El caso dejó al descubierto la incompatibilidad entre los negocios y el mundo político. Los imputados arriesgan penas de 541 días hasta 5 años de presidio, los que podrían aumentar debido a que algunos delitos son reiterados.

Santiago. Un juez chileno ordenó este sábado la detención preventiva de los dueños del grupo financiero Penta, en el inicio de una investigación formal por los delitos de fraude tributario y sobornos, en medio de un escándalo de aportes ilegales de dinero a campañas electorales.

La formalización de cargos y detención de los empresarios Carlos Délano y Carlos Lavín, en línea con lo solicitado por la fiscalía, es un duro golpe para los dueños del Banco Penta, compañías de seguros y el conglomerado de salud privado Banmédica.

"Respecto de los imputados Délano y Lavín, se estima que la libertad de los imputados resulta peligrosa para la seguridad de la sociedad", dijo el juez Juan Escobar durante su resolución.

En las audiencias, que despertaron gran expectación de los medios locales en los últimos días, la fiscalía ya había asegurado que la detención preventiva de Délano y Lavín se justificaba porque son "un peligro para la sociedad", mientras que uno de los imputados respondió que no eran "mafiosos".

El juez Escobar dictó medidas cautelares de prisión preventiva contra otros cuatro imputados, además de dos arrestos domiciliarios y firmas semanales ante la policía para otros dos imputados, en un caso que dejó al descubierto la incompatibilidad entre los negocios y el mundo político.

Entre los imputados con prisión preventiva también figuró Pablo Wagner, un ex subsecretario de minería del gobierno de Sebastián Piñera, por los delitos de cohecho y lavado de activos por supuestos sobornos de los controladores de Penta para agilizar proyectos y cargos en el ámbito minero.

Los imputados arriesgan en sus condenas penas de cárcel de 541 días hasta los 5 años de presidio, pero algunos de los delitos, al ser reiterados, aumentarían sus años.

El procesamiento y las medidas cautelares surgieron de otra investigación tributaria a un grupo de empresas y funcionarios del Servicio de Impuestos Internos -que también fueron procesados en esta causa-, luego de denuncias anónimas en que se solicitó la investigación de estos ilícitos.

Fue en ese marco que una unidad de la fiscalía y la policía constataron la participación de miembros de Penta, por lo que comenzó una investigación más profunda, en que se descubrió un mal uso de boletas de honorarios, que incluía hasta la emisión de documentos de las esposas de los controladores del grupo.

Sin embargo, a medida que avanzó la investigación preliminar de la fiscalía se descubrieron otros graves delitos tributarios de manera reiterada desde al menos el 2008 hasta el año pasado, que incluían bonos a ejecutivos del mismo grupo Penta, pérdidas artificiales e irregulares devoluciones de impuestos.

En una de las audiencias, el fiscal Carlos Gajardo llegó a afirmar que el grupo Penta se convirtió "en una máquina para defraudar al fisco (...) una cultura de la evasión (tributaria)".

Los dineros de las boletas financiaron campañas de políticos, principalmente del partido opositor conservador UDI, quienes actualmente se desempeñan en el Congreso, y de ex precandidatos presidenciales.

La fiscalía descubrió que varios políticos emitieron boletas a sociedades de los dueños de Penta por servicios que no habrían prestado para obtener millonarios recursos para financiar campañas.

Entre los políticos que recibieron dineros por un total cercano al millón de dólares figuran diputados y senadores, además de los ex precandidatos Laurence Golborne y Andrés Velasco, quien ha asegurado que recibió recursos por servicios prestados a los dueños de Penta.

También aparece una fundación del actual ministro de Obras Públicas, Alberto Undurraga, que obtuvo una pequeña suma de dinero por un estudio solicitado por los controladores del grupo financiero.

Uno de los fiscales no descartó que más adelante pueda haber cargos contra algunos de los parlamentarios involucrados y ex candidatos presidenciales, en lo que sería otra arista del caso, como también la participación de otras empresas, entre las que figura la minera y productora de fertilizantes SQM.