El escenario sobre los tres puntos que trabaron la negociación en la mina controlada por BHP Billiton será diferente cuando ambas partes se vuelvan a ver las caras el próximo año, debido a la entrada de una reforma laboral impulsada por la presidenta socialista Michelle Bachelet.
La inédita decisión de los trabajadores de la mina Escondida en Chile de extender su contrato para garantizar beneficios puso fin a una histórica huelga, pero expertos temen que enturbie el clima laboral en el mayor yacimiento mundial de cobre, además de impactar el desempeño de la compañía en el corto plazo.
El escenario sobre los tres puntos que trabaron la negociación en la mina controlada por BHP Billiton será diferente cuando ambas partes se vuelvan a ver las caras el próximo año, debido a la entrada de una reforma laboral impulsada por la presidenta socialista Michelle Bachelet.
Los trabajadores decidieron posponer la polémica discusión para garantizar sus beneficios, ya que la nueva norma que entra en vigor en abril contempla que el último contrato será la base para la discusión del siguiente.
Lo que no cambiaría es la agria relación entre la empresa y los 2.500 operarios sindicalizados luego del desgaste de 43 días de paralización, tras los que los trabajadores se fueron sin el habitual apetecible bono de término de conflicto.
"Aquí no se trataba de dinero, se trataba de dignidad", dijo a Reuters Carlos Allendes, portavoz del gremio, que espera discutir a mediados de este año un acuerdo sobre sus jornadas laborales, lo que amenaza con volver a caldear los ánimos.
Fuentes cercanas a la firma dijeron que el desenlace fue una "desilusión" para los ejecutivos, que deberán enfrentar una nueva negociación el próximo año, bajo una presión mayor.
"La huelga envenenó el pozo entre la compañía y el sindicato", comentó Juan Carlos Guajardo, jefe de la consultora Plusmining.
La decisión frustró la intención de Escondida de recortar sus costos laborales, con lo que avizora un "escenario complejo" y anunció que tendría que ajustar su plan operativo para dar viabilidad al negocio minero en el yacimiento.
El sindicato rechazó lo que ve como amenazas de despidos y dijo que "si la empresa quiere perder otros US$1.000 millones, nosotros estamos dispuestos a dar la pelea".
La huelga retrasó la ampliación de una planta concentradora y la culminación de una segunda planta desalinizadora, esperados por la minera para reforzar su producción en medio del declive natural en las leyes minerales del depósito.
"Después de este proceso, cabe preguntarse entonces quién ha resultado beneficiado con esta extensa huelga", dijo Diego Hernández, jefe de la patronal Sociedad Nacional de Minería (Sonami).
