Estas son las primeras acciones judiciales que presenta la Fiscalía Nacional Económica fundadas, entre otros antecedentes, en pruebas obtenidas a propósito del uso autorizado de medidas de interceptación telefónica.

La Fiscalía Nacional Económica (FNE) de Chile, en el marco de una investigación del mercado del transporte público,  dio inicio simultáneo a dos procesos judiciales ante el Tribunal de la Libre Competencia, por haber constatado la existencia de acuerdos entre competidores con el objeto de impedir el ingreso de nuevos actores y de fijar tarifas a público y frecuencias en determinadas rutas del país.

En el primer requerimiento la FNE acusa a Servicios Pullman Bus Costa Central S.A (Pullman Bus), Empresa de Transportes Rurales Limitada (Tur Bus), Sociedad Transportes  y Turismo Norte y Compañía Limitada (Romani) y Transportes Cometa S.A. por haberse coludido para acaparar oficinas en los terminales de Valparaíso, Coquimbo, La Serena y Carlos Oviedo Cavada de Antofagasta, obstaculizando el ingreso de nuevos actores a dichas rutas.

La Fiscalía solicitó al TDLC ordene el cese inmediato de dichas prácticas anticompetitivas y se modifique o ponga término a los actos, contratos, convenios, sistemas o acuerdos que les permiten utilizar oficinas en los Terminales objeto del requerimiento que no sean necesarias para la venta de boletos o el envío de carga.

La FNE solicitó, además que, el TDLC sancione a los responsables con las siguientes multas:

a).- Empresa de Transportes Rurales Limitada (Tur Bus): 20.000 Unidades Tributarias Anuales.

b).- Transportes Cometa S.A.: 12.500 Unidades Tributarias Anuales.

c).- Servicios Pullman Bus Costa Central S.A. (Pullman): 7.500 Unidades Tributarias Anuales.

d).- Sociedad Transportes  y Turismo Norte y Compañía Limitada (Romani): 2.000 Unidades Tributarias Anuales.

Finalmente, la FNE solicitó una medida cautelar consistente en obligar a las requeridas que informen a la FNE, con a lo menos 60 días de anticipación, sobre su intención de arrendar, adquirir o utilizar de cualquier otro modo alguna boletería, oficina, local u otro similar en los terminales de buses de Valparaíso, La Serena, Coquimbo y Carlos Oviedo Cavada de Antofagasta, distintas de las que actualmente se encuentran utilizando.

El segundo requerimiento se refiere a la existencia de un acuerdo de tarifas y de frecuencias en la ruta Santiago-Curacaví, donde prestan servicios Alejandro Antonio Cabello Reyes (Ruta Vía Curacaví), Servicios Pullman Bus Costa Central S.A. (Pullman) y Atevil Mecánica Diesel S.A (Atevil). Cabe destacar que esta última empresa se acogió al beneficio de la delación compensada.

La FNE solicitó al TDLC el cese de las conductas y multas que ascienden a 5.000 Unidades Tributarias Anuales para Servicios Pullman Bus Costa Central S.A y 2.000 Unidades Tributarias Anuales para Alejandro Cabello Reyes (Ruta Vía Curacaví).

Estas son las primeras acciones judiciales que presenta la FNE fundadas, entre otros antecedentes, en prueba obtenida a propósito del uso autorizado de medidas de interceptación telefónica, incorporada con la última modificación al DL 211, permitiendo a la FNE cumplir con su compromiso de combatir los carteles, en directo beneficio del mercado y de los consumidores.

Para esta Fiscalía los hechos expuestos en ambos requerimientos son de la mayor gravedad, ya que las requeridas a través de su actuar conjunto han afectado un mercado de reconocida connotación e impacto social, como es el mercado interurbano terrestre de pasajeros.