Expertos advierten de la ilegalidad en que estarían cerca de 40 proyectos ambientales que fueron revisados y recientemente aprobados mediante la antigua institucionalidad ambiental, la que dejó de existir en el país en octubre pasado.

Santiago. El cambio de la institucionalidad ambiental en Chile podría traer más de un dolor de cabeza para el gobierno de Sebastián Piñera.

Debido a que el 1 de octubre de 2010 partió una nueva era que implica la creación del ministerio del Medio Ambiente, la Superintendencia del Medio Ambiente y el Servicio de Evaluación Ambiental, a juicio de los especialistas existen cerca de 40 proyectos que podrían ser objetados, ya que fueron aprobados bajo la anterior modalidad, en momentos en que en Chile rige una nueva dinámica para la presentación, tramitación -apelación si corresponde- y aprobación de proyectos económicos con un impacto ambiental.

Un desaguisado que además pone en tela de juicio la labor de la titular de la cartera medioambiental, María Ignacia Benítez, razón por la cual revisten especial inquietud los siguientes proyectos:

-Puerto Castilla, de OMX , firma ligada al millonario brasileño Eike Batista: con una inversión de US$300 millones, y aprobado por la Corema de Atacama en diciembre pasado.

-Proyecto hidroeléctrico Achibueno de Hidroeléctrica Centinela: inversión de US$285 millones, y aprobado por la Corema del Maule.

-Complejo Asistencial Sur, del Servicio de Salud Metropolitano Sur: con una inversión de US$448 millones, y aprobado por la Conama Región Metropolitana.

-Ampliación y mejoramiento de las minas Los Colorados, de Compañía Minera del Pacífico, filial de CAP: con una inversión de US$169 millones.

-Exploración Minera Proyecto Catanave: con una inversión de US$0,9500 millones y aprobado por la Corema de Arica y Parinacota.

-Central Hidroeléctrica Los Hierros: con una inversión de US$50 millones y aprobado por Corema del Maule.

Se trata entonces de cerca de US$1.200 millones que bien podrían ser objetados en tribunales, tal como lo ratificó el fiscal ambiental (líder de la ONG Fiscalía del Medio Ambiente, FIMA), Fernando Dougnac, a AméricaEconomía.com.

Para el jurista no hay que olvidar que "estamos en un ámbito del derecho público que en definitiva establece que las autoridades pueden acceder a aquello que estén autorizados", pero advierte que aquí se trata de que éstas ya no están "investidas de esas facultades", sin embargo, igual fallaron al respecto.

"Aquí la Conama y la Corema desparecieron el 1 octubre de 2010, y fueron reemplazadas por el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA), entonces, mal pueden dictar determinaciones", dijo.

Más claro, afirmó que “la interpretación del SEA, que convocó a Coremas más allá de su extinción, es ilegal e inconstitucional y, por ello, las decisiones que éstas tomaron en 40 proyectos son nulas; (para que fuera legal la decisión) la ley debería decir explícitamente que las Coremas pueden seguir actuando mientras haya procesos pendientes del sistema antiguo”.

Dougnac recordó que este ámbito difiere, por ejemplo, de lo que ocurre en el sistema judicial chileno, donde los juzgados del crimen siguen tramitando procesos que eran de una data anterior a la reforma procesal penal, esto debido a que existe una disposición transitoria que los faculta para actuar de este modo, la que en este caso no existe.

El abogado reconoció que recientemente un informe de la Contraloría General de la República de Chile tomó nota de estos hechos y estableció que efectivamente correspondía al organismo vigente revisar, verificar, y en definitiva, aprobar los proyectos ambientales. Sin embargo, la entidad advierte que pueden existir autorizaciones efectuadas por organismos anteriores, por lo que en este caso había que entenderlas como actuaciones de "buena fe".

Para el jurista esta explicación resulta un "absurdo", pues un organismo fiscalizador no puede realizar tal juicio valórico para evaluar trámites administrativos de impacto económico y ambiental.

La primera piedra en el zapato. El primer dolor de cabeza para el Ministerio del Medio Ambiente de Chile, liderado por María Ignacia Benítez, podría venir de parte del Movimiento Defensa Río Achibueno, organización ciudadana que ya ha hecho público su repudio a la actuación de las entidades que dieron luz verde al homónimo proyecto hidroeléctrico, afirmando taxativamente que se trata de una aprobación fuera del marco legal.

El vocero del movimiento, Eduardo Andrés Retamal, indicó este sábado al diario www.elamaule.cl que "nos parece que el presidente nacional de la fiscalía ambiental ha sido categórico al respecto, por lo cual, lo menos que debe hacer el intendente regional, Rodrigo Galilea, como responsable principal del la Corema, en su condición de presidente de la misma, es renunciar a su cargo, dado que él actuó fuera de la ley y de manera inconstitucional. 

"Galilea siempre se había mostrado sospechosamente muy cercano a las centrales, y ahora que se ha confirmado su ineficiente actuar, por dignidad debería renunciar; creemos que el intendente del Maule se pone en contra de toda la comunidad y los representantes que fueron democráticamente elegidos por la gente, como lo son el alcalde, concejales, parlamentarios y todas las organizaciones sociales y sindicales que rechazan el proyecto, por lo cual, debe irse”, agregó.

A su vez, la gobernadora de Linares, María Eugenia Hormazábal, declaró en contra del proyecto visado este mes, señalando que "este es un lugar que tenemos que darlo a conocer a todo Chile y el mundo entero, y creo que este proyecto se podría llevar a cabo en otro lugar”.

Por ahora la agrupación recopila los antecedentes para ir a tribunales a impugnar esta determinación.

El mismo fiscal ambiental dijo estar dispuesto a iniciar acciones judiciales para impugnar no sólo el proyecto Achibueno, sino que la totalidad de las iniciativas que fueron tramitadas de manera irregular, esto en la medida en que las comunidades afectadas se pronuncien.

Otro caso similar se vive en el proyecto Puerto Central Castilla, aprobado en diciembre pasado, donde se cuestiona no sólo la participación de la Corema, sino que además la medición del impacto ambiental de la iniciativa.

La empresa encargada de las obras es OMX Operaciones Marítimas, filial del Grupo EBX de Brasil, firma ligada al empresario Eike Batista, una iniciativa que se dice que podría aportar más de 100 puestos de trabajo directos, y que durante la construcción -que demorará 24 meses- llegaría a un peak de contratación de 900 personas, para lo cual la empresa ya ha anunciado que privilegiará la mano de obra local.

La firma también pretende construir en la zona el proyecto termoeléctrico Central Castilla, que tendría una capacidad de 2.354 MW e involucraría una inversión de US$4.400 millones. Este proyecto sigue en evaluación, aunque su tramitación se mantiene en el sistema antiguo, manteniéndose así la lógica duda sobre su legalidad.