El viceministro de Minas y Energías, Emilio Buongermini, explicó que la entidad tuvo un contrato de explotación de dicho bloque durante cinco años y tres meses y que ese contrato quedó extinto en 2011 sin que la empresa haya instalado una sola máquina.

La empresa CDS SA tuvo un contrato de exploración en unas 800.000 hectáreas de terreno, en el bloque paraguayo Garrapatal, de Mariscal Estigarribia (Chaco), desde 2005 al 2010, cuando venció el contrato sin que se haya hecho una sola excavación. Ahora que el ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) hace una licitación del terreno, la firma recurre a la Justicia.

El viceministro de Minas y Energías, Emilio Buongermini, explicó que CDS (una empresa paraguayo-inglesa) tuvo un contrato de explotación del bloque mencionado durante cinco años y tres meses y que ese contrato quedó extinto en 2011 sin que la empresa haya instalado una sola máquina para hacer las exploraciones para las cuales se le benefició con un contrato de concesión. 

“El contrato se extinguió por incumplimiento, como reza expresamente la Ley de Hidrocarburos”, afirmó el viceministro.

Según explicó, dentro del plazo mencionado se le había beneficiado a CDS SA con una suspensión de casi dos años, con la promesa de que era inminente la perforación. Lo que jamás ocurrió.

Luego de que feneciera el plazo y luego de que el ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones recibiera ofertas de otras empresas interesadas en la concesión del mismo bloque, apareció Joseph Goldstein, quien se presentó como nuevo presidente de la compañía y recurrió la notificación del MOPC de la extinción del plazo ante el Tribunal de Cuentas.

En Derecho Administrativo el plazo para recurrir resoluciones es de 18 días hábiles a partir de la notificación. CDS lo hizo casi dos años después. Es decir, CDS recurrió a la Justicia para frenar la licitación dos años después de vencer los plazos legales.

Al respecto, el viceministro Buongermini explicó que la notificación del MOPC a CDS de la extinción del contrato fue un mero trámite, porque el mismo ya se hallaba extinto por el transcurso del tiempo, sin que se haya hecho el trabajo que se especificó en el contrato. 

“Simplemente finalizó el periodo de exploración al no hacerse el pozo que prometieron durante años. Entonces se les notificó la extinción. Pasó más de un año y apareció otra empresa interesada en hacerse cargo del trabajo y resulta que ellos (CDS SA) recurren la notificación”, dijo el viceministro.

La empresa a la cual el MOPC quiere entregarle la concesión del bloque es Riviera SA y el tratamiento de este contrato está pendiente de estudio desde hace tiempo en el Congreso.

Mal precedente. El viceministro añadió que no pudieron siquiera contactar con el supuesto presidente de CDS SA, Joseph Goldstein, debido a que el mismo no fijó domicilio en el país y el domicilio denunciado a los efectos del litigio judicial es el que corresponde a sus abogados. Añadió que el juicio sienta un nefasto precedente para las exploraciones que el MOPC desea impulsar en todo el territorio paraguayo.

“Imagínese que cada empresa cuyo contrato se extinguió ahora quiera invocar derechos, eso crea un clima de mucha inseguridad jurídica en un rubro que se pretende sacar adelante”, finalizó Boungermini.