en el marco de la investigación iniciada en su contra.
Según la Fiscalía, Odebrecht habría entregado durante el segundo gobierno de Alan García unos US$8.000 millones para quedarse con el proyecto de ejecución de la Línea 1 del Metro de Lima.
En el marco de la investigación, Alan García solicitó en noviembre pasado asilo al gobierno de Uruguay, el cual fue rechazado.
El otro ex mandatario investigado por el caso es Pedro Pablo Kuczynski (2016-2018), para quien el Poder Judicial dictó este viernes 36 meses de prisión preventiva al señalarlo de incurrir en "lavado de activos con agravante de pertenencia a organización criminal".
Aunque el fundador del Partido Por el Kambio (PPK) no es relacionado con Odebrecht durante su interrumpida gestión presidencial, sí se le vincula durante su gestión ministerial bajo el gobierno del ex presidente Alejandro Toledo (2001-2006).
De acuerdo con un informe de la Unidad de Inteligencia Financiera de este país, compañías de Kuczynski habrían recibido más de tres millones de dólares por ofrecer consultorías sobre el proyecto Interoceánica Sur y el proyecto de irrigación e hidroenergético Olmos.
Kuczynski renunció el 21 de marzo de 2018 a la presidencia, luego de la difusión de un video que comprometió a su gobierno en el supuesto intento de compra de votos en el Congreso para evitar su destitución, en el marco de la investigación por el caso Odebrecht.
A la lista se suma el ex presidente Ollanta Humala, quien gobernó Perú de 2011 a 2016.
El ex mandatario y su esposa, Nadine Heredia, cumplieron una medida de prisión preventiva desde julio de 2017 hasta julio de 2018 por presunto lavado de dinero en detrimento del Estado y asociación ilícita para delinquir.
Las acusaciones se produjeron también en el marco de una investigación por el caso Odebrecht, que habría entregado a la pareja unos tres millones de dólares para financiar la campaña presidencial de 2011.
Tal señalamiento ha sido negado por Humala y Heredia, esta última vinculada por la Fiscalía en un supuesto trato a favor de Odebrecht en la licitación del proyecto Gasoducto Sur.
Otra de las investigaciones avanza contra el ex presidente Alejandro Toledo (2006-2011), quien supuestamente recibió una alta suma de dinero durante su gobierno por parte del consorcio brasileño.
Toledo, quien se encuentra en Estados Unidos en medio de una orden de captura nacional e internacional, niega la acusación y descarta ser un "fugitivo" de la Justicia peruana.
Por el caso Odebrecht se encuentra cumpliendo prisión preventiva de 36 meses la dirigente opositora Keiko Fujimori, cuyo partido Fuerza Popular, antes llamado "Fuerza 2011", habría recibido dinero de la constructora para financiar su campaña presidencial en 2011.
En diciembre pasado, Odebrecht y el Ministerio Público de Perú firmaron un acuerdo de cooperación que permitirá a los fiscales encargados del caso "Lava Jato", José Domingo Pérez y Rafael Vela, obtener nuevos datos que pueden comprometer a otros funcionarios y ex funcionarios del país andino.
Esa acción se produce como parte de los esfuerzos iniciados por la Justicia peruana para hacer frente a la corrupción desatada en los diferentes niveles, que, según admitió el presidente de Perú, Martín Vizcarra, se ha agarrado "con uñas y dientes" de las instituciones del Estado.
¿Qué factor pudo influir para que tantos funcionarios, incluso algunos ex presidentes, cayeran en los peligrosos tentáculos de Odebrecht?
Para el gerente general del privado Instituto Peruano de Economía (IPE), Diego Macera, la debilidad de Perú está en un "sistema (político) en el que la percepción es que sólo triunfas si aceptas plata (dinero) por aquí, si escondes la cuenta por allá".
"¿Qué estamos haciendo para fortalecer las elecciones internas de los partidos, para transparentar? No se trata de decir que nadie dé plata, porque entonces toda la plata que se quiera recaudar será negra", consideró Macera en declaraciones para un medio local.
Ante esto, el gerente general del IPE urgió al Congreso a tratar el problema de la corrupción, para no llegar a las elecciones presidenciales de 2021 "exactamente con el mismo problema, y posiblemente las mismas consecuencias" que enfrenta la nación sudamericana.
Por su parte, el ex procurador Antonio Maldonado dijo en entrevista con Radio Programas de Perú que es inherente "una construcción institucional que permita prevenir, investigar y sancionar rigurosamente todos los actos de corrupción".
En ese sentido, el gobierno de Vizcarra ha iniciado una serie de acciones que buscan hacer frente a la corrupción.
A finales del año pasado impulsó una serie de reformas en el Congreso, las cuales fueron aprobadas por la mayoría ciudadana en un referendo consultivo el 9 de diciembre de 2018.
Entre los proyectos más destacados, figuran la reforma del Consejo Nacional de la Magistratura, que se transformó en la Junta Nacional de Justicia, y el control de financiamiento privado a los partidos políticos.
