La Entidad Promotora de Salud, Salud Cóndor S.A., se encontraba en proceso de liquidación, sin embargo, un juez de Cali sale al ruedo y decide que sea restituida a sus dueños.

El pronunciamiento del superintendente de Salud de Colombia, Gustavo Morales, en el sentido de no acatar la orden del juez segundo laboral del Circuito de Cali, que establecía devolver a sus propietarios la EPS Salud Cóndor S.A. (hoy en proceso de liquidación), tiene detrás una larga batalla jurídica. Una batalla que se ha repetido no sólo con esta entidad, sino con otras EPS que la Superintendencia también ha decidido intervenir o liquidar porque están en crisis o no tienen cómo garantizarles la atención a sus usuarios.

El ‘modus operandi’ ha sido el mismo: los dueños de la Entidad Promotora de Salud intervenidas acuden a jueces de todos los rincones del país para interponer acciones de tutela, exigiendo que la Superintendencia les devuelva el poder de sus empresas y argumentando, en la mayoría de los casos, “fallas en el debido proceso”. Si la justicia les da la razón -lo que ha sido reiterativo en el último año en casos como Salud Cóndor, Emdisalud y Selvasalud- la Superintendencia tiene que reintegrarles la EPS a sus dueños, aun sabiendo que se trata de empresas sin ninguna viabilidad y, lo más grave, sin capacidad para atender a sus afiliados.

En la mayoría de las ocasiones son sólo días los que faltan para que las EPS regresen a manos de sus propietarios originales, pues la Superintendencia, a través de otra acción judicial, logrará retomar el control. El problema es que a veces -aseguran fuentes cercanas a los procesos- esos pocos días son suficientes para que los dueños muevan en las EPS las fichas como quieran (contabilidad, informes, bases de datos) y se ha dado el caso, incluso, de que vacíen las cuentas y devuelvan a la empresa en ceros (como sucedió con Salud Colombia).

Esta vez fue la firma Cedit Ltda., accionista y contratista de Salud Cóndor (posee el 4% de las acciones), la que interpuso la acción de tutela fallada a su favor y notificada a la Superintendencia el pasado 11 de diciembre. La orden provenía del mismo juzgado que dos años atrás había emitido un fallo similar para el caso de la EPS Selvasalud, decisión que postergó la liquidación de esta empresa por más de dos años.

Fue entonces cuando el superintendente Morales salió a decir, vehemente, que no cumplirían la orden, pues se ponía en peligro la salud de sus casi 235 mil afiliados. Insistió en que no les devolvería Salud Cóndor a sus dueños, los mismos que tuvieron a la EPS “sometida a manejos inadecuados”. Manejos que se reflejan en las siguientes cifras: deudas por prestación de servicios de salud por $166.000 millones (más de US$90 mil) sin respaldo económico para ser canceladas, 4.358 tutelas sin resolver por negación en la prestación de servicios y 662 tutelas en desacato sin resolver por insuficiencia de recursos. Morales advirtió que asumiría las consecuencias de su decisión.

El 7 de abril de 2011 la Superintendencia de Salud ordenó la intervención administrativa de Salud Cóndor. En ese momento se dijo que la empresa no cumplía con su margen de solvencia, que no contaba con liquidez y, por lo tanto, no tenía cómo pagarle a la red prestadora de servicios de salud, lo que se traduce en que no podía prestar una atención “oportuna y de calidad” a sus usuarios.

Cinco meses después, tras una acción de tutela interpuesta por la gerente general de la EPS, Adriana María Cano, el juez 37 civil del Circuito de Bogotá (el mismo que también había ordenado la devolución de Saludcoop a sus propietarios), “amparando los derechos al debido proceso, defensa, igualdad y personalidad jurídica”, exigió que Salud Cóndor fuera restituida. Un mes y dos días después la Supersalud retomó el control.

Y la crisis continuaba. Estudios más exhaustivos llevaron a nuevos hallazgos, más preocupantes, más severos, que le dieron motivos a la Supersalud para tomar una decisión más drástica: pedir su liquidación.

En julio de 2012 se declaró la intervención forzosa administrativa para liquidar, decisión que estuvo detenida en dos ocasiones por jueces de Pasto. Nuevamente la Superintendencia salió vencedora. Y ahora es un juez de Cali el que se atraviesa en el proceso.

La batalla continúa en el Consejo Superior de la Judicatura y en la Fiscalía, entidades que por petición de la Superintendencia entrarán a investigar e indagar los posibles nexos del juez segundo laboral del Circuito de Cali con las EPS involucradas.