La petrolera estadounidense recordó que un tribunal de La Haya obliga específicamente al Ecuador a tomar “todas las medidas necesarias” para prevenir la ejecución de la sentencia de Lago Agrio.
Chevron espera que Ecuador respete el segundo laudo provisional que ahora ha sido emitido. En el caso de que se niegue, Chevron estará preparada para proseguir con nuevas medidas para el cumplimiento de ese laudo.
Chevron también está lista para defenderse ante cualquier esfuerzo de los demandantes de Lago Agrio por iniciar acciones de cumplimiento, y para que los abogados de los demandantes rindan cuentas por su fraude.
Ecuador debería aprovechar esta oportunidad para demostrar que respeta el derecho internacional y para enfrentar el delito de los abogados estadounidenses de los demandantes que están perjudicando al pueblo del Ecuador y la reputación internacional del país.
Antecedentes. La Corte Provincial de Sucumbíos ha emitido ahora una orden indicando que busca desafiar el primer laudo provisional dictado por el tribunal convocado bajo la autoridad del Tratado de Inversiones Bilaterales (BIT, según sus siglas en inglés) entre Estados Unidos y Ecuador y administrado por la Corte Permanente de Arbitraje de La Haya.
La corte no hace referencia al segundo laudo provisional emitido por el tribunal el 16 de febrero de 2012. El segundo laudo obliga específicamente al Ecuador a tomar “todas las medidas necesarias” para prevenir la ejecución de la sentencia de Lago Agrio y ordena a las cortes ecuatorianas a no emitir certificados de ejecución con respecto a la sentencia fraudulenta.
Chevron no ha logrado que su caso sea escuchado por un juez imparcial en el Ecuador. Chevron ha comprobado, y los abogados de los demandantes nunca han intentado siquiera emitir ninguna prueba contraria, que la sentencia de Lago Agrio está basada en un informe pericial redactado por terceros y conseguido a través de sobornos adjudicados desde una cuenta bancaria secreta.
Chevron también ha demostrado que la misma sentencia de Lago Agrio fue redactada por los abogados de los demandantes en coautoría con otras personas –y no por el juez que la firmó.
En vista del fraude que se apoderó del litigio de Lago Agrio, y el dictamen de la semana pasada, por un tribunal de arbitraje internacional, impidiendo la ejecución, ninguna corte en el mundo que respete el estado de derecho reconocerá esta sentencia ilegítima. Cualquier intento de los abogados de la demanda por iniciar acciones de ejecución derivarían en nuevas acciones fraudulentas.
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