Ex gerente general de la firma, Nicolás Ramírez (en la foto), y el ex gerente de Finanzas, Santiago Grange, deberán recluirse en sus viviendas entre las 22 y 06 horas. La decisión del tribunal se consideró una mala señal para el resto de los imputados, para quienes se pide la prisión preventiva.

Con arresto domiciliario nocturno y arraigo quedaron dos de los cinco ex ejecutivos de La Polar que este miércoles comenzaron a ser formalizados por el escándalo de las repactaciones unilaterales que afectaron a miles de clientes.

La decisión del tribunal se consideró una mala señal para el resto de los imputados, para quienes se pide la prisión preventiva.

La medida cautelar fue adoptada por la titular del 2º Juzgado de Garantía de la capital, María Orozco, y afecta al ex gerente general de la firma, Nicolás Ramírez, y al ex gerente de Finanzas, Santiago Grange, quienes deberán recluirse en sus domicilios entre las 22 y 06 horas. Esta disposición deberá ser supervisada por Carabineros.

La magistrada anunció que este jueves podría pronunciarse sobre la solicitud de prisión preventiva para el ex presidente de La Polar y ex gerente general, Pablo Alcalde; el ex gerente de Productos Financieros, Julián Moreno, y la ex gerente de Administración, María Isabel Farah.

En todo caso, esta decisión podría retrasarse para el viernes.

Para resolver las prisiones preventivas aún falta que aleguen los abogados de los ex ejecutivos y los abogados que representan a los más de 300 querellantes en el caso.

Este miércoles, la Fiscalía Centro Norte alcanzó a exponer los antecedentes sobre el principal delito que se les imputa a los cinco ex ejecutivos, el de lavado de dinero.

El fiscal José Morales justificó la solicitud de prisión preventiva para Alcalde, Moreno y Farah, por considerar que constituyen "un peligro para la sociedad".

Afirmó que cerca de un millón de clientes y miles de pequeños, medianos y grandes inversionistas, como las AFPs, resultaron perjudicadas por los delitos de los ex ejecutivos.

Morales también argumentó que los imputados entregaron información falsa al mercado, a través de sus memorias, estados de resultados y comunicados de prensa, que no demostraban la realidad financiera de la compañía. Todo esto, según el fiscal, derivó en el deterioro de las acciones que cayeron en un 80% aproximadamente.

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