A tres días de que un tribunal internacional resolviera que Ecuador deberá pagar a la petrolera US$96M por retrasos judiciales, el portavoz de la empresa dijo que en el país sudamericano no existe un Estado de derecho independiente.

Quito. James Craig, portavoz de la petrolera estadounidense Chevron para América Latina, considera que en Ecuador ha habido, en los últimos siete años, un deterioro de la administración de justicia, que a su parecer se inició desde la destitución de jueces de la Corte Suprema en el 2004.

El representante de Chevron en un comunicado, tres días después de que un tribunal internacional (que conoce el caso desde el 2006 y es parte de la Corte Permanente de Arbitraje en La Haya) resolviera que Ecuador deberá pagar a la empresa US$96 millones por retrasos judiciales, dijo que en Ecuador actualmente no existe un estado de derecho independiente ya que está controlado por el Poder Ejecutivo, a cargo del presidente Rafael Correa.

Para sustentar su argumento citó una larga lista de hechos jurídicos que empiezan el 2004 cuando en el gobierno de Lucio Gutiérrez se destituye a jueces de la Corte. Tras la asunción de Correa en el poder, reforzó aún más el control sobre el poder judicial, según Craig.

En este sentido mencionó que el gobierno llamó a la creación de una Asamblea Constituyente, que no está prevista en la Constitución. Además refirió que en esa entidad se emitió un decreto en el cual se estableció que cualquier juez que tome una decisión contraria a las resoluciones de la Asamblea Constituyente será removido de su cargo y sometido a acusación penal.

Además comentó en su recopilación, cuyos datos están basados en hechos publicados en medios de comunicación, que Correa ha concentrado poder junto con su secretario jurídico, Alexis Mera.

En el comunicado también habla de la concentración de medios públicos que tiene ahora el gobierno, así como del juicio en contra el diario El Universo, la sentencia de US$40 millones y tres años de cárcel para sus directivos.

Luego del fallo internacional contra el Ecuador, el procurador del Estado, Diego García, advirtió que pedirá la nulidad.

Y “la defensa del Estado ecuatoriano agotará todos los recursos que estén a su alcance hasta obtener una decisión de última instancia, para que los laudos no perjudiquen los intereses ni el desarrollo del país, por la enorme carga financiera que podrían representar”.

Inicialmente, Chevron había solicitado un reconocimiento de US$1.605 millones. De ese rubro, US$364 millones correspondían a daños y US$1.240 millones a intereses.