La crisis en Brasil añade nuevos riesgos importantes para la petrolera en el que podría ser un año de la verdad para su cartera de inversiones en América Latina.
George Buck, un estadounidenses delgado e imponente que dirige las operaciones de Chevron en Brasil, suele estar flanqueado por abogados en estos días.
Desde noviembre, cuando la segunda petrolera más grande de Estados Unidos vertió por lo menos 2.400 barriles de petróleo en las costas de Brasil, los abogados locales han ayudado a Buck a navegar el sistema legal, a veces secundados por traductores de portugués y asesores culturales.
El ingeniero de voz suave, que está en el país desde el 2009, tiene una buena razón para medir sus palabras.
Chevron está siendo demandada por más de US$11.000 millones por los fiscales brasileños, aunque el tamaño del derrame fue menos de un 0,1% del de BP en el Golfo de México en el 2010.
Las autoridades dicen que están preparando cargos penales contra Chevron, Buck y varios de sus colegas.
Deseoso de frenar las críticas de los reguladores, políticos y grupos ambientalistas, Buck dijo en noviembre pasado que su empresa "aceptaba toda la responsabilidad" por el incidente.
Pero el fiscal federal, Eduardo Santos de Oliveira, consideró las declaraciones como una admisión de culpabilidad.
Poco después, Oliveira canceló un interrogatorio programado a Buck y presentó la mayor demanda ambiental de la historia de Brasil contra Chevron.
"Ya no es necesario que llamarlo", dijo Oliveira en una entrevista a principios de este año.
Chevron también enfrenta multas de hasta US$121 millones y ha tenido su licencia de perforación suspendida en Brasil, donde ha gastado más de US$2.000 millones en el desarrollo del campo petrolero más grande que maneja en el extranjero.
La crisis en Brasil añade nuevos riesgos importantes para Chevron en el que podría ser un año de la verdad para su cartera de inversiones en América Latina.
La empresa enfrenta actualmente una sentencia en Ecuador que la obliga a pagar US$18.000 millones por daño ambiental, derivado de décadas de contaminación con hidrocarburos en la región de la Amazonía de Texaco, empresa a la que Chevron adquirió en el 2001.
Su presencia en Venezuela, en donde Chevron se quedó después de que las grandes petroleras estadounidenses Exxon Mobil y ConocoPhillips partieron en el 2007 tras una serie de nacionalizaciones, es también inestable.
El jefe de exploración y producción de Chevron en América Latina y África, Ali Moshiri, es reconocido como un "amigo cercano" del presidente de Venezuela, Hugo Chávez.
Pero el trato especial de la empresa podría no durar. Chávez, que busca su reelección en los comicios de octubre, fue recientemente operado de una nueva lesión cancerosa en la zona pélvica.
La nacionalización de recursos naturales, el endurecimiento de la normativa ambiental y las decisiones judiciales han enrarecido el que alguna vez fuera un ambiente amigable de inversión para las petroleras estadounidenses en Latinoamérica.
"Otras grandes petroleras se han retirado", dijo el analista petrolero de Oppenheimer en Nueva York, Fadel Gheit.
Chevron "se ha quedado atascado y una serie de contratiempos han hecho que las cosas se pongan difíciles", expresó.
A pesar de todo, la compañía sigue adelante con su más reciente proyecto en Brasil, el campo petrolero costa afuera de 140.000 barriles por día Papa Terra, liderado por la petrolera estatal Petrobras, cuyas operaciones comenzarían el próximo año.
En el centro de la controversia está Buck, de 46 años y con 23 años en Chevron, cuya carrera incluye trabajos en campos estadounidenses de Alaska y Texas. El ejecutivo se negó a ser entrevistado.
La situación de Buck en Brasil ha sido desafiante para él, según fuentes cercanas a la compañía. Durante un incómodo momento, en noviembre, se disculpó por el derrame de Brasil en el Congreso en un titubeante portugués.
Los derrames del pasado en Brasil, entre ellos varios más grandes, no han derivado en cargos criminales contra la petrolera estatal Petrobras o sus ejecutivos, declaró la petrolera brasileña.
Buck y su familia viven en un vecindario en la playa de Ipanema, en Rio de Janeiro, donde el caso de Chevron ha provocado malestar entre la comunidad de extranjeros que han llegado Brasil atraídos por el auge petrolero.
Más de una decena de ejecutivos extranjeros podría enfrentar cargos criminales.
"Las mujeres y los niños están muy nerviosos", dijo la esposa de un ejecutivo de una compañía europea de energía.
"Muchos están tratando de adaptarse a una vida nueva y extraña. Algunos están ahora tratando de explicar por qué el padre podría ir a la cárcel", sentenció.
