La minera canadiense acordó un memorando de entendimiento con 15 comunidades del valle del Huasco que le permitiría a la empresa eventualmente reanudar el proyecto aurífero, que actualmente se encuentra paralizado.
Lorenzo Soto, abogado que representó a las 15 comunidades diaguitas del valle de Huasco en Chile que llegaron a un acuerdo con la minera canadiense Barrick Gold que podría reanudar el proyecto Pascua Lama, destacó el hecho.
El acuerdo es un memorando de entendimiento con las comunidades y según el profesional no es una negociación, sino que será una herramienta que permitirá a los diaguitas a revisar los detalles del proyecto.
“Los indígenas del norte de Chile van a poder tener por primera vez el control de una actividad minera y escanearla, revisarla completamente, para recién después de aquello iniciar, tal vez, un proceso de diálogo que eventualmente podría terminar con un acuerdo o un arreglo definitivo para la materialización del proyecto”, declaró el abogado a radio Bío Bío.
Sin embargo cuestionó a la empresa, a la que calificó como “la peor minera que ha conocido la historia de Chile por su comportamiento y sus estándares”. Es por eso que valoró que los diaguitas tomen “el control del destino de su propio territorio y de su propia identidad, de su propia cultura y de la cuenca que ellos sienten que les pertenece ancestralmente”.
Barros: Acuerdo puede ser "un modelo para américa Latina"
Otro profesional que se refirió al hecho en la misma emisora fue el abogado y antropólogo Alonso Barros, quien explicó que el memorando es de carácter técnico y que éste no significa que se renuncie a acciones judiciales futuras.
“El proceso puede culminar en un convenio que sea un ejemplo y un modelo para América Latina tanto en su elaboración como en su contenido, o puede que lo peor que ocurra es que no haya acuerdo y las cosas sigan como están, y que se sigan en términos de conflicto”, dijo Barros.
Añadió que “si después se llega a un royalty indígena, sería derechamente una revolución en el sistema nacional”.
Barros sostuvo que, a pesar de este acuerdo, el Estado es quien tendrá la última palabra respecto al proyecto aurífero.
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