"No lo limitaría al tema judicial (...) Lo que puede retrasar proyectos es la incertidumbre en el ámbito regulatorio", dijo el vicepresidente ejecutivo, Daniel Fernández.

Santiago. El megaproyecto energético chileno Hidroaysén podría sufrir demoras por modificaciones en las regulaciones medioambientales chilenas y la incertidumbre sobre un plan del gobierno para construir una línea pública de transmisión eléctrica, dijo este martes su vicepresidente ejecutivo.

El proyecto de 2.750 megavatios ha sorteado en tribunales la férrea oposición de grupos ambientalistas, que denuncian que su construcción afectaría el ecosistema y golpearía el turismo, lo que ha ralentizado el proceso de aprobación para las cinco centrales previstas en la lluviosa patagonia chilena.

"No lo limitaría al tema judicial (...) Lo que puede retrasar proyectos es la incertidumbre en el ámbito regulatorio, una indefinición de la carretera (línea transmisión eléctrica) pública o en el tema de la regulación ambiental", dijo a Reuters el vicepresidente ejecutivo, Daniel Fernández.

El gobierno del presidente Sebastián Piñera anunció que construirá una línea para transportar la electricidad que generen diversos proyectos a lo largo del país.

Fernández dijo que HidroAysén, de Endesa Chile -filial de Enersis- y Colbún, necesita definiciones sobre la red estatal para diseñar el tendido de la suya, cuyo estudio ambiental espera entregar a fines del 2012, un año después de lo estimado.

Fernández dijo que el retraso del proyecto, considerado clave para la matriz energética del país por algunos sectores, también fue motivado por consultas ciudadanas que realizó la compañía.

Originalmente, la empresa proyectaba transmitir en corriente contínua por más de 2.000 kilómetros hasta la capital chilena.

"El gobierno no ha anunciado exactamente en qué consiste esa carretera, cuál es su trazado (...) en qué plazo va a estar funcionando. Para nosotros es hasta ahora un factor de incertidumbre", dijo el ejecutivo en el Foro de Reuters sobre inversión en América Latina.

La empresa ha dicho que no avanzará en la construcción del complejo energético hasta que no reciba luz verde para su vía de transmisión.

De contar con la vía estatal, el trazado se reduciría a menos de 900 kilómetros.

Posibles socios. Pese a que declinó actualizar la cifra original de inversión de US$3.200 millones estimada para la construcción de las centrales, Fernández explicó que ha habido ajustes al alza.

"Esos costos han subido a partir de los estudios de ingeniería y también a partir de las obligaciones ambientales que se impusieron en la calificación (ambiental)", dijo.

Fuentes de la industria calculan que la inversión necesaria para la construcción de las centrales estaría actualmente en torno a los US$4.500 millones y en una cifra similar para la línea de transmisión.

De cumplirse los plazos para la aprobación ambiental de la línea de transmisión, la aplicación de los ajustes regulatorios y la toma de decisiones de infraestructura pública, los inversionistas estarían en condiciones en el 2014 de decidir la viabilidad económica del proyecto.

"Si consideran que las condiciones de incertidumbre son muy grandes se podría no invertir (...) Este es un proyecto grande que necesita ciertas condiciones mínimas de estabilidad", apuntó.

Pese a la intensa polémica suscitada en torno al proyecto, el ejecutivo explicó que hay empresas que siguen interesadas en desarrollar la línea de transmisión, como el gigante chino State Grid y la colombiana ISA, con las que se han conversado opciones de desarrollo futuro.

"Es razonable pensar que en el futuro va a haber algún socio que pueda tomar la línea y eso será un proceso que ocurrirá una vez que los accionistas tengan aprobado ambientalmente el proyecto", explicó.

Estrechez energética v/s presiones. Ante una palpable estrechez energética, Chile -mayor productor mundial de cobre- está implantando un plan para mejorar sus redes eléctricas y así poder atender el crecimiento de la demanda como producto de su desarrollo económico.

Hasta el 2020, el sistema necesita integrar 8.000 megavatios adicionales, desde los 17.000 megavatios actuales, para atender el apetito de vitales sectores como el minero.

Sobre crecientes demandas judiciales contra proyectos energéticos y mineros, Fernández las consideró justas cuando parten de personas que sienten vulnerados sus derechos, pero no que lo usen asociaciones con intereses particulares.

"Más que hablar de judicialización, que es legítimo, es el uso de la justicia como una herramienta simplemente para retrasar y detener proyectos", destacó.

La industria energética y minera del país ha visto un aumento en las demandas judiciales contra sus proyectos.

La termoeléctrica Castilla, de la brasileña MPX Energía, espera que la Corte Suprema resuelva sobre su construcción, mientras a la hidroeléctrica Energía Austral -de Origin Energy y Xstrata- tendrá que hacer nuevos estudios antes de poder obtener la aprobación ambiental.

El ejecutivo consideró que hace falta que la población tenga mayor información sobre las crecientes necesidades de energía del país para sostener su crecimiento económico y sopesar las diversas opciones que tiene para conseguir esa energía.

Incluso dijo que ante la falta de proyectos, hacia el 2017 se hará más palpable el déficit eléctrico.

"No se va a cortar la luz. Lo que va a pasar es que van a subir los precios considerablemente, más aún siendo ya los más caros de Latinoamérica", opinó.

"Se van a incorporar centrales diésel para resolver el tema a corto plazo con costos altísimos para la gente y finalmente van a entrar más plantas de carbón o gas natural", agregó.

Las cinco centrales de HidroAysén estarán ubicadas en la lluviosa y poco habitada Patagonia, para aprovechar la fuerza de los ríos Baker y Pascua, los más caudalosos del país.

El inicio de operación de la primera central de HidroAysén está previsto para finales del 2019 y todo el complejo estaría listo en el 2025, según los estudios.